El legislador del MPF Pablo Villegas solicitó por nota a la presidencia de la comisión de seguridad que se cite al nuevo secretario Javier Eposto, para dar explicaciones sobre las compras secretas en la gestión de Ezequiel Murray, que involucran “24 millones de pesos”, dijo. Consideró que ya transcurrió un tiempo prudencial y aseguró que todavía no lograron tener acceso a los expedientes. Recurrirán a la justicia, de no haber respuesta en el corto plazo.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas informó ayer por Radio Provincia sobre el pedido por escrito que realizó a las autoridades de la comisión de seguridad de la Legislatura, para que se cite a Javier Eposto con el fin de dar explicaciones sobre las compras secretas por 24 millones de pesos realizadas durante la gestión de Ezequiel Murray.
Recordó que hay una denuncia penal -radicada por el ex legislador Horacio Miranda- que “tramita en el juzgado de instrucción Nro. 2, a cargo de la Dra. Barrionuevo, no tramita en Río Grande, y se está investigando la posible comisión de un hecho delictivo. Nosotros creemos que el cambio de autoridades significó reconocer que teníamos razón, porque nadie cambia un funcionario cuando anda bien o ejerce su función de acuerdo a la idoneidad que se requiere, y no fue el caso de Murray”, sostuvo.
“Ante el cambio de autoridades, dije públicamente que iba a esperar un tiempo prudencial para que el nuevo Secretario de Seguridad nos ponga a disposición la documentación”, indicó, considerando que ese tiempo ya ha transcurrido.
“Estoy requiriendo por nota en el ámbito legislativo que se constituya la comisión de seguridad, porque hasta el día de hoy no la hemos podido constituir, a los efectos de que sea citado el nuevo Secretario y nos dé explicaciones de este tema y de otras cuestiones que se están ventilando. Si no, tendremos que recurrir a la actuación del Poder Judicial para poder acceder a estos expedientes”, adelantó.
“He leído y escuchado al secretario Eposto hablar de que está muy esperanzado en alguna resolución del Tribunal de Cuentas al respecto, para salvar la honorabilidad del personal de la Secretaría de Seguridad, según dijo. Sinceramente me gustaría dejar en claro que acá nadie atacó la honorabilidad de ningún empleado administrativo de la Secretaría de Seguridad, sino que en todo caso se puso al desnudo la falta de idoneidad y capacidad política que ha tenido un sinnúmero de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, que confundieron gastos confidenciales con gastos reservados o contrataciones secretas. Sinceramente me llama la atención que se tenga esa esperanza en la opinión de un órgano de contralor, cuando a través del cuerpo de auditores ese órgano de contralor ya se había expedido a respecto”, sostuvo.
“Si hay una nueva opinión del Tribunal de Cuentas, espero que no intervenga el ex Secretario de Hacienda de la provincia, que hoy lo integra. Imagino que se va a excusar porque serían un despropósito que como miembro actual del tribunal opinara sobre un tema tan importante como este”, señaló en alusión al contador Diego Martín Pascuas, que asumió en diciembre pasado.
“Uno hace el esfuerzo por conocer la situación y se encuentra con un sinnúmero de artilugios políticos y legales que nos impiden primero contar con los expedientes y, segundo, poder comunicar a la gente qué se ha hecho con más de 24 millones de pesos. En tercer lugar, se impide algo básico, que es hacer el ejercicio efectivo del control de los actos de gobierno, que es una tarea elemental que por Constitución le corresponde a cualquier legislador de la oposición. Todo esto se nos ha visto impedido, no por falta de acción política nuestra, sino por distintos dimes y diretes que han planteado las autoridades del gobierno de la provincia”, criticó.
“No estamos quietos, hemos pedido que se conforme la comisión de seguridad y, de no ser posible en el corto plazo, veremos si se acciona judicialmente”, advirtió Villegas.
IPES: una “intervención arbitraria”
Por otra parte, informó sobre su participación en la reunión abierta convocada la semana pasada por el consejo directivo del IPES, “que está integrado por distintos claustros, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Estuvo el rector, la vicerrectora y una cantidad importante de estudiantes. Para mí fue una reunión sumamente positiva porque pude tener contacto directo con cada una de las autoridades legítimas del IPES Florentino Ameghino, que de manera ilegal ha sido intervenido por el Ministerio de Educación”, expresó el legislador.
“Como miembro de la comisión de educación he requerido a su presidente, la legisladora Andrea Freites, que se convoque a las autoridades del Ministerio de Educación y a las autoridades del IPES, para que se pueda debatir esta problemática que es seria y representa un avasallamiento sin sentido a la institución.
Uno no termina de sorprenderse de algunas acciones del gobierno de la provincia. Por un lado la gobernadora, en la inauguración del período de sesiones ordinarias, dijo que uno de los objetivos de su gobierno era aspirar a una mejor calidad educativa; y de la noche a la mañana viene con esta intervención arbitraria e ilegítima, por una resolución del Ministerio de Educación, que va a contramano de esa pretendida calidad educativa”, aseveró.
“Se han utilizado como punta de lanza supuestas irregularidades administrativas e intempestivamente se suspendió a las autoridades sin darles posibilidad de derecho de defensa y sin puntualizar en esa resolución 677/2018 cuáles son las pruebas específicas que existen para dar lugar a un acto administrativo, viciado de ilegalidad manifiesta como es la intervención. Si queremos mejorar la calidad educativa de nuestros docentes y garantizar el acceso a la educación pública, no se puede atacar al IPES y sus autoridades sino todo lo contrario. Necesitamos potenciarlo y respetar esa tradición histórica de hace más de veinte años, que ha sido avasallada de parte del Ministerio de Educación”, reiteró.
“Se habla de supuestas irregularidades, se estigmatiza a los docentes, se deja de lado la construcción democrática de una institución que es un ejemplo para todos. Hay un trabajo silencioso de muchos docentes durante muchos años, que han aportado a formar nuevos docentes, a capacitarse y direccionar determinada cantidad de horas de su trabajo a la investigación docente. El gobierno nos quiere vender que todos los docentes tienen que estar al frente del aula y que las horas cátedra tienen que estar abocadas exclusivamente a esto, ya sea ciclo inicial, secundario, primario e institutos de educación superior como el IPES. El docente que es formador de formadores, además de estar al frente del aula necesita horas institucionales para capacitarse, investigar y elevar la calidad educativa. Si no, es un objetivo de nunca alcanzar”, analizó Villegas.
Además marcó “contradicciones” en la resolución 677/2018, “porque por un lado inicia sumario administrativo y separa a las autoridades del ejercicio de sus cargos por supuestas irregularidades, y en otro punto de la misma resolución dice que se debe conformar un grupo de auditores que tendrá por misión verificar el estado de situación de los docentes y demás. Hicieron todo al revés, y ahí queda en claro el objetivo del gobierno, que es intervenir el instituto. Si necesitan conformar un grupo de auditores para determinar si existen irregularidades o no, ¿cómo se puede suspender en sus funciones al consejo directivo? Uno no le encuentra razón a esta decisión”, sostuvo.
Según Villegas, la legisladora Freites estaría dispuesta a convocar a las autoridades del Ministerio de Educación y, “cuando los tengamos en la comisión haremos las preguntas del caso. Independientemente de eso, estoy trabajando en un proyecto de ley vinculado con esta situación del IPES. Antes de hacerlo público lo voy a conversar con mis pares de bloque. Uno pretende que esta situación arbitraria no se mantenga en el tiempo porque está afectando a todos de manera directa o indirecta en el corto, mediano y largo plazo, y para eso voy a utilizar todas las herramientas institucionales a mi alcance. Toda la provincia debe conocer lo que está sucediendo y hay que buscar una solución a este grave problema institucional que fue inventado por el gobierno, sin sentido”, concluyó.
