El abogado Enzo Silva Zajaczkowski aseguró que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Tierra del Fuego refleja un crecimiento sostenido desde la pandemia y vinculó el fenómeno con la crisis económica, la pérdida de empleo y el aumento de la conflictividad familiar. Explicó que actualmente hay 112 personas inscriptas en toda la provincia, detalló las severas restricciones que enfrentan quienes incumplen con la cuota alimentaria y sostuvo que, aunque la legislación vigente brinda herramientas importantes, aún requiere ajustes para responder a una realidad social cada vez más compleja. Además, remarcó que los procesos judiciales suelen extenderse durante aproximadamente dos años y que la mayoría de los incumplidores son hombres, aunque también existen casos de mujeres.
Río Grande.- El crecimiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en Tierra del Fuego se transformó en uno de los indicadores que mejor refleja el impacto que la crisis económica y la conflictividad familiar vienen teniendo sobre las obligaciones alimentarias. Así lo sostuvo el abogado Enzo Silva Zajaczkowski, quien explicó que desde la pandemia el número de personas inscriptas aumentó de manera significativa, alcanzando actualmente los 112 deudores en toda la provincia.
Durante una entrevista concedida a FM Aire Libre, el profesional aseguró que el incremento comenzó a evidenciarse a partir de 2020 y se profundizó con el deterioro de la situación laboral que atraviesan tanto la provincia como el país.
“Yo creo que, en el último tiempo, luego de la pandemia y con el tema de la situación actual en materia de despidos y demás, ha crecido exponencialmente. Actualmente se encuentran inscriptas 112 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia y esto ha significado un crecimiento muy exponencial desde el 2020, cuando el número era por debajo de las 100 personas”, señaló.
Para Silva Zajaczkowski, el escenario económico explica buena parte del incremento, aunque aclaró que “también existen numerosos casos en los que los incumplimientos se justifican mediante distintas excusas presentadas por quienes deben afrontar la cuota alimentaria, siendo que las excusas más frecuentes son que no tengo trabajo, que no puedo llegar a cumplir o que veo a mi hijo o a mi hija”, explicó.
No obstante, recordó que quienes reclaman alimentos deben iniciar cuanto antes el “procedimiento correspondiente para evitar perder tiempo en el reconocimiento judicial de ese derecho”, dijo, al tiempo que agregó que “siempre les decimos a las personas que nos consultan que los alimentos se deben desde el momento en que se reclaman. No son retroactivos, por eso, es muy importante implementar el reclamo mediante una carta documento, una mediación o directamente a través de la Justicia para que empiece a correr la obligación alimentaria”, remarcó.
La crisis económica, uno de los principales factores
Consultado acerca de cuánto influye la situación económica en el crecimiento del registro, el abogado sostuvo que existe una relación directa entre el aumento del desempleo y las dificultades para cumplir con las obligaciones alimentarias.
“Claramente la situación laboral que atraviesa la provincia y el país ha ayudado de manera negativa justamente a que las personas obligadas a soportar la cuota alimentaria se vean imposibilitadas de cumplir”, afirmó.
Sin embargo, explicó que “esa situación no elimina automáticamente la obligación legal, sino que genera posteriormente largos procesos de ejecución judicial cuando el incumplimiento persiste”.
Las sanciones para quienes integran el Registro
Silva Zajaczkowski también describió las consecuencias que afrontan quienes son incorporados al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Aclaró que “la inscripción únicamente puede producirse mediante una orden judicial y que, una vez concretada, aparecen diversas restricciones administrativas y legales”.
En este contexto, sostuvo que “tenemos desde la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que solamente es por orden judicial. Esto acarrea la imposibilidad para ejercer cargos públicos, ocupar cargos superiores, integrar entes autárquicos, ser magistrado, obtener créditos o cuentas corrientes del Banco Provincia de Tierra del Fuego, además de impedir ser contratista o proveedor del Estado, entre otras cuestiones”, detalló.
Además, explicó que “en los últimos años comenzaron a utilizarse nuevas herramientas judiciales destinadas a presionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.
“Las estrategias han evolucionado. Hoy pueden solicitarse medidas como la prohibición de salida del país, la prohibición de asistir a una cancha de fútbol, impedir la renovación del carné de conducir y otras restricciones que buscan afectar directamente al incumplidor para que regularice su situación”, sostuvo.
Un proceso judicial extenso
El abogado explicó que el ingreso al registro no ocurre automáticamente, sino que “forma parte de un procedimiento judicial compuesto por distintas etapas, la incorporación al registro es paulatina, hay varios pasos, uno lo solicita a la Justicia, puede ser por pedido del abogado o por decisión del juez de oficio, recién allí se libra un oficio y la persona queda incorporada al registro”, indicó.
Según explicó, la inscripción posee además un “fuerte componente social, además de todas las consecuencias legales, también es una consecuencia meramente moral, es figurar públicamente en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, señaló.
Dos años para llegar a una ejecución
Silva Zajaczkowski advirtió que los procesos suelen ser largos debido a las distintas instancias judiciales previstas por la legislación.
“Un proceso alimentario es un proceso largo, primero el juez determina la cuota alimentaria y, si después no se cumple, recién se inicia la ejecución de esa sentencia, todo eso lleva tiempo”, explicó.
Consultado específicamente sobre la duración promedio, respondió que “puede durar aproximadamente dos años”.
Familias con mayor conflictividad
Durante la entrevista también analizó el contexto social que atraviesan actualmente las familias.
En ese sentido sostuvo que “la conflictividad aumentó considerablemente en los últimos años, la familia es muy dinámica, las relaciones familiares siempre cambian y en el último tiempo hemos visto una escala en la conflictividad y muchos problemas para cubrir las necesidades básicas de los menores”, expresó.
A pesar de ello consideró que “el marco normativo vigente continúa siendo una herramienta adecuada para abordar estas situaciones, las leyes acompañan, si bien por ahí falta ajustar ciertas cuestiones o ir más de la mano de lo que va evolucionando la sociedad, creemos que sí brindan herramientas importantes”, afirmó.
La mayoría son hombres, pero también hay mujeres
Respecto del perfil de quienes integran el registro provincial, Silva Zajaczkowski explicó que predominan ampliamente los “hombres”, aunque aclaró que también “existen mujeres alcanzadas por estas medidas, sí, hay mujeres que incumplen también, pero en una menor cantidad”, indicó.
Asimismo, explicó que “cuando una persona pierde su empleo y deja de percibir ingresos formales, suele comenzar un incumplimiento sistemático de la obligación alimentaria, aunque aclaró que la responsabilidad principal siempre corresponde al progenitor o la progenitora obligada judicialmente”.
Por lo cual, “primero siempre hay que demostrar ante la Justicia que el principal obligado no puede cumplir con la cuota alimentaria y recién después puede avanzarse sobre otra persona obligada”, explicó.
Finalmente, insistió en que el crecimiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos constituye un reflejo de una problemática social que combina crisis económica, dificultades laborales y una creciente conflictividad familiar, escenario que exige respuestas judiciales ágiles para garantizar el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes.
