El referente de la Multisectorial de Río Grande destacó el apoyo recibido de parte del intendente Gustavo Melella y los concejales de Río Grande, y ahora iniciarán una campaña en la capital fueguina para sumar adhesiones. Se apunta a la sanción de un proyecto de ley que evite los cortes de los servicios de luz y gas a los vecinos que no pueden pagar las tarifas, y además que se fije una tarifa social. Moisés Solorza recordó la vigencia de la ley de emergencia energética en la provincia y sostuvo que no sólo debe servir para agilizar las compras de manera directa, sino tomar en cuenta la necesidad de la gente. Aseguró que, además de familias que no tienen recursos para pagar, hay electrodependientes y esta situación no está siendo contemplada cuando se ordenan los cortes y retiros de medidores.
Río Grande.- El integrante de la Multisectorial 21F Moisés Solorza expuso por FM del Sur detalles del proyecto que se elevará a la Legislatura para declarar la emergencia tarifaria social en la provincia. “Nosotros hicimos un trabajo interesante con respecto a la situación que vive Tierra del Fuego en materia energética, y vimos que la provincia a través de la ley 1182 ya había declarado la emergencia energética, pero de los cinco artículos de la ley sólo utiliza el cuarto, que son las contrataciones directas. El espíritu pleno de la ley no contempla al vecino común y creemos que le falta esta sensibilidad de parte del estado, porque una emergencia no es para tener a mano una caja flexible”, señaló.
También mencionó que se está incumpliendo con fallos judiciales, como el dictado por el juez Ramos Padilla, “que envió un exhorto a todo el país y en particular a ENARGAS, para que las empresas se abstengan de retirar los medidores de gas. Esto no se ha cumplido y el gobierno de la provincia no acciona a través del área de Hidrocarburos para que el ENARGAS haga cumplir ese fallo”, dijo.
“Están retirando medidores a las dos o tres de la mañana, con temperaturas bajo cero, y la cantidad es escandalosa. La gente se ha despertado por el frío a las cuatro o cinco de la mañana. Este contexto tenemos que tener en cuenta para ver el fondo de esta medida que vamos a pedir a la Legislatura”, subrayó.
“A esto debemos sumarle un creciente aumento de la desocupación y la escalada de tarifas absolutamente impagables que sufren muchos vecinos de la ciudad, con índices alarmantes dados por el INDEC, donde dice que en Tierra del Fuego tenemos mucha gente por debajo de la pobreza y de la indigencia. Lo único que pensamos es tratar de ayudar al vecino que no puede afrontar la tarifa eléctrica o de gas”, aseguró.
“Existen algunas alternativas, como los planes que tiene el gobierno de la provincia de asistencia para el caso del gas envasado, pero eso es insuficiente. Buscamos una transversalidad para todos los vecinos que pasan por una situación apremiante porque, aunque tengan el gas en la puerta de su casa, necesitan de este apoyo porque, si han quedado desempleados, si en la vivienda hay algún electrodependiente y el estado retira el medidor de luz y de gas, lo único que hace es poner en mayor grado de vulnerabilidad a esas familias, aunque tengan todos los servicios”, remarcó.
Se le preguntó si el personal enviado por las empresas para cortar el servicio ha verificado casos de electrodependientes antes de retirar el medidor. “Nosotros le hemos pedido información tanto a Camuzzi como a Gas del Sur sobre el grado de morosidad y retiro de medidores, también a la Cooperativa Eléctrica para que nos diga cuántos vecinos tienen retirado su medidor y cuántas familias hay electrodependientes. También le hemos preguntado a la Cooperativa cuántos vecinos tienen luz de obra, por la que pagan tarifas escandalosas, hemos preguntado al ENARGAS e incluso he ido personalmente, pero deja mucho que desear, porque defiende más a las empresas que al usuario común. Hemos hablado con absolutamente todos y las respuestas son inexistentes”, lamentó.
Ahora espera que estos pedidos se canalicen a través del Concejo Deliberante, para tener una respuesta formal, y ya desde la Cooperativa se informó sobre 200 casos de retiro de medidores de luz, en tanto se estiman unos 189 para el caso del gas, de acuerdo a datos que aportó ayer la concejal Miriam “Lali” Mora.
“Evidentemente desde el gobierno de la provincia no se ha enviado ningún tipo de registro a la Cooperativa Eléctrica, porque indiscriminadamente retiran los medidores, con prácticas abusivas en muchos casos. Nosotros estamos convencidos de que la situación debe resolverse de manera integral en todos los servicios públicos, por eso presentamos una propuesta, teniendo en cuenta que somos la segunda provincia productora de gas del país y no podemos tener la inmoralidad de retirar el medidor de gas por falta de pago a algún vecino”, planteó.
“Hay un caso concreto que nos ayudó a avanzar en este proyecto porque, por ejemplo, las familias de Audivic hoy podrían acogerse a una tarifa diferencial. Son dos mil pesos de luz más dos mil quinientos pesos de gas lo que se paga, y a una familia que ya está sin trabajo les van a sacar los servicios básicos para seguir viviendo. Además tenemos una cantidad enorme de vecinos electrodependientes. El trabajador que va a retirar un medidor de luz o de gas, no sabe lo que sucede puertas adentro de ese domicilio y no tiene por qué saberlo, pero el estado debe hacerle entender a quienes los mandan a retirar medidores a las dos o tres de la mañana, que adentro puede haber una situación de riesgo fuera de control, y que podemos lamentar alguna víctima si hay algún electrodependiente, que necesita atención urgente. Hay muchas familias que tienen la caldera como único elemento de calefacción y radiadores de agua, y no pueden estar sin calefacción en un lugar tan inhóspito como Tierra del Fuego”, subrayó.
“Por eso pensamos en una tarifa integral y contemplarlo como un derecho básico universal. También proponemos distintas herramientas, porque no es que pedimos únicamente. Proponemos herramientas para que el estado no se desfinancie y sea acompañado por las petroleras y distribuidoras de Tierra del Fuego. La emergencia energética que declaró la provincia no es solamente para tener una caja flexible y gastar en luminarias led o lo que ellos determinen, sino para todos los habitantes de la provincia”, reiteró.
“Yo me pregunto cuál es el acompañamiento de las empresas petroleras en Tierra del Fuego y qué aportan, más allá de la tarifa dolarizada que pagamos cada uno de los vecinos, cuando hay una emergencia. Debe haber un concepto de responsabilidad social”, reclamó el dirigente.
“La provincia hace un pasamanos de 714 millones de pesos para las distribuidoras de gas envasado, y tenemos que traer gas desde Neuquén porque no hay disponibilidad en Tierra del Fuego, pero ¿cómo acompaña al vecino en situación de emergencia? Las empresas deben acompañar con una tarifa social eléctrica para casos de vulnerabilidad. La Cooperativa, en su espíritu cooperativista, debería crear un área social que atienda a todos los vecinos, para que no tengan que andar pidiendo limosnas a los concejos deliberantes y los municipios para que no les corten el servicio. El ámbito natural que debe resolver esto es la Dirección Provincial de Energía, que tiene herramientas para hacerlo”, expresó.
Solorza afirmó que “este proyecto es absolutamente viable y justo para que los derechos no sigan siendo vulnerados en Tierra del Fuego. Por más que las familias hagan sus instalaciones y que el estado los esté ayudando, la verdad es que el negocio lo va a seguir haciendo Camuzzi, que sigue cobrando el servicio en dólares. Desde la Multisectorial de Río Grande nos parece que debemos construir una sociedad más justa, con mayor cantidad de derechos, principalmente en estos momentos complicados con el trabajo, con la inflación y con la falta de sensibilidad del gobierno nacional. El gobierno provincial debe pedir volúmenes sociales a las petroleras para que el estado se ahorre esos 714 millones de pesos que pone anualmente en garrafas sociales. Existe una tarifa diferencial para madres solteras, para abuelos que cobran jubilaciones mínimas, y también con las tarifas se ataca al bolsillo de los trabajadores, porque tener que reconectar un servicio también dilapida el salario, cuando el que se quedó sin trabajo no tiene 20 ó 30 mil pesos para pagar una reconexión”.
Finalmente valoró el apoyo recibido en Río Grande por parte de la población en general y adelantó una campaña en Ushuaia, “para que los vecinos se apropien de este proyecto y que demos un mensaje claro a los legisladores, porque no podemos vivir sin gas y sin electricidad en Tierra del Fuego”.
“Tenemos el acompañamiento del intendente Melella y de los concejales, que nos están llamando, hay legisladores que quieren interiorizarse del proyecto. Esta es una gran oportunidad para los legisladores de velar por los derechos humanos de los vecinos”, concluyó.
