El presidente del instituto, Gustavo Vázquez, informó sobre la investigación interna realizada tras estallar el escándalo con las viviendas de ATE, para descartar cualquier participación de funcionarios o empleados del organismo. Ya prestó declaración a la justicia y fueron aportados todos los nombres de postulantes que fue presentando el gremio y fueron rechazados por no cumplir con los requisitos. Consideró que los damnificados son más de los que figuran en la causa hasta ahora, pero presume que no todos van a comparecer porque han sido partícipes del delito.
Río Grande.- El presidente del IPV Gustavo Vázquez dialogó con Radio Fueguina sobre el escándalo con la estafa en la operatoria conjunta con ATE, y dio a conocer que el organismo fue aceptado como querellante y ya prestó declaración ante la justicia, con aporte de documentación.
“Desde el instituto llevamos adelante los procesos legales correctos y, de hecho, las personas que se intentó ingresar en su momento por fuera de la reglamentación, fueron observadas por el IPV”, dijo.
Agregó que “se hicieron investigaciones internas para ver si había personal de gabinete, contratados o de planta permanente que tuviesen que ver con esto, y no fue así, porque los controles del Instituto funcionaron correctamente. De hecho, nos presentamos en la causa como querellantes particulares, y la querella se aceptó, porque esto verdaderamente afecta la credibilidad, los mecanismos y el funcionamiento del IPV”.
“Nosotros hemos sido afectados, por eso desde la primera instancia de esta investigación nos presentamos a declarar, tanto la directora general del área social, que es por donde mayormente se trataba el expediente. Como presidente del IPV yo fui a declarar y aporté toda la documentación y el conocimiento que teníamos sobre esto. Inclusive la semana pasada aportamos también una nueva damnificada que vino a hacer un reclamo al IPV por la supuesta defraudación que a ella le habían hecho. Desde el IPV estamos tranquilos porque se cumplió con la normativa y no tenemos ningún empleado ni funcionario implicado en la causa”, aseveró.
Se le consultó si les llamó la atención el intento de incorporar beneficiarios que no fueran afiliados al gremio. “No es que llamó la atención, sino que simplemente cuando presentaban el listado con la gente que ellos postulaban, en el IPV se verificaban los requisitos legales y, cuando no los cumplían, se les informaba que se daban de baja y se les pedía que presenten otro postulante”, explicó del procedimiento que se había seguido.
“Cuando fuimos a declarar aportamos quiénes fueron todas estas personas que fueron presentadas y que, después de la verificación del instituto, no pudieron entrar en el proceso por no cumplir con los requisitos”, reveló, con lo que habría una forma de puntear la dimensión de la estafa realizada.
“En esta operatoria se llevó adelante el procedimiento normal. Se había hecho un convenio especial con ATE, que postulaba a la gente, y el IPV verificaba los requisitos, entre ellos está no tener viviendas en otro lugar del país, estar inscriptos en el IPV, no superar dos salarios mínimos vital y móvil, y ser afiliados al gremio. Cuando no cumplían los requisitos, se daba de baja a esas personas. Había algunas personas que habían abonado y les habían asegurado la vivienda pero, cuando vinieron al IPV, se les informó que habían sido dados de baja por no cumplir con los requisitos. Yo recuerdo dos casos en los que no eran afiliados de ATE”, precisó.
Para el funcionario puede haber más damnificados, “pero hay que tener en cuenta que en algunos casos esto se hacía con conocimiento y nadie se va a presentar a la justicia si estaba cometiendo un delito, para decir que se lo cometieron a él”, barajó, para el caso de que se hubiera pagado una coima para ser incluido.
Reiteró que “el IPV obró totalmente bajo la normativa y, si bien estas operaciones se pueden seguir haciendo, ante este antecedente nosotros en vez de mirar con dos ojos, miraremos con cuatro”, advirtió sobre el procedimiento a llevar en adelante.
También Vázquez recordó que la operatoria no inicia con la gestión Bertone sino con la gestión Ríos, en 2011: “El arquitecto Cárdenas estuvo al frente del IPV antes que yo y fue el primer presidente en la gestión de Bertone, pero este programa de ATE ya venía desde 2011. De hecho, las casas estaban terminadas hace dos años, pero estaban proyectadas para funcionar con gas en zeppelin. Eso es muy caro y, como la red de gas pasaba cerca, la gobernadora pidió que no se entregaran casas sin servicio, así que se demoró la entrega hasta tanto se terminara la infraestructura. Ya se pudieron entregar con todos los servicios, pero la operación veía desde 2011”, reiteró.
El rol del instituto en esta causa no está cerrado todavía, porque “a medida que se presenta gente o tomamos conocimiento de algún damnificado, vamos a la justicia y nos ponemos a disposición del juzgado”, apuntó Vázquez.
Aumento de morosos
Por otra parte, en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, el funcionario pidió a los adjudicatarios que no están en condiciones de pagar la cuota que se acerquen a las oficinas.
“Esta convocatoria tiene que ver con atender cada caso particular por la situación económica tan difícil que tiene el país. Cuando entré a la gestión recibía entre 20 y 30 notas de pedidos de ayuda y hoy recibo 70. Ha aumentado muchísimo la necesidad de la gente y, antes de que se generen deudas que después son muy difíciles de solventar, con la falta de trabajo que hay, estamos solicitando que se acerquen para atender cada caso en particular y poder dar una solución”, dijo.
“En estas últimas semanas la cantidad de mora por el recupero ha aumentado y la prioridad es ayudar a la gente. Hoy no tenemos números exactos de la baja en el recupero, y esos fondos deberían servir para hacer más viviendas, pero hoy no alcanza para generar más viviendas y cubrir la necesidad que tiene la provincia. Ayuda al gasto corriente y para generar obras, pero uno no puede funcionar tranquilamente con el recupero solamente”, sostuvo.
Estimó que actualmente una cuota de adjudicaciones recientes ronda “entre los 10 mil y 15 mil pesos. En este sector hay atrasos y hay muchos pedidos para que reduzcamos las cuotas. Nosotros lo hacemos porque estamos facultados para ello, atendemos cada caso en particular, interviene el área social que hace la visita correspondiente y, si verificamos la necesidad, se hacen planes a medida. La ley nos faculta a llevar adelante estas acciones”, dijo.
“Nosotros tenemos reuniones con los directores todos los lunes y esta situación se viene planteando en todos estos encuentros. Con el área legal planteamos que en vano es iniciar un juicio y pagar una tasa de justicia si la persona no puede pagar una cuota de 10 mil pesos. Los abogados se están comunicando personalmente con los adjudicatarios, se los invita a que vengan al instituto a exponer su situación y se hacen reducciones o se da un plazo de espera, que son herramientas que tenemos para llevar adelante. Podemos achicar la cuota o ampliar el plazo”, planteó.
Consultado sobre la deuda de Nación, dijo que “la mora en los envíos de fondos nacionales se ha profundizado y el retraso es de hasta 90 días, incluso hay retrasos de noviembre del año pasado en algunas obras. Hoy estamos arriba de los 400 millones de deuda”, sostuvo.
“Lo que se recibe por goteo semanalmente son los fondos del FONAVI y eso ha mejorado un poco, pero sigue la demora en los planes nacionales. El goteo entra semanalmente y son entre 5 y 8 millones de pesos, pero los fondos por programas llegan atrasadísimos y, con la inflación que hay tenemos que salir a cubrir esos pagos. Al 31 de agosto hemos recibido 44 millones y se puede hacer muy poco con eso”, expresó, por lo cual se apeló al nuevo menú de obras aprobado por la Legislatura y financiado con los fondos de la colocación de bonos.
“El lunes estuvimos reunidos con el ministro de economía y el de obras públicas, también con el presidente de la DPOSS, con quienes desarrollamos la obra pública. Analizamos la situación para ver cómo llevamos adelante las obras que tenemos en marcha y las que están programadas en el nuevo paquete. Queremos acelerar los mecanismos internos y con el Tribunal de Cuentas, para lograr bajar los tiempos, porque hoy el tiempo vale oro. Ante esta incertidumbre que hay es muy difícil llevar adelante una proyección. Nosotros habíamos empezado a trabajar con distintas asociaciones, con la caja de jubilaciones de la policía, con asociaciones intermedias, con el movimiento de ocupantes e inquilinos. Estábamos trabajando para desarrollar proyectos, pero hoy no tenemos el financiamiento y estamos viendo cómo podemos avanzar en esta situación”, expuso.
“Tenemos que esperar esta semana a ver qué se resuelve en las reuniones que se van a mantener en nación, con el paquete que el ministro de economía de nación va a presentar al FMI. Vamos a ver cómo nos afecta todo eso. La realidad es que el financiamiento nacional no está y la única fuente de financiamiento para obras ha sido la ley para encarar nuevas obras con financiamiento de los bonos. En esta nueva ley el IPV tenía 280 millones para mejoramiento de los barrios Chacra II y Chacra IV, y gran parte del trabajo era el revestimiento de chapa como se hizo en el barrio de las 600 viviendas, pero hoy no tenemos precio. Tenemos más de 25 obras en marcha, con distinta cantidad de viviendas. Tenemos entregas programadas de viviendas para septiembre, octubre y noviembre y no vamos a parar las obras en marcha. Es el mandato de la gobernadora y tenemos que buscar todos los medios necesarios para que las obras se puedan terminar, una vez que se levante la veda”, concluyó.
