Referentes de la comunidad selk’nam “Rafaela Ishton” aseguraron que no fueron informados sobre la restitución de los restos de 33 ancestros, que estaban bajo la tutela de la UNICEN. Manifestaron en un comunicado que “la Comunidad Rafaela Ishton no fue consultada, sino que sólo fue notificada de las exhumaciones. Tampoco se nos informó jamás acerca de cómo se realizaron los traslados hacia Buenos Aires ni en qué condiciones, al igual que su regreso”.
Río Grande.- Un comunicado que firman Rubén Maldonado y Vanina Ojeda Maldonado advierte que “La comunidad Rafaela Ishton pone en conocimiento de la población que no recibió ninguna información oficial del Gobierno de Tierra del Fuego, del Instituto Nacional Indígena ni de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires acerca de la supuesta restitución de los restos de 33 hombres, mujeres y niños de nuestro pueblo que fueron desenterrados del cementerio de la Misión La Candelaria para ser objeto de una investigación científica y que debían ser restituidos en 2017”.
Recuerdan que “Los restos fueron exhumados del cementerio de La Candelaria entre 2007 y 2013 y llevados a Quequén para ser estudiados por un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional del Centro, con el único consentimiento del Gobierno de Tierra del Fuego y su retorno supuestamente se ha concretado, sin nuestra aprobación ni conocimiento, del mismo modo en que se los llevaron oportunamente”.
Luego señalan que “A pesar de que la ley 25.517 establece que “para realizarse todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso consentimiento de las comunidades interesadas”, la Comunidad Rafaela Ishton no fue consultada, sino que sólo fue notificada de las exhumaciones. Tampoco se nos informó jamás acerca de cómo se realizaron los traslados hacia Buenos Aires ni en qué condiciones, al igual que su regreso”.
Mencionan que “Tanto el gobierno provincial como la Universidad Nacional del Centro y el CONICET han ignorado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por Ley N° 24.071, garantiza la amplia participación de las comunidades indígenas en todos los asuntos de su interés. Tanto para el traslado de los restos hacia Buenos Aires como para su regreso a la provincia, deberían haber notificado fehacientemente a la comunidad y de todo ello, no hay ninguna constancia”.
“Tampoco hemos recibido ninguna notificación acerca de la restitución de parte del INAI que según el Decreto 701 es el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la Ley N° 25.517”, dicen los firmantes del comunicado.
Del mismo modo, indican que no fueron “notificados oficialmente de la restitución por parte de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, que fuera depositaria de los restos de nuestros antepasados desde que fueron trasladados a Quequén y que por imperio de la ley 25.517 tenían la obligación de “tratarlos con el respeto y la consideración que se brinda a todos los cadáveres humanos””.
Advierten que “Lejos de dar a la situación el trato respetuoso que correspondía, el antropólogo Ricardo Guichón, responsable de la misión científica que se llevó los restos a Quequén con la aprobación del Gobierno provincial, informó a tres integrantes de la comunidad de manera informal a través de un mensaje de whatsapp, que el viernes los restos reclamados fueron entregados al gobierno y depositados en el Museo del Fin del Mundo”.
“Tanto el Dr. Ricardo Guichón como la Directora de Pueblos Originarios Verónica Peralta, como el Secretario de Cultura Gonzalo Zamora, nos habían asegurado que la devolución se haría en forma respetuosa. Sin embargo, como ha sucedido a lo largo de los últimos cuatro años, esta Comunidad ha sido ignorada y su nombre ha sido utilizado por personas ajenas a ella, con el fin de acceder a cargos en el Consejo Nacional Indígena y con otros fines espurios”, denuncian quienes firman el escrito.
Manifestando más adelante que “La Comunidad Rafaela Ishton expresa su más enérgico repudio por el accionar de todas las instituciones públicas intervinientes por el modo en que fueron llevados y devueltos los restos de nuestros hermanos y reclama que hasta tanto no se aclare debidamente esta situación y se acuerde con todos los miembros de la comunidad el modo en que se realizará la restitución, se evite avanzar en cualquier acto de devolución que implique un uso político del tema especialmente en estos días de transición de gobierno”.
En otro tramo de la nota expresan: “Recordamos a las autoridades y al Pueblo de Tierra del Fuego que la Comunidad Rafaela Ishton pertenece al pueblo selk’nam y de ninguna manera representa al pueblo Haush ni a ningún otro pueblo originario, los cuales deben darse su propia organización y gobierno a través de los instrumentos legales que les otorga la República Argentina”.
Finalmente dicen “La comunidad Rafaela Ishton adjunta además una copia de las actas donde figuran nuestras actuales autoridades y recuerda que el Pueblo selk’nam tiene 77 años de trayectoria inobjetable y además de haber sido el primer Pueblo Originario de la República Argentina con personería jurídica propia y el primero en recuperar sus tierras y obtener los títulos de propiedad; a lo largo de los últimos 40 años, integrantes de nuestro Consejo de Ancianos ha impulsado la mayoría de las leyes nacionales que protegen a los pueblos nativos y ha colaborado en la organización de muchas otras comunidades originarias, a lo largo y a lo ancho de todo el país, siendo reconocida internacionalmente por estas conquistas”.
