El ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, explicó la decisión de dar de baja más de cinco mil planes sociales, tras detectar que los beneficiarios tenían trabajo, habían fallecido o no estaban en la provincia. El funcionario asumió en diciembre, se encontró con más de 16 mil planes y en febrero decidió iniciar el cruce de datos con ANSES y otros sistemas nacionales. Los programas tienen una validez de seis meses y, luego de ese período, cada caso se debe reevaluar, pero la tarea no se hizo y se estima que se destinaron alrededor de 24 millones de pesos mensuales a personas que no lo necesitaban. Multiplicado por los doce meses del año el monto del dispendio de fondos públicos llega casi a los 300 millones y hasta ahora no se habla de responsabilidades. Con la depuración inicial del REDSOL aumentará la asignación a los que quedan, y se está continuando con una tarea similar con el resto de las ayudas, tanto el programa Cuidemos la Mesa Fueguina, donde hay más de 3.500 beneficiarios que no corresponderían estar porque tienen acceso a la tarjeta Alimentar del gobierno nacional. Finalmente resta la revisión de los bolsones alimentarios. El ministro reconoció que hay personas que van a retirarlos en autos último modelo, mientras otras no tienen para pagar el transporte público para buscar su módulo.
Río Grande.- El ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, explicó la decisión de dar de baja más de cinco mil planes REDSOL a partir de mayo, como punto de partida de una depuración que comenzó en febrero, a poco de asumir. Se estima que el estado venía destinando en forma anual una cifra cercana a los 300 millones de pesos a personas que no lo necesitaban, tomando los más de 5 mil planes, a razón de 4 mil pesos por beneficiario, más 3.500 del programa Cuidemos la Mesa Fueguina que tienen acceso a la AUH y a la tarjeta Alimentar. Lo sorprendente fue que, en el cruce de datos, se detectaron ingresos superiores a los cien mil pesos de beneficiarios en relación de dependencia, además de fallecidos y gente que ya hace tiempo no estaba en la provincia. Hasta ahora no se habla de la responsabilidad que le cabe tanto a quien percibió el plan y no le correspondía, como al Estado que debía controlar y no lo hizo.
“Cuando asumí la cartera nos tomamos un tiempo para hacer un diagnóstico, en particular de las áreas financieras -dijo el ministro por Radio Provincia-. Veníamos trabajando con el ministro de Finanzas Federico Zapata en una propuesta de aumento de la ayuda, ante la emergencia social. Tenemos tres planes, Cuidemos la Mesa Fueguina, REDSOL y los módulos alimentarios, y comenzamos a hacer la mejora en el programa REDSOL”, explicó.
“Estaba planteado el aumento de un 50% para todos los beneficiarios, tratando de cuidar el presupuesto asignado al programa, y le hicimos una propuesta al gobernador y al Ministro de Finanzas para hacer un aumento escalonado, de acuerdo a la necesidad de cada beneficiario. Hay personas que viven solas o son únicas en su familia, y otras que tienen a cargo niños o adolescentes. Para esto teníamos que revisar los padrones para ver en qué situación nos encontrábamos. En el cruce de datos con otros sistemas nacionales, el SINTyS, ANSES y AFIP, descubrimos varias situaciones: falta de actualización de datos, personas que habían fallecido en este tiempo, personas que estaban en relación de dependencia cobrando más de 50 mil pesos, y otros que ya no estaban en la provincia. Vimos miles de situaciones irregulares en este programa y, para ser justos, se tomó la decisión de darles de baja”, manifestó.
“A partir de ahí propusimos un aumento escalonado del 50% para individuos, y del 100% o más para beneficiarios de uno a tres hijos, de cuatro a siete hijos y de más de siete hijos. El escalonamiento tiene que ver con la cantidad de personas por grupo familiar. Estamos trabajando contrarreloj con los equipos de informática, que tienen que cambiar el liquidador. Durante estos años, todos los beneficiarios recibían el mismo monto, por lo tanto tenemos que hacer modificaciones a nivel informático y en la Secretaría de Haberes. Queremos que antes de la próxima liquidación puedan estar hechos los cambios y en junio puedan recibir el aumento”, adelantó.
El primer paso
Por ahora solamente se va a aumentar el plan REDSOL pero “se está estudiando un aumento en el programa Cuidemos la Mesa Fueguina”, señaló el funcionario, donde también habrá una depuración.
Recordó que se dieron de baja varios planes, porque “el programa dice que cada seis meses las personas tienen que acercarse a nuestras oficinas para actualizar los datos. Entendimos que durante la pandemia no era posible, y por eso desde el 2019 en adelante muchas personas no actualizaron sus datos. Ya a fines de 2021 y en todo lo que va de este año, las personas podían hacer la actualización. Algunos dados de baja se comunicaron en estos días para plantear situaciones de salud y pedían continuar con esta pequeña ayuda. A ellos les pedimos que se acerquen a las oficinas del ministerio para ser evaluados nuevamente, al igual que todas las personas que fueron dadas de baja”, señaló.
En estos casos “tienen que acercarse a las oficinas del ministerio de Desarrollo Social tanto de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, para que cada situación sea reevaluada”, remarcó.
Miles y miles de derroche
La decisión de Maciel generó fricciones internas pero lo cierto es que las situaciones irregulares se prolongaron en el tiempo y no hubo ningún tipo de control. “Durante la pandemia el número más alto al que llegamos nosotros y con el que me encontré cuando asumí el 13 de diciembre era de 16.668 beneficiarios -precisó-. Esto tiene que ver con el impacto económico de la pandemia. En febrero empezamos a hacer la revisión porque, si durante la pandemia teníamos esta cantidad de beneficiarios, una vez reactivada la economía formal e informal, la situación tenía que haber cambiado”, observó.
“Una vez que empezamos a revisar los padrones nos encontramos con casi 3.850 titulares que no solicitaron la continuidad ni actualizaron sus datos, conforme a lo que dice la normativa, y esto lo tenían que hacer también en 2019 y 2020. Además, encontramos más de 1.000 beneficiarios de REDSOL que estaban en relación de dependencia laboral con ingresos superiores a los 50 mil pesos. En realidad son muchos más los que están en relación de dependencia, pero vimos que había personas con sueldos por debajo de los 50 mil pesos, que son ingresos mínimos, y la decisión política fue que puedan continuar con el programa”, dijo, por lo cual en algunos casos se le van a seguir dando planes a gente con trabajo.
“Vamos a hacer un seguimiento con otras herramientas que tiene el ministerio, con subsidios o ayudas, también capacitaciones, para que los beneficiarios puedan recuperar su autonomía a través de un trabajo genuino”, se comprometió.
Respecto del programa Cuidemos la Mesa Fueguina, del total del padrón hay “3.150 personas que tienen asignación universal por hijo. Durante la pandemia el gobierno nacional decidió que todos los beneficiarios de AUH iban a tener automáticamente la tarjeta Alimentar, que promueve la seguridad alimentaria. Esas personas no actualizaron sus datos ante ANSES y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de Nación, porque a todas las personas que tenían AUH, durante la pandemia se les asignó la tarjeta Alimentar, que mejora mucho la ayuda. El programa provincial Cuidemos la Mesa Fueguina no llega al monto que ofrece la nación como beneficio, por lo que vamos a hacer un trabajo personalizado con estas familias, que son 3.150, para que hagan las gestiones para la tarjeta Alimentar, que es automática”, aseguró.
Más allá de ser un trámite automático, en todos los años de pandemia el Estado destinó fondos propios para ayudas que estaba dando el gobierno nacional y no está cuantificada esa cifra todavía. “Por ahora esas 3.150 personas no fueron dadas de baja, porque primero queremos informarles que pueden acceder al beneficio nacional directamente”, aclaró el ministro.
Destino de fondos liberados
Consultado sobre el destino de los fondos que se van a liberar en función de este reordenamiento, y si esto va a permitir ampliar la cantidad de beneficiarios o mejorar la ayuda, remarcó que “los programas no tienen un cupo para cumplir, como en el caso de las pensiones RUPE donde tenemos un presupuesto asignado en función de la cantidad de pensionados. En estas pensiones se va revisando el padrón para dar las altas correspondientes. Estos son programas de ayuda ante una emergencia social”, diferenció.
“La idea es que una persona que está en situación de emergencia social no permanezca en esa situación a lo largo del tiempo, sino brindarle herramientas de capacitación. En la Secretaría de Empleo hay una bolsa de trabajo donde se pueden ir ubicando a las personas en comercios o en la industria. Desde el ministerio se dan ayudas ante la emergencia, y no es que si se bajan 200 personas automáticamente tienen que subir otras 200. La ayuda no se da automáticamente y cada caso tiene que ser evaluado, para ver la situación particular y asignarle el acceso a cada programa. El hecho de que sean menos o más beneficiarios dependerá de la necesidad real y de la evaluación de los equipos técnicos”, sostuvo.
“Si la demanda sube y es comprobado que necesitan la ayuda por los equipos técnicos, se da el beneficio, pero puede ser que volvamos al número que teníamos antes o no. Lo que pretendemos es canalizar la ayuda social a través de distintas herramientas. Si hay necesidad de hacer un trabajo en la casa, se puede dar un subsidio para materiales. Siempre se dan ayudas, porque el ministerio no tiene posibilidad de dar una solución integral. No somos el IPV ni el Ministerio de Salud, tratamos de paliar la emergencia con el presupuesto que manejamos. Luego de la evaluación, se trata de acompañar la necesidad a través de programas relacionados con la economía social o economía popular, como el cooperativismo. Hay subsidios para hacer capacitaciones porque hay gente que nos dice que no quiere un plan, sino que la ayuden con alguna mejora en la casa o con alguna cuenta que tiene que pagar. Los programas de emergencia son para las personas que no tienen ningún tipo de medio de subsistencia, y no puede recibir la misma ayuda el que tiene ingresos, el que tiene un vehículo último modelo, como a veces vemos que sucede y van a buscar una ayuda, mientras hay gente que no tiene para pagar el transporte y acercarse a nuestras oficinas”, reconoció de lo que se observa cuando van a retirar módulos alimentarios.
“Pensando en una situación equitativa, tratamos de analizar cada caso, para dar una ayuda que puede ser superadora a un plan en función de la necesidad concreta de cada familia”, planteó.
Fallecidos, ahorristas y mudados
En lo que constituye un verdadero escándalo por la falta de control de fondos públicos, se detectaron además de miles en relación de dependencia, personas que habían fallecido y que ya no estaban en la provincia. “En el cruce de datos nos encontramos con 23 fallecidos. Si bien no es un grupo importante, se seguía pagando el plan. Si alguien lo estaba cobrando no lo puedo saber porque tenemos los datos que nos brindan los sistemas nacionales. No podemos decir si se cobraba ese dinero y quién lo cobraba”, indicó el ministro.
También, si bien el ministro no lo confirmó, había beneficiarios que dejaban depositados a modo de ahorro los fondos del plan, en función de una emergencia social inexistente. En algunos casos, los salarios superaban los 100 mil pesos y, sin embargo, se les seguía liquidando el plan de 4 mil como ayuda social para situaciones de emergencia. Igualmente el ministro Maciel admitió recibir quejas de vecinos por estas irregularidades, en especial como vecino de la margen sur, donde reside. “He recibido planteos de vecinos para que ponga la mirada en determinada familia que está cobrando un plan y el jefe de familia trabaja en una fábrica, gana más de 150 mil o 180 mil pesos. A veces ocurre que, si no están casados y no tienen ninguna declaración de la pareja, en el sistema aparece el beneficiario como persona sola. Está cobrando aunque tenga a su pareja en relación de dependencia laboral”, afirmó.
“Tengo muchos comentarios de los vecinos, pero no me puedo dejar llevar por comentarios, sino por lo que recabamos de los sistemas informáticos, que nos dan el aval para realizar cualquier tipo de gestión. Hay mucha gente que está movilizada por este tema, incluso gente que ya no está en la provincia y fue dada de baja, pero me pide que mantenga el plan porque lo ayuda para poder pagar parte de los estudios o algún medicamento. La normativa es clara y habrá que buscar otra herramienta, que puede ser una beca para estudiantes, o un subsidio para medicamentos”, sentenció.
Reiteró que “el programa es para emergencia social, tanto REDSOL, como Cuidemos la Mesa Fueguina y los módulos alimentarios. Yo no apunto a nadie porque no soy juez y no me corresponde, pero apelo a la moral del ciudadano. Aquella persona que recibe un beneficio que no corresponde, se lo está quitando a otro. Estos planes de emergencia son por seis meses. A los seis meses se hace una actualización y se revisa cada caso. Eso es lo que debería suceder para que esto funcione bien y nos permita hacer un seguimiento de cada familia”.
Finalmente expresó que “todos sabemos que hoy 4 mil pesos no alcanzan para cubrir la mitad de un carrito de supermercado, por eso empezamos a trabajar con el cruce de datos, a revisar el presupuesto el ministerio, por eso el individuo va a recibir 6 mil pesos el mes próximo, el que tenga de uno a tres hijos va a recibir 8 mil, de cuatro a seis hijos serán 9.500 y las familias con más de siete hijos cobrarán más de 11 mil pesos. Esa es la mejora del programa y es una novedad para el Ministerio de Desarrollo”.
