“Es un alivio en la tormenta”

El integrante de la asociación Que nos Escuchen analizó las modificaciones a la ley de alquileres aprobada por Diputados, luego de las modificaciones que hizo el Senado, y destacó que se haya impuesto la propuesta del Frente de Todos, porque tanto el PRO como el radicalismo estaban “en contra de los inquilinos y a favor de las inmobiliarias”. Ahora espera la convocatoria de la Legislatura, que deberá debatir la ley de emergencia habitacional presentada por el gobernador Gustavo Melella. Advirtió que si se sanciona la ley pero después no hay controles, será todo “un disfraz”.

Río Grande.- El integrante de la asociación de difusión y acción ‘Que nos Escuchen’ Christopher Moreno, opinó por Radio Nacional Ushuaia sobre la modificación de la ley de alquiles que aprobó la Cámara de Diputados con 128 votos a favor y 114 en contra, luego de los cambios propuestos por el Frente de Todos, que terminaron imponiéndose al planteo de Juntos por el Cambio.

Consideró que el proyecto “tuvo muchas idas y vueltas, y es un alivio en la tormenta. Se podría decir que es un pequeño triunfo, ya que acompañó gran parte del Senado y de la Cámara de Diputados. El PRO y los radicales estaban en contra de los inquilinos y a favor de las inmobiliarias. Desde ese lado lo vemos como un triunfo”.

“Seguimos preocupados porque llegan mensajes de todos lados del país. Hay propietarios que no van a respetar el contrato que tienen y quieren hacer un segundo aumento en el año. El inquilino termina cediendo, porque no se quiere quedar en la calle. Aunque se haya conseguido la ley, no cambió el problema de fondo. Lo que cambió es cómo va a ser el índice de aumento, según el índice Casa Propia. Eso está bueno porque saca el valor de la inflación del momento y el menor índice de incremento de salarios. Eso es un poco a favor nuestro y el resto no cambió mucho porque se mantiene lo que ya estaba, como los contratos por tres años. Se van a actualizar cada seis meses pero el PRO y los radicales querían que el aumento fuera cada cuatro meses, con contratos por dos años. Era imposible imaginar un panorama así”, planteó.

Explicó que el índice Casa Propia “promedia el menor índice de aumento salarios y la inflación del período. En este caso los aumentos van a ser cada seis meses y se tiene en cuenta el último mes de esos seis meses y el valor menor del salario y la inflación. De esos dos valores se saca el cálculo”.

“Van a ser valores muy variables porque van a tener contemplado el sueldo. Cada rubro es distinto y va a ser muy variable el índice. Nosotros seguimos con temor, porque los controles y las regulaciones se deben efectuar. Estamos hace un año y medio, pero hay asociaciones que están en esto hace más de diez años. Nos transmiten que están muy felices porque esta vez logramos que los inquilinos alcen su voz y puedan ser escuchados, lo que antes no pasaba. Lo segundo es que esto ya pasó, pero de ahí a que se efectúen los controles en cada provincia y se multe como corresponde, es un tramo un poco más largo. Va a haber que seguir peleando y exigiendo que los controles se efectúen”, manifestó.

En este caso no ve como negativa la ley anterior, sino que la situación se desmadró por los niveles de inflación. “La ley anterior no funcionó como se esperaba por lo que fue la inflación y el contexto del país, porque en su momento era una buena ley y los propietarios transmitían que los contratos los podían hacer por cuatro o cinco años. En algunos casos eso se logró y se sacaban un peso de encima. El contexto de la inflación fue arruinando el índice pero para los inquilinos es una ley buena que nos ampara y no deja libre al mercado inmobiliario, que puede arrasar con todo”, dijo.

 

Propuesta de Melella

 

Con respecto al impacto en la provincia de esta ley y si cree que las instituciones están dispuestas a controlar, fue taxativo al decir que “no, y lo venimos contando desde el año pasado. Fuimos a la AREF, al INFUETUR, y lo que único que vimos es que en realidad no se hizo nada. Hace unos meses se habían juntado con el área de Hábitat del municipio de Ushuaia y los números todavía no llegan. Yo diría que el 40% de la ciudad está sin contrato directamente, y luego tenemos el problema de los alquileres temporarios. Por suerte ahora están saliendo medidas y estamos esperando a ver lo que pasa en la Legislatura con el proyecto enviado por el gobernador”.

“Es muy importante, porque pide que se declare por ley la emergencia habitacional y estamos a la espera de las reuniones de comisión y de la sesión, para poder participar, debatir y llevar nuestra preocupación. Si están declarando una ley de emergencia es porque son conscientes de que el tema de la vivienda es grave. Para nosotros tiene que haber un congelamiento de precios por un año. Hemos tenido desalojos hace dos fines de semana, que fueron violentos. No tendría por qué haber habido desalojos porque no eran con amparo judicial. Esas cosas tendrían que estar en una ley de emergencia y no lo vimos”, señaló.

“Creo que en la provincia se va a seguir discutiendo el tema y, si no empiezan con los controles de parte del INFUETUR a los alquileres temporarios, vamos a estar en lo mismo y cada vez peor. Entre la discusión del Senado y Diputados estas reformas a la ley se dilataron casi cuatro meses, y en ese tiempo se hicieron contratos por dos años, por un año, con aumentos cada seis meses. A la gente no le queda otra y tiene que firmarlo. Eso está mal y, si ganamos un poquito más de fuerza, vamos a dejar de perder el tiempo en denunciar estas cosas, porque las regulaciones no llegan. Es la parte más difícil, porque la gente que está trabajando y apenas llega al alquiler, no tiene tiempo para perder media jornada haciendo el trámite en la comisaría, ni tiene la plata para pagar un abogado. Ahí seguimos entre la espada y la pared, porque si las regulaciones no llegan, aunque tomen las medidas, es puro disfraz”, advirtió.

Puntualmente sobre el proyecto del Ejecutivo, cuestionó que se hayan incluido “financiaciones con el banco para poder iniciar un alquiler o pagar el alquiler. Hemos caído muy bajo, porque antes se hablaba de una financiación hipotecaria con el banco para comprar una vivienda y hoy en día es para pagar el alquiler. Si están declarando la emergencia habitacional tienen que encontrar soluciones habitacionales, no solucionar el problema por dos o tres meses. El contexto del país sigue empeorando y volvemos a estar en la misma situación. Ese es uno de los puntos que nos hizo mucho ruido. Después no pueden faltar cosas como un congelamiento de precios. Lo necesitamos porque están especulando candidatos a presidente, jugando con la economía, y nos están perjudicando a nosotros. Lo que pasó estos días con la corrida del dólar y lo que falta para fin de año, hacen que el tema venga muy complicado. Salió la ley pero esto sigue andando y vemos que la situación es complicada y no se ve un alivio”, subrayó.

“Nosotros estamos reclamando desde el año pasado y el gobernador nos atendió al mes de la primera marcha que hicimos. A nosotros nos atendió rápido, sabía de toda esta situación, porque a principios de 2022 había hablado con otras organizaciones de Buenos Aires. En 2021 habían hablado de presentar proyectos para la regulación de los alquileres temporarios y todo eso había quedado en la nada. Se podría decir que se demoraron bastante y salió justo ahora cuando salieron proyectos en el Concejo Deliberante y en Buenos Aires se modificó la ley. El proyecto salió justamente cuando hay ruido, como para decir que acá estamos. La verdad es que duele eso”, manifestó.

 

Esperando la convocatoria

 

Moreno aspira a que sean convocados por los legisladores al debate. “Cuando nos enteramos del proyecto los legisladores estaban sesionando. Nos avisaron de que podían tocar el tema, fuimos pero la policía no nos dejó entrar, aunque era una sesión pública. Nos dijeron que al final no se aprobó pero que se iba a tratar en comisión. Todavía no nos avisaron de ninguna reunión y la semana pasada estuvimos tocando la puerta de los legisladores, pero no encontramos a nadie. No sabemos si nos van a invitar, si las reuniones van a ser a puertas cerradas, y hasta ahora hemos tenido buen diálogo. Hicimos marchas y estamos en todo nuestro derecho a reclamar por cosas más justas, pero más allá de eso siempre fuimos con buen diálogo como para que nos cierren las puertas”, criticó.

“El legislador Federico Greve –presidente de la comisión 1- dijo que tiene el consenso y que la ley se va a aprobar, pero no sabemos de qué manera. Se tendría que debatir aunque sea en una o dos reuniones. Si el consenso está es muy bueno, pero no hay que olvidar que ya había proyectos presentados desde principios de año y no se trataron. Los tiempos de los políticos no son los tiempos de la gente y de la actualidad o la población común”, cuestionó.

Respecto de la decisión del IPVyH de abrir un canal de denuncias y poner restricciones a los beneficiarios, como la prohibición de alquilar viviendas que no tienen su título de propiedad, se le preguntó qué va a ocurrir con los inquilinos actuales en este caso. “Esto viene desde el año pasado, porque sabíamos que había viviendas entregadas en el Pipo por el IPV y que estaban siendo alquiladas. Cuando iban a tocar la puerta los del IPV, les decían que por favor declararan que eran un pariente del titular. Hay varios casos así y es muy bueno que el IPV tome estas medidas, pero esto ya viene pasando hace tiempo. El IPV tiene las camionetas para ir a constatar seguido si la persona está o no viviendo, si necesita la propiedad o está lucrando con ella. Esto no lo hacían y con el tema de las denuncias volvemos a lo mismo. Yo no soy quién para mandar al frente a una persona. Nunca estuvimos en contra del propietario y para eso el IPV tiene las camionetas, para ir y controlar”, concluyó.

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