La arquitecta Laura Montes adelantó que el IPV está en condiciones de reconvertirse, a partir de las definiciones del presidente electo Javier Milei. “Nosotros estamos preparados para dar lotes con servicios, para dar créditos de autoconstrucción como lo hemos hecho en su momento, también para generar fideicomisos”, indicó. Además anticipó una segmentación de la demanda, por la cual habrá un cupo mínimo para sectores vulnerables y el resto tendrá que pagar una cuota equivalente al alquiler o hacer una entrega del 10% de la vivienda. La exigencia será como la de otros bancos y están previstos desalojos si hay incumplimiento.
Río Grande.- “Tenemos que reinventarnos para seguir existiendo”, señaló por Radio La Red 93.9 y Provincia 23 la presidente del IPV, arquitecta Laura Montes, a partir de la definición del presidente electo de suspender la obra pública. Ya hay conversaciones con directores para hacer ajustes a nivel interno y hacia afuera se prevé segmentar la demanda y tener nuevas exigencias.
En principio se la consultó por los fondos adeudados de nación, que hoy está compensando el gobierno provincial. Explicó que “para nuestro funcionamiento nosotros dependemos de los fondos nacionales de vivienda, que a su vez depende de una ley que aplica impuestos a los combustibles líquidos. Ese impuesto es del 2021 y está frenado, porque es el que dispara los precios de las naftas y del gasoil. Quiere decir que nuestros ingresos son los mismos que en 2021 y lo que han crecido son los gastos de funcionamiento. Ese equilibro se rompió, por lo tanto hoy estamos con ayuda del Estado provincial para poder cumplir con el pago de nuestros sueldos”.
“Lo que proyecta nación a lo largo del año después no se cumple y ese es el gran problema –dijo-. Nosotros teníamos una proyección en el presupuesto 2023 de 2.900 millones por parte de nación, y hemos recibido la mitad de ese monto. Todo lo que se planificó fue en gran parte cubierto por la provincia, porque no llegó el dinero de nación”, manifestó sobre la gestión que está en retirada.
“El impuesto del cual se nutre el fondo debería subir y no está subiendo. Debió subir en febrero, en abril, en julio y en diciembre, pero no sé si se va a mantener frenada esa suba. Nosotros nos vemos perjudicados por esta situación que no había pasado nunca. Siempre habíamos recibido la coparticipación FONAVI normalmente, que es para gastos de funcionamiento”, aseguró.
Por otra parte se refirió al financiamiento específico de obras, que “viene por otro lado. En principio iba directamente a las contratistas y este año se firmó una adenda por la cual viene primero al IPV y después a las contratistas. Ese dinero tuvo un retraso a principios de año y hasta la mitad de 2023, pero hoy está al día. Una cosa es lo que viene de coparticipación FONAVI y otra lo que viene por financiamiento de nuestras obras de vivienda. En este caso los certificados están al día y tenemos algunas deudas de obras con fondos propios, que dependen del FONAVI; estamos con algunas renegociaciones de contratos que se están pagando y las obras están en ejecución”, señaló.
“Como fuentes de ingreso tenemos la coparticipación FONAVI y el recupero. Si falta algo el Estado provincial nos auxilia. En sueldos pagamos aproximadamente 230 millones de pesos y normalmente la provincia nos ayuda con un 20% o un 30%, según el mes. Con la recaudación hoy nos alcanza para hacer una vivienda por mes, que cuesta unos 40 millones de pesos por 65 metros cuadrados”, estimó.
Cambios en la segmentación
Respecto de la demanda y los cambios que se van a hacer, dijo que “nosotros tenemos una clasificación de la demanda y en total son ocho mil los inscriptos. Familias son tres mil y el resto son personas solas, con tipología de un dormitorio. Hoy estamos haciendo tipología de dos dormitorios, por lo cual nuestra demanda para esa calidad de viviendas es de tres mil o tres mil quinientas familias”.
“Hoy nuestra prioridad es terminar las 500 viviendas que tenemos en ejecución. Ya todas están arriba del 50% en ejecución. Hay 54 viviendas que se construyen con fondos propios y son las que están más próximas a entregarse en enero. Esas son las que están en Chacra XIII. Luego hay 200 viviendas en Río Grande y Ushuaia que están en ejecución. Hay 22 viviendas que vienen más atrasadas y corresponden a otro programa que también es de nación, para la tercera edad. Todas están en ejecución y sin problemas por ahora”, sostuvo.
Consultada sobre el anuncio del presidente electo Javier Milei de suspender la obra pública nacional, aclaró que “más allá de lo que es de público conocimiento todavía no tenemos ningún documento que nos diga que el Estado nacional no nos va a seguir financiando los convenios. Normalmente siempre que hay cambios de gobierno y hay contratos vigentes, se producen algunas demoras y ampliaciones de contratos de obra hasta que el nuevo gobierno se estabiliza, y después se terminan las obras. Siempre ha sucedido esto. Si, en el peor de los casos, el Estado nacional corta el financiamiento y da de baja los convenios, nosotros de igual forma vamos a poder generar nuevos contratos y terminar las viviendas. Esto puede ser con operatoria público-privada y le vamos a encontrar la vuelta, porque son gran cantidad de viviendas en ejecución. Estamos evaluando otros marcos administrativos para poder generar soluciones. Las viviendas en ejecución se van a terminar aunque pueda haber demoras”, garantizó.
“Tenemos presentadas 2.186 viviendas presentadas en nación. Obviamente no vamos a obtener la no objeción financiera, porque ya hay una transición en el traspaso de gobierno y dificulto que nos aprueben esa planificación. Entre mayo y junio mandamos todo a nación y siempre hubo esta incertidumbre de cómo estaba el panorama macroeconómico y el tema eleccionario, y esto se fue dilatando. Estas viviendas están implantadas en tierras que compró el IPV hace dos años. De no salir aprobados, se van a licitar otros proyectos y se generará otro tipo de solución habitacional. La tierra sigue siendo nuestra, el proyecto se licitó y ahora está en nación. Nosotros estamos esperando definiciones escritas para seguir procediendo”, dijo.
“Hay proyectos alternativos por supuesto, mediante operatorias público-privadas, mediante la segmentación de la demanda. Procedimientos administrativos hay, el tema es cómo sacarle el chip a la gente de que el IPV va a proceder diferente de lo que viene procediendo hace 40 años. Si yo entrego una vivienda y la gente paga, pide reducción de cuotas. Nosotros vamos a tener que ponernos muchísimo más exigentes, va a haber un cupo de la demanda para vulnerabilidad destinado a las personas que no puedan pagar la cuota completa; pero vamos a apuntar a la persona que pueda pagar la vivienda. Hoy por hoy resignamos el recupero, el IPV interviene en alguna urgencia, si alguno viene con un problema se hace reducción de cuota, pero nos vamos a poner muchísimo más exigentes, porque la modalidad del Estado va a ser diferente. Vamos a tener que modificar la situación de nuestro funcionamiento interno y también ante la sociedad. El IPV va a ser tan exigente como un banco hipotecario o como lo es hoy el PROCREAR, porque va a intervenir el sector privado, con la incidencia que tiene la exigencia de cobro. Si alguien no paga, se le quita la vivienda y se desaloja. Va a ser una política mucho más dura”, adelantó.
“Yo he tenido un montón de conversaciones con los directores generales y cuesta trabajar de otra forma desde adentro de la institución, pero hay posibilidades de generar obras, porque en el sector privado se generan todo el tiempo los pozos, el ahorro previo. Si una persona paga de alquiler 200 mil pesos, yo le puedo exigir esa misma cuota para entrar a la casa o que me entregue el 10% de la vivienda, que hoy por hoy serían tres millones setecientos mil pesos. Cualquiera de la clase media que quiera su vivienda va a vender su auto, su camioneta y va a poder acceder a la casa propia. La demanda va a estar con esa segmentación. Hay gente que no tiene nada para entregar de la vivienda más que su antigüedad de inscripción, va a venir otro que diga que entrega cinco millones de pesos y va a tener prioridad frente al que estaba anotado antes”, afirmó.
“Lo que va a cambiar es que por ahí la sociedad lo va a ver negativo, pero no nos queda otro remedio que ese. A mí no me preocupa tanto la obra, porque al ser vivienda nosotros vamos a seguir trabajando, pero desde otra perspectiva. La vivienda siempre le va a hacer falta a la gente, pero me preocupa la reacción que pueda tener la sociedad”, advirtió.
No obstante el cambio, reconoció que los montos actualmente son irrisorios. “Hoy una vivienda que se otorgó hace seis años paga seis mil pesos de cuota. También es responsabilidad nuestra no haber modificado la modalidad de recupero en tiempo y forma. Esto pasó porque nosotros podíamos seguir adelante con obras por los fondos de nación; ahora que nos aprieta el zapato nos tenemos que poner más exigentes, muy austeros con nuestro funcionamiento interno y con la obra en sí. Este año hemos hecho muchísimos ajustes a nivel interno y el trabajador del IPV los ha aceptado, pero tenemos que reinventarnos para seguir existiendo. Esto ocurre no solamente con el IPV de Tierra del Fuego sino en todo el país”, expresó.
“Creo que cuando el nuevo gobierno se encuentre con la realidad federal, va a moderar todas las aspiraciones que tiene, porque va a haber mucha resistencia. Nosotros estamos preparados para dar lotes con servicios, para dar créditos de autoconstrucción como lo hemos hecho en su momento, también para generar fideicomisos; es decir que estamos preparados para adaptarnos al gobierno que viene”, concluyó.
