El contador Ramón Gallardo abordó punto por punto los aspectos más salientes del decreto de necesidad y urgencia que fue publicado ayer en el boletín oficial. Por el momento no se ha tocado la 19640 y, ante la apertura de importaciones, será importante ver las posiciones arancelarias que pueden trabar el ingreso de productos terminados desde el continente. Dio detalles de los cambios en materia laboral y de obras sociales sindicales, y el plan de blanqueo de capitales para que los dólares se vuelquen al mercado. Justamente el Presidente de la Nación Javier Milei salió a despejar dudas sobre la continuidad del subrégimen industrial fueguino al descartar de plano cualquier derogación que implique un perjuicio a Tierra del Fuego en este sentido. “El régimen de Tierra del Fuego no se va a tocar porque hay derechos adquiridos y se renovó hace muy poco”, dijo tajante.
Río Grande.- En una extensa entrevista con Radio La Red 93.9 y Provincia 23, el contador Ramón Gallardo abordó los puntos más importantes del decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei, que fue publicado ayer en el boletín oficial.
En primer lugar dijo que “es importante aclarar que la ley 19640 no se derogó como algunos informaron. Es un grave error que pongan ese miedo a los habitantes. El DNU hizo mención a la ley 21608, que es un régimen promocional a nivel nacional, para que se instalen industrias en distintas partes del país, pero no es nuestra ley. Esta ley está incluida dentro de un grupo de regímenes, como el de La Rioja, el régimen de la industria naviera, el de minería, entre otros”.
Respecto de la apertura de importaciones, recordó que “por un decreto se hizo una devaluación del peso de 350 a 800 pesos, y se impuso un 17,5% de impuesto PAIS, por lo cual el que quiera importar tiene que pagar un dólar a 940 pesos. El primer problema fue el incremento en los costos de los insumos. A partir del 2 de enero se eliminan las SIRA, que era el sistema de importación y se pone el Sistema Estadístico De Importación –SEDI-. Había una deuda vieja de 58 mil millones de dólares y eso se arregló poniendo un bono a cuatro años, para que las empresas reestructuren con el exterior”.
“El que quiera importar insumos relacionados con hidrocarburos y energía, a partir de las SEDI, la liberación será inmediata. Si es para el sector farmacéutico o fertilizantes, la liberación es a 30 días; si es para importación de autos van a ser 180 días y para el resto, donde entramos nosotros, desde la presentación de la solicitud de la importación van a dar un 25% de los dólares a los 30 días, otro 25% a los 60 días, otro 25% a los 90 y el restante a los 120 días”, detalló.
“Hoy se puede importar de afuera y es muy importante que a través de las cámaras se pueda ejercer presión para que determinados artículos que puedan venir del exterior no ingresen. Sigue vigente el CEF, que es la Capacidad Económica Financiera. Esta es una exigencia de la relación entre lo que facturaron y lo que importaron. El que no tenga el CEF no va a poder importar. Si son empresas nuevas, peor, salvo que quieran importar a través de otra empresa que tenga el CEF registrado en la AFIP. Creo que va a existir una protección a determinadas posiciones arancelarias, para que no ataque a nuestra industria”, confió.
Cambios en la relación laboral
Con respecto a la reforma laboral, dijo que “se eliminó el tradicional libro de sueldos y jornales, se posibilita que el recibo de sueldo sea electrónico, el período de prueba se lleva a ocho meses en lugar de tres, se deroga la indemnización con el recargo del 100% si una persona estaba mal registrada, se eliminan las multas del 25% por tener una persona mal registrada o con un error en la fecha de ingreso. Se han eliminado muchas penalidades y multas para favorecer la toma de empleados. También se tocó la indemnización por antigüedad o despido, que establecía un sueldo por cada año o fracción mayor de tres meses. Se cambia la base, y en esa base no se va a tomar el aguinaldo ni el plus vacacional ni el bono, con lo cual se va a achicar la indemnización, que se podrán pagar hasta en 12 cuotas. En lo que hace a los aportes sindicales, ahora se requiere del consentimiento expreso del trabajador para que les descuenten la cuota sindical y el aporte solidario. Hay convenios que tienen la cuota sindical y sin tener consentimiento ponen una cuota solidaria, eso ahora requiere el consentimiento expreso”, manifestó.
En materia de obras sociales, dijo que “hasta ahora si una persona recién ingresa y no viene con una obra social, se le tenía que asignar la obra social del convenio colectivo. Ahora el empleado va a decidir si quiere ir a una prepaga sin necesidad de pasar por una obra social sindical. Se pone a las prepagas en condiciones para que compitan con el resto de las obras sociales”.
Por otra parte, “se establece un mínimo de asistencia ante las huelgas para los servicios sociales, la educación, el transporte, la salud, entre otros servicios. Ese mínimo tiene que ser del 75%”, precisó.
“Para los trabajadores independientes, los monotributistas, se les permite tener hasta cinco personas a su cargo como colaboradores. Van a tener que hacer el aporte de la RT, la obra social y el seguro”, apuntó.
Más desregulaciones
Además indicó que “los alquileres quedan como estaban antes, que se regían por el código civil y comercial, con contratos de dos años. Acá se pueden pactar en dólares o en la moneda que sea”.
“Con respecto a los despachantes de Aduana, ya no es necesario tenerlo para hacer una importación. También se elimina el registro de importador y exportador, y no es necesario inscribirse en ningún lado”.
Palabra cumplida
El contador volvió sobre la 19640 y mencionó que “el ministro Caputo dijo que no podían ir en contra de la ley y desmantelar derechos adquiridos. Por suerte no se va a tratar el presupuesto con la separata. Si bien fue prorrogado el subrégimen por 30 años, vamos a avanzando pero vamos perdiendo siempre un poco más. Los textiles tienen que aportar igual que las electrónicas y se les agregó un 2.30% que pierden anualmente en derechos de importación e impuesto a las Ganancias. El plazo es por diez años y en ese período van a perder el 25% de los beneficios promocionales. Espero que no quiten beneficios a toda la industria”, alertó.
Consultado sobre el FAMPF, el fondo de ampliación de la matriz productiva fueguina, dijo que solicitó “información a través del Congreso para conocer a cuánto asciende el fondo que administra un fideicomiso de Capital y lo maneja un comité de tres personas que no son de Tierra del Fuego. Desconocemos cuánta plata hay y qué movimientos tiene, porque esos fondos son para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego y tenemos que estar al tanto de esa situación. Nadie conoce esa información. Hay empresas que han presentado proyectos pero no se los han aprobado. El decreto 725 que establece el FAMPF, tiene un artículo que dice que el comité podrá prestar plata a aquellas empresas que desarrollen actividades autosustentables, es decir que no requieran de ninguna exención impositiva. Ahí nos quitaron los beneficios. La reconversión viene sin los beneficios, para ser más claros. Hoy si queremos reconvertir, no tenemos la infraestructura básica, no hay energía suficiente, hay emprendimientos que no se ponen en marcha porque no hay luz. Si no tenemos un puerto en la zona norte, no hay crecimiento. Creo que el grupo Mirgor puede llegar a tener serios problemas si no se estabiliza la economía para lograr el financiamiento externo”, advirtió.
Ante el rechazo de varios sectores, aseguró que “este DNU toca muchos intereses, porque se desreguló el turismo también y ya no existe un monopolio. En el caso de Aerolíneas Argentinas el DNU dice que le va a dar el paquete de acciones a los empleados, y los empleados lo pueden vender a un tercero si no están en condiciones de manejarlo. Se está hablando de cielos abiertos, es decir que podrán venir otras líneas aéreas”.
“Tanto la moratoria como el blanqueo van a ir a otro paquete distinto. Hay cálculos del INDEC que dicen que tenemos más o menos 317 mil millones de dólares bajo el colchón o en el extranjero, que no están volcados a la actividad económica. Ese monto equivale a un 80% del PBI. Se está buscando una ley de blanqueo para que esa plata de alguna manera ingrese, se blanquee, y están estableciendo una tasa del 5% para el dinero que venga de afuera y, si es local, no pagan nada. Si es un blanqueo no se va a preguntar de dónde viene el dinero. Es importante tener en cuenta por qué el dinero está bajo el colchón, y es porque tuvimos un plan bónex y un corralito. La gente quiere cuidar su dinero, compra dólares y no los lleva a una entidad financiera. Ojalá se logre con este gobierno un respeto por la propiedad privada para que la gente pueda tener confianza. Ahí van a empezar a salir los dólares”, señaló.
Resguardo en pesos
En el caso de los pesos, indicó que “la gente deposita la plata en plazos fijos porque se le devalúa. Los bancos entregaban esa plata al Banco Central y recibían las famosas Leliq, con un 133% de tasa nominal anual. Cuando asume Milei, en lugar de las Leliq los bancos pasaron a operaciones de pase. La Leliq es como un plazo fijo a 28 días, y las operaciones de pase son a un día. Todos los días las renovaban y mientras las Leliq pagaban el 133%, en las operaciones de pase la tasa era del 126%. Cuando el gobierno vio esta maniobra, para desarmar las Leliq bajó la tasa a las operaciones de pase al 110%. Los bancos decidieron volver a las Leliq al 133%, pero resulta ser que cuando el Banco Central va a licitar, no aceptaron las licitaciones y los bancos quedaron descalzados. Están pagando plazos fijos al 133% y tenían el dinero colocado en pases al 110%. Ese es el motivo por el cual tampoco querían hacer los plazos fijos UVA, porque estaban perdiendo dinero. Hoy la tasa que paga el Banco Central a los bancos es inferior a la que tienen que pagar por los plazos fijos”, aseveró.
“Para el ahorrista, la tasa de interés que se está pagando está por debajo de la inflación y la única forma de proteger los ahorros es a través del plazo fijo UVA, que se ajusta por inflación más el 1% de tasa nominal anual. El plazo mínimo son 90 días, y hay dos tipos: el plazo fijo UVA precancelable y el plazo fijo tradicional. La noticia que tengo es que los bancos regularizaron esta situación, si bien hay bancos que no aceptan más de un millón de pesos en UVA”, informó.
Ganancias y ajuste
El contador hizo referencia a la marcha atrás con la reforma de Ganancias. “Fue el ministro Massa que en una actitud totalmente demagógica logró que se aprobara la reforma. Hay gobernadores que iniciaron acciones judiciales porque les cayó la coparticipación. Las provincias quedaron descalzadas y no pueden cubrir sus gastos corrientes. Al Estado nacional también le significó un 0,46% del PBI lo que perdió por esta reforma. Eliminaron la cuarta categoría sin contemplar de dónde iban a salir los fondos. Hoy los gobernadores están pidiendo que se coparticipe el impuesto al cheque pero la nación no lo va a aceptar aparentemente. Dentro de las modificaciones que va a mandar, va a plantear que el impuesto a las Ganancias pueda establecerse como antes pero por el término de tres o cuatro meses, hasta que ingresen los fondos de la cosecha”, adelantó.
“La transferencia de inmuebles tiene un impuesto que se va a eliminar. Es poco significativo y engorroso”, agregó.
A partir de la política nacional, dijo que “la mayoría de las provincias están ajustando las teclas y reestructurando el Estado. Yo no apunto al empleado público de carrera, sino al que entró por la ventana. Cada administración deja entre dos y tres mil empleados y, si tuvieran que poner a todos a trabajar, faltarían sillas. Ojalá la Legislatura baje los asesores y los adscriptos, porque ha sesionado cuatro veces al año. Saben que la gente está complicada por la inflación que hay, que el salario se está devaluando todos los días, y tendrían que demostrar que están haciendo un esfuerzo. Además una de las cosas que eliminaron son las transferencias discrecionales”, concluyó.
