El Dr. Federico Rauch dio detalles del proyecto ingresado ayer y propone la creación de la agencia ejecutiva del área aduanera especial, con el objetivo de controlar que los productos que ingresan a la provincia con exenciones impositivas, lleguen al consumidor final con esas exenciones. Planteó que en muchos casos hay una apropiación de esos beneficios, como se ha visto con los vehículos, y la entidad a crearse se encargaría del control del mercado interno provincial. Consideró valioso avanzar en este sentido, como una señal al gobierno nacional de la defensa del régimen general que beneficia a todos los fueguinos.
Río Grande.- El Dr. Federico Rauch informó al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia sobre el proyecto presentado ayer a la Legislatura provincial, con el fin de crear la agencia ejecutiva del Área Aduanera Especial. El proyecto se encuentra publicado íntegramente en la página web del estudio de abogados, e “intenta poner en manos del Estado provincial herramientas concretas ante la discusión en el Congreso sobre la ley 19640 y el subrégimen industrial. Se busca que la provincia se ponga los pantalones largos”, dijo.
Aseguró que “no se ha hecho nada en los últimos 20 años sobre el régimen integral, que son los beneficios que le corresponden a los consumidores finales de la provincia. La idea es dar herramientas técnicas y jurídicas al Estado provincial para que pueda ejecutar el control de su comercio interno”.
Aclaró que “esto no interfiere en las facultades de la autoridad de aplicación, en este caso la AFIP. El consumo de la provincia proviene básicamente de importaciones. Una vez que las mercaderías son liberadas a la plaza de la provincia, entra a jugar la competencia propia que tiene la provincia”, explicó.
“Cada provincia ha designado su propia autoridad de aplicación en el caso de la ley de defensa del consumidor, en Tierra del Fuego hay una subsecretaría de defensa del consumidor, que está absolutamente saturada por la cantidad de reclamos que tiene la gente, que llevan meses o años. Ninguno de los organismos está especializado en el régimen general de la 19640, que dice que los destinatarios de las exenciones fiscales del área aduanera especial deben tener esos beneficios, y eso no está ocurriendo. Las exenciones fiscales son apropiadas por ciertos importadores, que no son precisamente los comerciantes de la calle San Martín, sino los grandes importadores”, sostuvo.
“Los pequeños importadores no pueden hacer uso de las exenciones, no pueden obtener la mercadería, y la compran bajo otro tipo de factura. La gran parte de la mercadería viene con la factura E, sin los impuestos, pero eso no se traslada al consumo, como dice la ley 19640. La provincia tiene facultades para controlar su propio mercado interno, y por eso hemos propuesto la creación de un órgano especializado, que va a estar dirigido por tres profesionales especializados con experiencia comprobada, no políticos, sino técnicos debidamente capacitados”, subrayó.
La propuesta plantea la integración de un abogado, un contador y un experto en informática, “porque la tarea de contralor de este mercado interno especial requiere de una adecuada plataforma digital. Este órgano es denominado agencia de control del área aduanera especial, y se va a ocupar de asegurar que efectivamente las exenciones fiscales de las mercaderías que ingresan sin impuestos, se trasladen a los precios finales y al consumidor. Esto sería poner en valor la 19640 y hacerlo desde la provincia, en lugar de esperar que la AFIP se ocupe de algo de lo que no le interesa ocuparse”, expresó.
Consideró que “si esto se pone en funcionamiento, es un mensaje institucional y político al Congreso nacional y al Poder Ejecutivo nacional. Hay una crítica a los fueguinos que no hacemos nada para defender nuestros propios derechos e intereses. Este proyecto va a dar una gran señal al gobierno nacional, porque como provincia estamos defendiendo lo que nos corresponde”.
Aseveró que la tarea de esta agencia “no implica una tarea titánica, sino que es bastante sencilla. Lo titánico es que exista la voluntad política para poner en marcha el sistema. El sistema en sí no tiene una gran complejidad. En el proyecto está aclarado que la agencia que se crea va a tener la competencia y la atribución de requerir de los servicios de inspección de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y de la AREF, cuando lo estime conveniente. Es un contralor de carácter digital, online. Se trata simplemente de procesos de información que van a tener que registrarse. Alcanza a todos los importadores bajo el régimen de la factura E, que venden con una factura sin impuestos a un sujeto de la provincia. El exportador de Buenos Aires le vende al importador de Tierra del Fuego, y documenta esa venta con la factura que presenta a la AFIP. Una vez que eso está despachado a plaza, deja de ser competencia de la AFIP y de la Aduana, y pasa a ser competencia de la provincia. Hay que determinar la diferencia de valores que hay entre la factura de compra y la factura de venta al público de esos mismos productos, para ver si efectivamente hay un traslado razonable de las exenciones a los consumidores”, detalló.
Afirmó que “la mayoría de los productos de consumo masivo ingresan con factura E, de exportación, a la provincia de Tierra del Fuego. El fabricante o mayorista que está en Córdoba por ejemplo, para poder vender al exterior, necesita inscribirse en el régimen específico, tener seguro de caución y con eso la AFIP le otorga la facultad de poder expedir facturas E. Esa es la única factura que acepta la AFIP para exportar mercadería desde el resto del país al área aduanera especial, que se considera como si fuera un tercer país”.
“Una vez que esa mercadería es despachada a plaza, es competencia de la provincia verificar si no se está incumpliendo la ley de defensa del consumidor, al apropiarse de los beneficios que le corresponden. Toda esa mercadería no ha pagado impuestos. Por ejemplo, cuando se trae un vehículo, lo vende un exportador con la factura E al área aduanera especial. El concesionario oficial de Tierra del Fuego paga esa factura del exportador, y el vehículo ingresa sin impuestos, sin aranceles de importación y sin impuestos internos. Esas son las exenciones que establece la 19640. A partir del ingreso de ese vehículo, según este proyecto, la provincia de Tierra del Fuego tiene facultades para verificar si hubo incumplimientos en el procedimiento que violen los derechos de los consumidores”, apuntó.
En el caso de los supermercados, que dicen comprar con IVA, dijo que “es una decisión que toma el presidente de la empresa, ya sea por razones logísticas o porque les conviene. En ese caso deciden no traer la mercadería con los beneficios de la ley 19640, pero esa es una decisión que toma la empresa y se puede discutir si está en su derecho o no. En un mercado libre, como debe ser el de Tierra del Fuego, está muy bien que un supermercado diga que va a traer los productos con todos los impuestos pagos. Es importante que se controle a los restantes jugadores del mercado, que traen el producto con el diferencial y trasladan los precios en sus supermercados”, observó.
Respecto de la competencia de la AFIP en este control, consideró que “la AFIP podría haber realizado tareas de contralor, porque los beneficios se los quedan los que viven en Buenos Aires y de ahí que digan que no tiene sentido que no paguen impuestos en la provincia. El comerciante de la avenida San Martín o un pequeño mercado de barrio, no tienen la escala suficiente para conseguir que le vendan con la factura E. Esa gente queda totalmente afuera y tiene que manejarse con los precios que le son impuestos desde Buenos Aires”.
Asimismo, marcó una diferencia con otras épocas, porque “no teníamos la tecnología con la que contamos ahora, que facilita este tipo de controles. Desde el punto de vista táctico, es necesario que la provincia demuestre que tiene interés en defender su derecho, y por eso presenté el proyecto. Uno de los argumentos que he escuchado en el Congreso nacional es que los fueguinos no parecen necesitar la ley, porque no hacen nada para defenderla. Se habla del régimen industrial, pero no del régimen general”, expresó.
Finalmente dio a conocer que tiene un proyecto para elevar al Congreso mediante el cual “se reemplaza a la 19640 por una ley que mira hacia el Siglo XXI y le da certezas a Tierra del Fuego por los próximos 60 años”.
