El legislador del MPF Pablo Villegas presentó un proyecto para que el Fiscal de Estado tome intervención, tras el dictado del DNU 280/24, y reclame ante la Corte Suprema los recursos que le corresponden a la caja de previsión provincial. El decreto elimina la transferencia de fondos para compensar déficits a todas las provincias que no transfirieron sus cajas a ANSES. Villegas planteó una merma de recursos cada vez mayor, que comenzó en la gestión anterior con el impuesto a las Ganancias. Estimó que para marzo la caída ronda entre el 24 y el 28%.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas dio a conocer por Radio Nacional Ushuaia la presentación de un proyecto con el fin de instruir al Fiscal de Estado a que inicie acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de reclamar los fondos que le corresponden a la caja de jubilaciones de Tierra del Fuego.
Fue tras el dictado del DNU 280/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. A través de esta norma el gobierno nacional efectuó modificaciones e introdujo disposiciones complementarias al presupuesto del 2023 prorrogado por la administración de Javier Milei para el año en curso.
Entre los alcances de este DNU, se destaca la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y los anticipos que la ANSES realiza a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional.
La norma implica un desfinanciamiento notable a las provincias, que ven afectado críticamente tanto el servicio de transporte como el sistema previsional.
Concretamente el DNU 280 señala que los artículos 81, 92, 93 y 94 de la ley 27.701 de presupuesto 2023 no entran en la prórroga del actual ejercicio. El 81 establecía un piso de 85 mil millones de pesos para subsidiar el precio del boleto de colectivo en el interior del país. De esta manera la Nación deja de asistir económicamente a las provincias en conceptos de transporte, delegando esa responsabilidad en manos de los gobiernos provinciales y municipales
Por otro lado, el DNU 280 elimina los artículos que establecían que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.
Esta medida afecta a 13 provincias argentinas, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. Se trata de las jurisdicciones que, entre 1994 y 1997, no transfirieron a la ANSES sus cajas previsionales de empleados públicos, continuando con regímenes propios y acordando con Nación compensaciones de eventuales asimetrías, de manera de colocar a todas en pie de igualdad en materia previsional.
Villegas recordó que “en la época de la presidencia de Menem, algunas provincias transfirieron las cajas previsionales a ANSES para que la nación se hiciera cargo del pago de las jubilaciones de sus empleados estatales. Tierra del Fuego no lo hizo y mantuvo su régimen previsional. En esa década se había autorizado a la nación que, a los fines de cubrir esas transferencias de las cajas, podía detraer un 15% de la coparticipación. Después hubo juicios ante la Corte Suprema, como en el caso de Santa Fe. Sobre finales de la presidencia de Cristina Kirchner se dispuso que el fallo fuera de orden general, para todas las provincias. Tierra del Fuego en particular tuvo una posición muy clara de no transferir su caja de jubilaciones. En función de distintos pactos fiscales o acuerdos nación-provincia como se los denominaba, la nación se obligó a transferir en forma mensual una suma de dinero equivalente al déficit que pudieran llegar a tener estos regímenes previsionales”, explicó.
“Este DNU que dicta el presidente Milei lo que hace es eliminar esa obligación por parte del Estado nacional respecto de Tierra del Fuego en particular. Ahí es donde yo pongo una voz y digo que, sumado a lo que pasó el año pasado con el impuesto de Ganancias por el decreto 473, o la sanción de la ley 27.775, que también modificó la cuarta categoría del impuesto, todo esto representa menos recursos para Tierra del Fuego. Ya es hora de que instruyamos al Fiscal de Estado para que se presente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclame los recursos que nos pertenecen a los fueguinos. Si vamos a esperar la negociación política que se pueda dar en el ámbito del Congreso de la Nación, los hechos indican que vamos mal y que vamos perdiendo recursos. El propio gobernador en el inicio del período de sesiones ordinarias dijo que en febrero los recursos coparticipables automáticos cayeron un 20%. Ahora está entre un 24 y un 28% para el mes de marzo. Todos los meses tenemos menos recursos, tenemos mayores demandas y obligaciones primordiales que cumplir como Estado provincial y por otro lado tenemos un gobierno nacional que cada dos por tres nos quita recursos”, cuestionó.
El legislador ya presentó un proyecto en este sentido, a fin de que se dé la instrucción respectiva al Fiscal de Estado, y tomó distancia de los legisladores nacionales que avalaron con su voto algunas de estas medidas. “Yo no soy ni diputado ni senador, y no voté la ley 27.775, detrayendo de la masa coparticipable recursos que nos podían llegar a favorecer. Tampoco avalé la decisión de excluir la segunda cuota del pago del aguinaldo por el decreto 473 de Ganancias. Yo hablo en función de mi postura política. Si otros actores institucionales tuvieron una postura distinta respecto del impuesto a las Ganancias, no es el caso mío”, manifestó.
“Uno pudo haber apoyado la candidatura presidencial, pero eso no significa, al menos de mi parte, un aval a algunas decisiones políticas que atentan contra la masa de recursos que tenemos derecho a percibir”, sentenció.
Caja todavía en emergencia
Si bien en la última sesión los legisladores aprobaron por mayoría el cambio de destino del impuesto a entidades crediticias, en beneficio de la OSEF y en detrimento de la caja, Villegas recordó que todavía el sistema previsional está en emergencia y puso en duda que sea superavitario. “Nosotros todavía mantenemos en vigencia una ley de emergencia previsional. El gobierno provincial quería que la totalidad del recurso que se discutió en la última sesión fuera de la caja a la OSEF. Nosotros lo que hicimos fue plantear un proyecto alternativo y fijar un plazo extraordinario de la transferencia de ese recurso y en un 75%, para que cubra el déficit mensual de la OSEF, a fin de garantizar las prestaciones médicas. Por otro lado, logramos que el 25% restante se siga pagando a la caja en concepto de la deuda histórica certificada por el Tribunal de Cuentas”, dijo.
“En la sesión tuvimos una reunión con el Ministro de Economía, el titular de la AREF y el presidente de la caja, y yo manifesté que no me voy a dejar llevar por la opinión de un funcionario en particular. Si estamos tan bien, no sé por qué tenemos una ley de emergencia previsional vigente, ni por qué exigimos una cuota adicional de pago a aquellos que ingresan en el primer año, o por qué seguimos cobrando a los funcionarios un porcentaje extraordinario, o por qué seguimos cobrando a aquellos que perciben remuneraciones mayores a la del gobernador. ¿Quién dice que estamos tan bien, un funcionario en particular o un informe actuarial objetivo?”, se preguntó.
“Particularmente me trato de manejar de la manera más objetiva, a través de informes técnicos serios, con respaldo documental, y no en base a la opinión de un funcionario circunstancial, con todo el respeto que me merece el presidente de la caja de Tierra del Fuego. Si nosotros sacamos la emergencia e incluimos el pago de la deuda histórica de los famosos 208 millones de dólares, me pregunto si la caja de previsión es superavitaria o deficitaria”, disparó.
Al momento de votar la ley, se desconocía el contenido del DNU publicado ayer. “El DNU es de hace tres días y el presidente excluye de la reconducción del presupuesto 2023 las obligaciones de sostener a las cajas provinciales en una parte del déficit. Lo que tengo en claro, en función de la historia institucional de la caja de previsión, es que muchas veces resulta muy apetecible meterle mano cuando está recibiendo un poquito más de lo que paga de jubilaciones. Eso es sembrar las condiciones de un gran problema que se va a generar en el corto y mediano plazo, y provocar nuevamente un déficit serio que imposibilite el pago de jubilaciones en tiempo y forma, como nos ha indicado la cruda realidad de los últimos 25 años”, advirtió.
“Por eso peleé durante la sesión para que no se afectara el 100% de la alícuota a las entidades bancarias a la OSEF, sino hasta un 75% por un plazo determinado de 180 días. Fue una de las condiciones que impusimos en términos legislativos, dejando reserva de que el 25% restante se siga pagando como deuda histórica a la caja. No tenemos un informe actuarial actualizado que indique que hoy el sistema previsional puede desligarse de algunas herramientas financieras sin entrar en crisis. Hasta tanto eso no ocurra con un informe actualizado, yo voy a seguir peleando por esta obligación de la Nación hacia las cajas provinciales, para seguir robusteciendo financieramente y económicamente el sistema previsional de Tierra del Fuego”, expresó.
Se le preguntó si tiene previsto pedir informes a la caja sobre la situación con ANSES, y respondió que “en el curso de esta semana voy a pedir informes. Leí el articulado del DNU y escuché las declaraciones del Ministro del Interior, y no coincidía lo que dijo con lo que dice el decreto y la ley de presupuesto vigente. Nosotros no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos quietos y tenemos que reclamar ante quien corresponda los recursos que son nuestros. Hoy por ahí estamos un poquito bien, pero no me gustaría caer nuevamente en la historia institucional de la caja. Hay que prevenir, hay que seguir fortaleciendo el sistema previsional, para evitar dolores de cabeza en el corto y mediano plazo”, remarcó.
“Las autoridades del gobierno de la provincia nos han dicho que la OSEF tiene un déficit de aproximadamente 1.300 millones de pesos, y una deuda superior a los 10 mil millones de pesos. Lo que hicimos el otro día fue afectar parcialmente recursos que estaban afectados en un 100% a la caja de jubilaciones, que habían aumentado considerablemente en función de un trabajo serio de la gente de la AREF, que permitió que la provincia pueda tener mayores recursos, sin aumentar impuestos. Afectamos una masa de dinero equivalente al déficit mensual. El plazo extraordinario, desde mi postura personal, se debe a que en el mientras tanto quiero saber la realidad de la OSEF. En estos últimos cuatro años, salvo en alguna visita de un par de horas a una reunión de la comisión de presupuesto, nosotros no tuvimos la oportunidad de que vengan las autoridades de la OSEF y nos digan qué están haciendo, qué herramientas de gestión llevan a cabo y los sistemas de control de las prestaciones médicas y del pago de medicamentos. Hay muchos interrogantes al respecto y por eso, hasta tanto no se resuelvan esos interrogantes y sepamos si se está administrando bien la obra social, se fijó la herramienta financiera por el plazo de 180 días”, subrayó.
“Hay un convenio con la FACAF por el tema de medicamentos y durante el año pasado se pagaron millones y millones de pesos, pero resulta que los vecinos plantean los problemas de las personas que tienen enfermedades crónicas para conseguir los medicamentos, los trámites burocráticos que les obligan a hacer. Esto lo conocemos todos y lo hemos escuchado durante mucho tiempo. Los laboratorios no les venden porque no les están pagando y a lo mejor ese convenio con la FACAF no era el más conveniente para los intereses comerciales. Son todos temas que como legisladores tenemos que tener respuestas para después tomar una decisión, para colaborar de la mejor manera posible y obtener la mejor gestión de la OSEF”, concluyó.
