Rivarola aseguró que el decreto es ilegal e inconstitucional

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio afirmó que el decreto 149/2025 es “ilegal e inconstitucional” y adelantó presentaciones judiciales por parte de las cámaras afectadas. Explicó que el dinero que se recaudaba por el aporte de los comercios a razón del 0.5% del salario de cada empleado, se destinaba al INACAP, un instituto de capacitación a nivel nacional. Con la medida del gobierno quedaría desfinanciado y no habría posibilidad de seguir brindando capacitación. Remarcó que se trata de un acuerdo entre privados, donde el Estado no debe tener injerencia.

 

Río Grande.- El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de esta ciudad, Daniel Rivarola, afirmó que el decreto 149/2025 es “ilegal e inconstitucional”, al tratarse de una intromisión en acuerdos entre privados.

La norma elimina el pago obligatorio del empleador al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que fue creado en 2008 y que alcanza a 1,2 millones de trabajadores. Según fuentes del Gobierno, en marzo la cuota es de $4.725,02 por empleado y representa el 0,50% del salario de maestranza A inicial, que sube con cada paritaria, y se paga aunque no se capacite.

El mismo decreto establece que el gobierno no homologará negociaciones colectivas que obliguen a hacer este tipo de aportes, ya que hasta ahora se hacía una “interpretación incorrecta” de la ley que regula estos convenios.

Para Rivarola este aporte es similar al aporte solidario de los trabajadores a la entidad gremial. “La medida es la misma, porque son acuerdos de partes firmados ante el Ministerio de Trabajo, homologados legalmente y que tienen vigencia desde 2008 en el caso de comercio”, dijo por Radio Provincia. 

“Este es un aporte obligatorio al INACAP para la capacitación de sus integrantes. Podría darse por cerrado el INACAP y no se capacitará a nadie en el país, que es lo contrario a lo que el Estado pide. No afecta en nada las relaciones comerciales, sí la capacitación”, aclaró.

En la práctica, “la FAECYT lo que hace a través del acuerdo del 2008 es poner salones y profesores en las filiales que tengan, para que asesoren, entrenen y capaciten. Esa es la parte que nos tocaba a nosotros y el financiamiento lo ponía la CAME a través de esta recaudación”, explicó.

“Como todo acuerdo colectivo, abarca a todos los integrantes del sector. Estén o no estén en la CAME, están obligados a pagar ese aporte. En algún momento la CAME puede convocar a los empleados de alguna empresa a asesorarlos o capacitarlos, y entonces se hacen acuerdos colectivos”, sostuvo.

“Lo que hace el decreto es sacar la cuota obligatoria por pedido de algunos empresarios, no de las cámaras, que van a dejar de percibir esa cuota. Calculo que CAME a través de sus representantes legales harán las presentaciones que corresponden. Ayer hablé con el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande sobre este tema y me transmitió su preocupación, porque ese aporte que hacen los empresarios se divide de acuerdo a las filiares adheridas y ese importe va a dejar de venir”, señaló sobre el impacto en la cámara local. 

Rivarola consideró que “el Estado se está metiendo en acuerdos privados, lo que está lejos de los que se dicen libertarios. Están determinando qué puede hacer el sector privado, y eso no es legal y es inconstitucional”, sentenció. 

Recordó que “se cobraba el 0,5% por cada obrero, esté o no en la cámara correspondiente. Son acuerdos convencionales que abarcan a todos. Los acuerdos que firma la Cámara de Comercio no son solamente para los que están adheridos a la cámara, y el gremio firma acuerdos salariales no solamente para los que están afiliados. Los convenios colectivos abarcan a todo el espectro”, expresó.

Con respecto al monto recaudado, son cifras multimillonarias, porque “el universo de empleados de comercio ronda el millón doscientos mil y es el más numeroso. En Río Grande estamos en los 1.300. En Ushuaia desconozco porque es otra entidad sindical. Entre Río Grande y Tolhuin tenemos entre 1.100 y 1.300, y el número fluctúa por la ola de despidos”, dijo.

 

Caída del empleo

 

“El año pasado sufrimos 300 despidos y en estos dos meses llevamos entre 30 y 40 despidos. El mayor porcentaje es el sector de limpieza, por el no ingreso de trabajadores metalúrgicos en las empresas. También obedece a la falta de ventas por la imposibilidad de reactivar el sector. Hay comercios que no pueden sostener el empleado y otros donde atiende el patrón”, indicó.

“Los grandes mercados de Río Grande no han tenido bajas, mantienen su personal. Ha habido algunos arreglos en forma individual, pero han sido recuperados esos puestos por otro trabajador. En esta temporada no han tomado la opción de mucho reemplazo por trabajadores temporales. Tenemos trabajadores con muchísima antigüedad en el supermercadismo y hay compañeros con 30 o más días de vacaciones y es complejo que los reemplacen. Se trata de cumplir con los que hay”, manifestó.

Estimó que en la ciudad “el 40% de los trabajadores está dentro del supermercadismo. En Tolhuin es mucho menos porque hay mercados más chicos y hay más empleados por fuera del supermercado. En Río Grande hay cuatro sectores grandes que se distribuyen en varias sucursales”, puntualizó.

Sobre la causa de los despidos, dijo que “obedecen a negocios chicos que no resisten y también obedecen a una informalidad importante. En el último año y medio ha crecido muchísimo y esto nos tiene ocupados permanentemente, denunciando ante el Ministerio de Trabajo el empleo en negro que existe. Es parte de lo que hace que se sostengan, al empezar a evadir el aporte patronal a los organismos de seguridad social, son compañeros que no tienen ART ni obra social. También solemos denunciar el subempleo, que es el que trabaja ocho horas pero está declarado por cuatro. Eso en Río Grande y en Tolhuin ha crecido muchísimo en los últimos dos años y es lo que combatimos. Es la media jornada disfrazada y, como el compañero recibe una parte en negro, no la puede discutir porque la pierde. Se abusan del trabajador, que cuenta con ese dinero y no se queja porque no tiene otro lugar adonde ir. Los organismos de control no salen a la calle para no pagar el costo político, y cuando salimos nosotros a veces terminamos siendo los malos de la película, cuando en realidad somos los que debemos controlar”, subrayó. 

“El compañero a veces no se queja porque al tener declarada media jornada tiene obra social y accede a la afiliación sindical. Esto salta a la luz cuando cae un inspector nuestro o cuando hay una desvinculación por un conflicto con la patronal. Ahí nos dice que en realidad trabajaba ocho horas y se complica bastante la discusión de la indemnización que le corresponde”, advirtió.

Consultado sobre el rol de los organismos de control, señaló que “los controles del Ministerio de Trabajo existen a media máquina. Nosotros hacemos presentaciones y en su gran mayoría van, pero van a lo que denunciamos y nosotros no llegamos a cubrir todo el espectro comercial de Río Grande. Tendría que tener un cuerpo de inspectores de diez personas para fiscalizar el empleo en negro y no es nuestra tarea primaria. Cada vez que hacemos una denuncia, el ministerio cumple. Lo que falta es que salgan a la calle en forma normal y habitual como debería ser. Tanto nación como la provincia, incluido el ARCA, no están haciendo ese trabajo en forma normal y habitual”, lamentó.

Por último se le pidió opinión sobre los showrooms, que han proliferado en los últimos años. “Tenemos una mirada distinta de la Cámara de Comercio, lo mismo con las ferias. Han crecido muchísimo y mucha gente despedida ha entrado en esta idea de poner un local comercial en su propia casa. Hay menos ferias y más showrooms que en el pasado y para la cámara es una competencia desleal porque no pagan habilitaciones, cartelería o facturaciones, pero no tienen empleados, entonces no es un conflicto que nos llegue a nosotros. A nosotros nos sirve porque es alguien que gana una moneda y la gasta en el comercio, donde atienden nuestros empleados”, concluyó. 

 

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