El legislador de Provincia Grande cuestionó al gobierno nacional por la paralización de obras viales y recordó que Vialidad Nacional recibe fondos específicos para el mantenimiento de rutas. Dijo que se desconoce el destino de esos fondos en 2024 y, de no haberse asignado a Vialidad, se estaría ante una malversación de fondos. También cargó contra la disolución del área de puertos y vías navegables, que demora la autorización que está esperando el grupo Mirgor para dar inicio a la obra del puerto de Río Grande.
Río Grande.- El legislador de Provincia Grande planteó una posible malversación de fondos, tras la noticia sobre la paralización de obras viales, que se suma a la deuda que mantiene Vialidad Nacional con la provincia. Dijo que se desconoce el destino del dinero recaudado por el impuesto a los combustibles e instó a los legisladores nacionales a realizar los pedidos de informe correspondientes.
“Estamos complicados por un proceso económico nacional que está castigando muchísimo a la industria. Es un proceso de desindustrialización que impacta muchísimo en la zona norte. Nosotros creemos que es indispensable el desarrollo de la zona norte y por supuesto contar con un puerto. No es sólo para el desarrollo de Río Grande en particular, porque un puerto de las características que se está proyectando es una obra que beneficia a toda la provincia”, manifestó.
“Cada ciudad tiene sus características y se tienen que potenciar entre sí. No debe haber competencia entre una y otra, sino una ciudad que se dedique a una cosa, otra ciudad a otra, y que cada uno pueda aportar su potencialidad de la mejor manera. No se puede tener una ciudad industrial en Río Grande y carecer de puerto. Es un sinsentido. Claramente tiene que ser prioridad de cualquier gobierno y hoy hay una oportunidad con un proyecto privado. Por lo que venimos conversando con el Grupo Mirgor, están interesados en desarrollar esta obra y tienen el financiamiento. Tenemos que hacer todo lo que esté nuestro alcance, tanto el gobierno como el municipio, para que esto se realice. Esto beneficia a Ushuaia, que puede destinar su puerto al turismo, sacando un poco la actividad de carga que afea tanto el lugar”, planteó.
“El puerto es una obra que requiere de un financiamiento importantísimo y, como toda obra de esta envergadura, aquel que va a financiar necesita certezas. La certeza la da el Estado cuando autoriza la obra y hace la licitación del puerto. Tenemos un gobierno que ve al Estado como un enemigo y no deja de desmantelar áreas del Estado. Acaban de disolver vías navegables y la dirección nacional de puertos, que son las que tenían que dar las autorizaciones. Eso fue reemplazado con otra área que todavía no está en funciones y esto es lamentable, pero está pasando en toda la administración pública nacional. Esto nos está demorando una obra que necesitamos y ya debería haber empezado”, cuestionó.
El hecho se suma a la deuda de 300 millones de Vialidad Nacional durante 2024. “Vamos a hacer un pedido a nuestros legisladores nacionales para que se tramite un pedido de informes. Es gravísimo porque ya el mantenimiento de rutas estuvo prácticamente paralizado el año pasado y cualquier vecino que recorre la ruta 3 lo ve. La ruta es un desastre y vemos lo que está pasando en el Paso Garibaldi también, que necesita urgente de una intervención. Esta medida sorprende, y espero que los legisladores nacionales hagan un pedido de informes, porque Vialidad Nacional tiene fondos específicos. Hay una parte del impuesto a los combustibles que va directamente a Vialidad Nacional y que es para el mantenimiento de esas rutas. No sabemos qué se hizo con ese dinero en 2024 y si se usó para otra cosa. Si ocurrió esto, estamos hablando de una malversación de fondos, porque es dinero que tiene asignación específica”, advirtió.
“No sabemos si guardan la plata como están haciendo con los alimentos, que los dejan en un galpón mientras la gente se muere de hambre. Tenemos que empezar a exigir y a hacer los pedidos de informe para que el Estado se haga cargo de sus deberes de mantener las rutas, porque para eso tiene un financiamiento específico. Queremos saber dónde está ese dinero”, reclamó.
Acuerdo Vuoto-Melella para la reforma
Por otra parte se lo consultó sobre las declaraciones del legislador Federico Greve respecto de los votos con los que contaría en la Legislatura para avanzar con la reforma constitucional, en base a un acuerdo político con el intendente Vuoto. “Yo desconozco si es cierto o no, y no escuché esas declaraciones. Ellos manifiestan que quieren avanzar con la reforma de la Constitución y yo no voy a opinar sobre lo que tiene que ver con la decisión de la Justicia. Hay que ver qué sucede, porque hay una medida judicial que ha suspendido la aplicación de la ley y hay que esperar el fallo. La Justicia dirá qué se hace y me parece apresurado hablar de votos o de consenso en la Legislatura si la Justicia no dice nada al respecto”, consideró.
“Si la Justicia falla en contra de la ley y ellos dicen que tienen los diez votos, me parece bien pero lo desconozco. El tema de la reforma de la Constitución ellos lo han puesto en la agenda y hay que esperar lo que dice la Justicia. En todo caso intervendrá la Legislatura después de que la Justicia falle en un sentido o en otro, pero es adelantarnos a lo que pueda decir la Justicia”, reiteró.
“Todo el mundo tiene derecho a hacer los acuerdos que quiera y con el que se sienta más cómodo. Lo que siempre decimos, y por ahí alguno se enoja, es que si estos acuerdos políticos tienen que ver con que el financiamiento de obras vaya direccionado solamente a una ciudad, no me parece del todo justo. Más allá de las afinidades políticas, cuando se discrimina a una ciudad como Río Grande o Tolhuin, no se está castigando a un intendente, sino que se está castigando a los vecinos que no reciben las obras que necesitan. Me parece que es lo que el gobierno debería tener en cuenta”, concluyó.
