La Dra. Ana Carro, síndica de Terra Ignis, aclaró que todavía sigue en funciones porque la Legislatura no trató el pedido de baja y reemplazo pedido por la empresa. Cuestionó que aparezca en los medios el contador Rafael Pereyra Ramos oficiando de vocero, cuando pertenece a un órgano de control interno que debe ser independiente. También sostuvo que la ley de creación es clara y se trata de “una empresa pública de gestión privada”, que debe rendir cuentas del uso de los fondos públicos. Al cierre del ejercicio 2023 no había ingresos ni egresos, y se había advertido desde la sindicatura sobre las contrataciones, que estaban generando pérdidas al no tener ganancias todavía. No hay datos del destino de los dos millones de dólares que habrían ingresado en 2024 y, ante sus requerimientos, la empresa decidió desvincularla. El plurifuncionario Maximiliano D’Alessio, presidente de Terra Ignis, representante oficial del gobierno en Casa Tierra del Fuego y director del FAMP, sigue sin dar explicaciones.
Río Grande-. La síndica de Terra Ignis, Dra. Ana Carro, respondió por Radio Provincia a las declaraciones a este medio del contador Rafael Pereyra Ramos, síndico designado por el Ejecutivo y señaló que está oficiando de vocero de la empresa cuando pertenece a un órgano de control interno que debe ser independiente.
“Pereyra Ramos forma parte de la sindicatura colegiada desde el inicio de Terra Ignis y está designado a propuesta del Ejecutivo. Por mi parte todavía no se ha resuelto en la Legislatura la remoción o sustitución de mi cargo como síndica, hay un proyecto que propone un nuevo síndico y en la sesión de abril se presentaron dos proyectos, uno fue presentado por el Ejecutivo y notificaba a la Legislatura que en una asamblea extraordinaria me habían desvinculado, y que asumiría tomo titular el Dr. Zeni, que es mi síndico suplente; y piden que se designe un nuevo síndico suplente por parte de la Legislatura. Ese proyecto ingresó a la comisión de Labor Parlamentaria para ser tratado y se podría haber ratificado mi desvinculación del cargo como síndica titular pero eso no ocurrió. El proyecto no tuvo los votos y se mandó a comisión 1. Mi situación sigue siendo la misma”, sostuvo, por lo cual continúa formalmente como síndica.
“Por otra parte, Terra Ignis mandó una comunicación oficial por la cual informa a la Legislatura dos cosas que son gravísimas: primero, que Terra Ignis no va a dar información porque es una empresa privada y esto no es así, porque no es una empresa privada sino una empresa pública de gestión privada; el presidente además dice que, no obstante estar capitalizada con fondos públicos, no tiene que rendir cuenta de esos fondos a la Legislatura, porque se rige por el derecho privado, por la ley de sociedades. Esto es ridículo, no olvidemos que la empresa tiene el 100% del capital público y, en caso de estar asociada con un accionista privado, la empresa no puede tener un capital inferior al 51%, es decir que siempre Terra Ignis va a tener participación estatal mayoritaria”, aseguró.
“La gestión es privada, por ejemplo las contrataciones que hacen se rigen por la ley de contrato de trabajo, pero el manejo de los fondos públicos y las personas que hoy están designadas por una autoridad competente para manejar esos fondos públicos, son equivalentes a los cargos de funcionarios públicos, están alcanzados por el artículo 77 del Código Penal, y manejan fondos públicos. No se puede decir que la empresa es privada, salvo que se modifique la ley de creación de la sociedad y digan que la provincia pone la plata pero ni la Legislatura ni nadie interviene. Eso no es así, se confunde una gestión privada al afirmar que la sociedad es privada y se omite todo lo que corresponde a una ley que creó la sociedad y establece una comisión fiscalizadora con intervención como ente de contralor a la Legislatura”, puntualizó.
“Además en la notificación se adjunta un recibido de un supuesto ingreso de contestación de pedido de informes del año 2023, y los fondos públicos que fueron girados a Terra Ignis corresponden al ejercicio 2024. El ejercicio 2023 es el que yo cerré y Rafael Pereyra Ramos cerró el informe conmigo”, subrayó.
“El informe habría ingresado a la comisión 2 el 23 de diciembre de 2023 y se dio a conocer en abril. En la sesión el legislador Sciurano informó que la nota ingresó a la comisión, pero desde el 23 de diciembre de 2023 aparece esa nota el 30 de abril, y los legisladores no tenían conocimiento, cuando debería haber ingresado por mesa de entradas y ser girada a bloques. La verdad es una irregularidad que hay que decirla”, observó sobre la omisión de informar en tiempo y forma.
Los dos millones de dólares
Con respecto al giro de dos millones de dólares a la empresa por parte del gobierno, no lo puede confirmar porque “la documentación no la vi ni yo ni la Legislatura. Hay una negativa constante a darle documentación a la Legislatura, porque dicen que no corresponde que haga pedidos a una sociedad anónima privada”.
“Para el caso concreto de que existiese una sociedad con un accionista privado y una cláusula de confidencialidad, en ese caso hay que dar cuenta de que hay una cláusula de confidencialidad por el período vigente de esa cláusula, y posteriormente remitir la documentación. Pero no me queda claro cuál es la cuestión privada que no se puede compartir a la Legislatura, sobre fondos públicos en un ciento por ciento”, remarcó.
“Es preocupante el manejo que se está haciendo, porque es totalmente irregular. La ley de creación de Terra Ignis es clarita: la Legislatura designa no sólo directores sino también un síndico, y no quieren que intervenga la Legislatura. En todo caso que vaya el señor presidente Maximiliano D’Alessio a la Legislatura y pida que hagan una nueva ley. Hoy están manejando la plata de la gente, no es una empresa que salió del bolsillo de él”, enfatizó.
Cabe señalar que hasta ahora el plurifuncionario D’Alessio no ha hecho declaraciones a la prensa, ni como presidente de Terra Ignis, ni como representante del gobierno en Casa Tierra del Fuego, ni como director del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva.
“Me sorprende que el contador Rafael Pereyra Ramos haya salido a hablar como si fuese un vocero de la sociedad. Su rol es de fiscalización y la fiscalización debe ser independiente. No puede entrometerse en competencias de gestión y esto tiene que estar bien delimitado, porque la fiscalización tiene que ser imparcial e independiente”, dijo.
Responsabilidad penal
Consultada acerca de si cabe alguna presentación por parte de la Legislatura o de un particular ante la justicia, indicó que “por ahora esto fue girado a la comisión 1, y se deben iniciar las acciones legales correspondientes en caso de que corresponda, porque están alcanzados por el artículo 77 del Código Penal. La gente que maneja esos fondos públicos es penalmente responsable”, subrayó.
“La documentación no se mostró y no se mandó a la Legislatura, y lo que pidieron a la Legislatura fue a comisión (designación de nuevo síndico). En comisión se le va a dar el tratamiento que los legisladores consideren necesario y luego se elevará a sesión para que se vote”, apuntó.
Llamado de atención
Asimismo, dio cuenta del llamado de atención que hizo la sindicatura en el informe de cierre del 2023. “Fue observado el capital, que no estaba integrado en la cuenta. También se dijo que la comisión fiscalizadora no dijo nada al respecto y esto no es así. En el último párrafo del informe que elevamos se deja constancia de que a la fecha del cierre del ejercicio 2023 la cuenta de la sociedad no tiene ni ingresos ni egresos. El capital social es un ingreso y se dejó claramente expresado que la sociedad no tenía un peso, ni ingresado ni egresado”, afirmó.
“Con el síndico firmamos juntos ese informe y me llama la atención que (Pereyra Ramos) diga que la comisión fiscalizadora omitió hacer un análisis con respecto a eso. Si como dice se puso el dinero en efectivo, si lo vio un escribano, a mí no me consta, y es una cuestión de forma que nada tiene que ver con la fiscalización”, sentenció.
“El problema serio es que se giraron fondos públicos y nadie sabe cuánta plata es. Lo que se sabe es lo que se dijo, los dos millones de dólares, la capitalización del 25%, el giro para sueldos, pero no sabemos qué se hizo con esa plata y qué está produciendo esa empresa. El punto central es qué se hace con los fondos públicos que son girados desde el Estado a Terra Ignis, porque no es la plata de ellos”, observó.
Todavía en funciones
En cuanto a las manifestaciones de Pereyra Ramos sobre la desvinculación de la Dra. Carro, por lo cual no pueden darle información, aclaró que la situación no se resolvió porque la baja y el reemplazo están en comisión de la Legislatura y, hasta tanto no se defina sigue en el cargo.
Denuncias a órganos de control
También se le preguntó sobre las denuncias que radicó en Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. “La única respuesta que tengo es de la Fiscalía de Estado, que está investigando. Desde el Tribunal de Cuentas lo único que se dijo es que Terra Ignis habría presentado algún tipo de documentación. Cuando la comisión fiscalizadora interna lo considere oportuno, puede fiscalizar el Tribunal de Cuentas como órgano externo, porque la sindicatura es un órgano interno de fiscalización”, dijo.
“No sabemos qué información enviaron al Tribunal de Cuentas porque no hay datos concretos. A la Legislatura le dicen que algunos directores están percibiendo un salario y otros no, pero nada más. No hay números y no hay datos de las contrataciones por dos millones de dólares. Cuando se pide la información la respuesta es que es privado y que a la síndica de la Legislatura la removieron. Además está todo el tema de las contrataciones, porque en el informe de 2023 se pidió que revisaran todas las contrataciones porque generaban un pasivo constante para una sociedad que no tiene ganancias. La comisión fiscalizadora no puede decir que no contraten o a qué valor, porque esas son cuestiones de gestión, pero sí podemos observar que, si siguen contratando personal y pagando sueldos, están generando un pasivo constante a una sociedad que no está produciendo, y eso es pérdida”, aseveró.
“No pueden decidir que, por pedir documentación, quedo desvinculada, cuando todo esto implica una responsabilidad que va a recaer en mí ante cualquier investigación y ante cualquier requerimiento. Si me desplazan arbitrariamente e ilegalmente, la responsabilidad va a seguir siendo competencia mía y el día de mañana voy a tener que dar respuesta yo. Mi rol es dejar clara esta situación”, explicó.
“Que se diga que es una empresa privada y que no pueden mostrar la documentación sobre el destino de fondos públicos es un delirio. El centro de la cuestión son los fondos públicos que son girados y de los que hay que rendir cuentas”, concluyó.
