El legislador del MPF Pablo Villegas defendió la ley que prohíbe la instalación de salmoneras y dijo que solamente habilitaría la rediscusión sobre los topes de producción en tierra. Subrayó que la población fueguina decidió cuál es la estrategia del desarrollo y que no pueden venir a imponerla desde Buenos Aires. También explicó las condiciones del litoral marítimo fueguino, que no son las chilenas, por lo cual es “una mentira” que se puedan generar miles de puestos de trabajo para reemplazar los que se perderían en la electrónica. También adelantó un proyecto que persigue declarar la ilegalidad de las desobligaciones del SUTEF, porque son “medidas de acción directa” que privan a los alumnos del derecho fundamental a aprender.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas sentó su postura frente a la rediscusión de las salmoneras por FM Origen, ante un debate que se reabriría en la Legislatura, impulsado por el gobernador Melella. “Lo que he escuchado del gobernador de la provincia es que en el corto o mediano plazo va a presentar un proyecto de ley tendiendo a habilitar la instalación de granjas de cría de salmones en la zona norte de la isla, por lo que dijo. También aumentaría el cupo de toneladas que se puedan llegar a generar a través del sistema RAS, que es el sistema de producción de salmónidos en tierra”, señaló.
“Proyecto de ley del Ejecutivo no hay, no hay más que esa declaración el gobernador. Hay dos proyectos de ley de los legisladores Coto y Gracianía, uno más amplio que habla de la acuicultura en general, y uno más específico que tiene que ver con la modalidad del sistema RAS, de recirculación de agua, para ser habilitado en Tierra del Fuego”, recordó.
“Lo que quiero dejar en claro es que la ley 1.355, que fue resultado de una amplia participación ciudadana, es una ley que reglamentó la producción de salmonicultura en la Tierra del Fuego, prohibiendo las grandes granjas al estilo chileno, en los cursos de agua, ya sea en el mar, ríos y lagos de toda la provincia. Además dejó la puerta abierta para habilitar con un techo de 50 toneladas la producción de salmónidos en instalaciones en tierra con el sistema de recirculación de agua, como hay en la zona de Almanza por parte de un emprendedor local desde hace muchísimos años. Esto no tiene acompañamiento del Estado, que no garantiza el servicio de electricidad ni de agua potable, mucho menos de tratamiento de efluentes cloacales. Este productor local tiene su emprendimiento desde hace años y satisface el mercado local gastronómico con la producción de truchas”, indicó.
“Hasta ahora se permite la producción sobre tierra con el sistema RAS y hay un techo de 50 toneladas, que podría ser discutible y ampliarse. Lo que está prohibido son las grandes granjas al estilo chileno ya sea en el mar o en los lagos, por una definición estratégica que hemos adoptado a través de la ley 1.355, que tiene en cuenta dos cuestiones fundamentales que generan una especie de sinergia e interacción, y que responden a un modelo de desarrollo económico sostenible. Por un lado se preservan las condiciones ambientales, porque todos sabemos que las salmoneras generan un impacto ambiental irreversible; por otro lado se genera un trabajo conjunto con la actividad turística que se ha desplegado de mejor manera en la zona sur de la provincia, pero estoy absolutamente convencido de que se puede llegar a explotar en la zona centro y norte de nuestra provincia, generando las obras de infraestructura correspondientes por parte del Estado, como se hizo en la década del ’90”, confió.
Cabe señalar que la vicegobernadora Mónica Urquiza se pronunció abierta a rediscutir la ley, por lo cual se lo consultó si esta visión es compartida por otros bloques políticos. “Yo no soy exégeta de los dichos de la vicegobernadora y cada uno tiene su opinión. Yo no puedo decir qué opinan los demás legisladores respecto de la ley 1.355 y de esta voluntad del gobernador de habilitar las granjas de producción de salmones en el centro y norte del litoral marítimo de Tierra del Fuego y en algunos lagos. Lo que puedo decir es que yo sigo parado en el mismo lugar, trabajé en su momento con dos proyectos de ley, con la participación democrática de actores sociales del mundo científico, del mundo productivo, del mundo ambiental y del mundo laboral. Yo sigo pensando lo mismo y no cambio de opinión de acuerdo a las circunstancias. Trato de ser coherente y no borrar con el codo lo que ayer escribí con la mano”, subrayó.
“Esa es mi posición política y respeto las demás posiciones que puedan tener otros actores institucionales. La gente tiene que tener en claro que es una mentira plantear esto como una alternativa de generación de puestos de trabajo, ante el problema que se ha generado por la baja de aranceles a la producción de teléfonos, que podría implicar una pérdida de cuatro mil puestos de trabajo. Es una falacia hacer creer que la instalación de este sistema de producción de salmones en estas grandes granjas va a generar semejante cantidad de puestos laborales. Lo que van a generar es un impacto ambiental irremediable, afectando las condiciones ambientales existentes y la fórmula exitosa que venimos desarrollando en Tierra del Fuego, que genera un derrame económico en distintos sectores sociales, como es la conservación ambiental y la actividad turística”, dijo.
Reiteró ya por razones técnicas que “es una mentira que van a crear miles de puestos de trabajo, por una cuestión muy sencilla y que tiene sentido común. El litoral marítimo que tenemos en Tierra del Fuego es muy distinto de las condiciones del litoral marítimo de Chile. La parte centro de Chile tiene un litoral conformado por fiordos, donde hay condiciones de corrientes marinas y de mareas bastante particulares. No son las mismas condiciones que tenemos en la zona centro y norte de nuestro litoral marítimo y además tampoco tenemos la extensión que tienen los siete mil kilómetros de costas con fiordos que tiene Chile”, comparó.
“Me parece que, por donde se lo mire, es un debate que yo lo entendía superado y que no va a generar lo que se dice que va a generar, que son miles de puestos de trabajo. Soy un manifiestamente convencido de que, si el Estado como en la década del ’90 hizo la obra del Cerro Castor o el aeropuerto y la ruta 3 para generar las condiciones para el desarrollo turístico en la zona sur, de igual manera y con la misma intensidad y visión estratégica, debe generar obras de infraestructura en la zona centro y norte, y la actividad turística en forma directa o indirecta va a generar muchísimos más puestos de trabajo que la instalación de estas granjas”, aseguró.
Lo cierto es que hasta ahora la ley no se ha empezado a discutir, más allá de las opiniones por los medios. “Yo no tengo ningún problema en debatir el techo que prevé la ley 1.355 de las 50 toneladas. Si hay que subirlo, se lo subirá, porque es un sistema de producción en tierra con recirculación y tratamiento de aguas y nutrientes, que es muchísimo menos contaminante y no afecta la matriz biológica ni la preservación ambiental como lo hacen las grandes granjas como las que tienen los chilenos”, aclaró.
“Yo respeto la posición de todos y es legítimo que no todos pensemos lo mismo, pero en términos políticos sigo estando convencido de que la ley 1.355 es una muy buena ley, que fortalece la preservación del medio ambiente y la actividad turística, que genera miles de puestos de trabajo en la provincia. También es una gran definición política en términos institucionales, que traduce que somos nosotros los fueguinos y no los que viven en Buenos Aires los que vamos a definir nuestro modelo de desarrollo sostenible y qué tipo de modelo de desarrollo queremos para Tierra del Fuego. Yo reniego cuando los funcionarios de Buenos Aires miran a la Tierra del Fuego desde la ventanita del obelisco y nos quieren decir qué tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Me parece irrespetuoso”, consideró.
“Somos nosotros los fueguinos los que tenemos que definir nuestro modelo de desarrollo. En este caso hubo una definición con la ley 1.355, que ha sido histórica, y debe mantenerse en el tiempo, con excepción del famoso techo de 50 toneladas, que es pasible de discusión”, manifestó.
Desobligaciones ilegales
Por otra parte adelantó la presentación de un proyecto que persigue declarar la ilegalidad de las desobligaciones docentes, por las cuales concurren a su puesto de trabajo pero no dictan clases, y no se les descuentan los días. “Yo estoy trabajando en un proyecto de ley que pretende declarar la ilegalidad de estas famosas desobligaciones, que son medidas de acción directa encubiertas. Bajo un falso ropaje de legalidad, en los hechos representan la interrupción del dictado de clases y la interrupción de la contraprestación laboral de parte del empleado. Esto debería habilitar a que el gobierno de la provincia actúe de un modo distinto a lo que viene haciendo hasta la fecha. Corresponde que ante esas medidas de acción directa se habiliten los descuentos, de acuerdo a la doctrina en la materia que dice que, si bien se le reconoce a los sindicatos derechos fundamentales como la negociación colectiva, el arbitraje y el derecho de huelga, también se le reconoce al empleador que, frente a un día en que no se presta el compromiso laboral de estar al frente del curso, el empleador tiene el derecho de hacer el descuento correspondiente”, detalló.
“En la Tierra del Fuego tenemos una cruda realidad que hay que revertir. Esa cruda realidad nos indica que es el SUTEF el que define cuándo y dónde hay clases en la provincia. El gobierno de la provincia tiene una conducta manifiestamente cómplice con estas desobligaciones y esto no es una apreciación política sino que lo tengo documentado. En febrero de este año yo presenté una nota al gobernador invocando el acceso a la información pública, relacionada con el área educativa. Pregunté sobre los permisos gremiales existentes y, entre otras cosas, solicité un informe sobre la postura frente a las desobligaciones en los años 2023 y 2024. El 18 de marzo de este año el Ministro de Educación me contestó la nota y textualmente dice que no hicieron los descuentos que correspondía hacer. Por otro lado me contesta sobre el criterio de las autoridades competentes frente a los días de desobligaciones, y dice que son fruto de un entendimiento entre el contratante y la entidad sindical y que pertenecen al ámbito de la prudencia política del momento. Con esto el ministro está diciendo que no les hicieron los descuentos que tendrían que haber hecho por ley a quienes no cumplen con la prestación de su obligación laboral y que entienden que es parte de un manejo discrecional en términos políticos de parte de la autoridad del Ministerio”, cuestionó.
“Es una contestación que me sorprendió y soslaya lo más importante, que las desobligaciones representan en los hechos la interrupción de las clases a nuestros niños. No se puede entender que sea un acto de discrecionalidad política y no hacer lo que se debe hacer para que se garanticen las clases. En ese marco de discrecionalidad política, lo fundamental es garantizar un derecho humano personal, de carácter social, como es el derecho a aprender, y el Estado está obligado por Constitución como una función prioritaria. Uno no puede seguir observando esta realidad sin interactuar y por eso estoy trabajando en un proyecto de ley para que, de una vez por todas y en el marco de las atribuciones que nos reconoce la Constitución a los legisladores, definir que esas desobligaciones son ilegales y que son un falso ropaje de medidas de acción directa”, sentenció.
“En todo caso el Poder Legislativo hará lo que el Poder Ejecutivo no está haciendo, que es declarar la ilegalidad de esas medidas y habilitar al Ministerio de Trabajo las herramientas que tiene que tomar en consecuencia”, concluyó.
