El legislador justicialista Juan Carlos Pino consideró que ya no hay excusas para abrir la ruta 7, porque las obras están prácticamente terminadas. Espera que prontamente se ordene el levantamiento de las tranqueras y quedará para una discusión posterior el convenio que firmó el gobernador con la estancia, que establece una especie de peaje equivalente a cinco millones mensuales. Recordó que está vigente la ley de expropiación y sostuvo que un convenio no puede estar por encima de una ley.
Río Grande. – El legislador justicialista Juan Carlos Pino recorrió la obra de la ruta 7, que une la margen sur con el resto de la ciudad y consideró que ya debería estar habilitada, en consonancia con el pronunciamiento de la Legislatura al respecto.
“La ruta está prácticamente terminada, ya está el alambrado, y creo que hay una cuestión más jurídica que otra cosa. El 2 de octubre del año pasado nosotros sancionamos la ley 1.558, que instruye al gobernador a la finalización de esta ruta, que declaramos de interés estratégico. Esta ley permitió la licitación a partir de diciembre y se invirtieron 112 millones de pesos. A partir de enero se comenzó a hacer la ruta y está prácticamente terminada. Lo que falta es sacar las tranqueras y ya podría quedar habilitada tranquilamente”, dijo por FM Master’s.
“Hay un tema que no es menor, que es el convenio firmado en 2023 entre el gobierno y la estancia Cabo Peña, que establece el pago de un canon o peaje de 4.000 litros de gasoil Infinia, que son 5 millones de pesos mensuales. Eso está sin ratificar y será una discusión aparte. En el futuro va a haber que analizar y discutir el convenio que se firmó en su momento. Ese convenio no tiene fin, sería de por vida y es un problema. Nosotros entendemos que hay declarar de interés toda esa zona y volver a la ley que se hizo en 2017, que es la ley de expropiación, pagar a tasación nacional, como corresponde, y que pase a la provincia. Eso lo vamos a discutir cuando llegue el momento”, señaló.
“Esta ruta le va a traer una solución a más de 30 mil vecinos que tienen que cruzar el puente General Mosconi todos los días. No solamente descomprime el tránsito sino que también sirve para las emergencias, para el transporte público, el transporte pesado, y ese tramo se recorre en 13 ó 14 minutos. Falta que levanten las tranqueras y se pueda habilitar definitivamente. Los vecinos de margen sur vienen haciendo el reclamo hace años y esta es una solución definitiva que le va a servir a toda la comunidad de Río Grande”, destacó.
“No me parece lógico que no tengamos un límite en cuanto al costo que va a significar para el Estado provincial, y esa es una discusión que daremos más adelante. La ley que declara la utilidad pública está vigente y creo que hay que retomar esa discusión y el canon no puede ser un impedimento. O hacemos caso al convenio o hacemos caso a la ley que está vigente. Lo importante es que la ruta está, hay que habilitarla y hay que exigir para que accionen y la habiliten. No hay ninguna excusa para no abrir el camino. Me animo a decir que se va a resolver prontamente”, confió.
Reforma de OSEF
Por otra parte, se lo consultó sobre la reforma de OSEF. “La comisión 5 se tiene que llevar adelante y estimo que se va a reunir la semana que viene. Falta que pasen las autoridades de OSEF y hay que tomar una decisión. Hay un proyecto de declaración de emergencia de OSEF y está la propuesta de los gremios de incorporar más gente al directorio. La Legislatura puede legislar en función de estos proyectos que están o de alguna otra propuesta, y después la responsabilidad es netamente de quienes conducen la obra social”, dijo.
“Hay una situación económica y financiera por resolver y hay que tomar medidas desde lo interno. Creemos que las auditorías tienen que ser permanentes y se tienen que exigir. Se tiene que incorporar en el proyecto una auditoría por lo menos trimestral, para tener algún tipo de control del gasto y de las decisiones que se toman. Nosotros incorporamos fondos en dos oportunidades y no alcanzaron, porque la obra social tiene un déficit de casi el 50%, y solamente paliamos una situación. Estamos hablando netamente de una cuestión económica y hay que tomar medidas con la conducción, pero eso es competencia del gobierno de la provincia”, concluyó.
