El Dr. Gustavo Ariznabarreta se presentó como defensor del camarista Andrés Leonelli, a quien le allanaron la casa y el despacho de la misma Cámara en relación a una investigación por presunta infracción al artículo 128 del Código Penal, de presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Según expresó, el defensor, la denuncia penal la efectúa Google Argentina, quien notificó y canceló la cuenta de Leonelli, a partir de este material sensible que poseía en la nube digital. Asimismo, remarcó que cualquier funcionario judicial está expuesto a esta situación, ya que el Poder Judicial de Tierra del Fuego, no cuenta con un servicio informático propio para el resguardo de la información de las causas que se tramitan.
Ushuaia. – Las declaraciones fueron vertidas en Radio Provincia, por el abogado Gustavo Ariznabarreta, quien se presentó esta mañana de jueves, como representante legal del juez Andrés Leonelli, notificado de derechos y garantías en el marco de una investigación por infracción al artículo 128 del Código Penal, de tenencia de material de abuso sexual infanto-juvenil.
“Se parte de una acusación fiscal de una denuncia que habría realizado Google a partir de haber detectado en una nube, registrada a nombre de Andres Leonelli, lo que para Google es material de abuso infantil. Esto paso hace meses atrás, le dan un aviso, que es usual en el protocolo, y Leonelli le contesta por escrito que es material que él tiene de carácter profesional, por su condición de juez penal”, aseguró.
“Muchas veces, y vale la pena aclararlo, los actores judiciales, fiscales, jueces, forenses, abogados particulares, tenemos información sensible, fotos o videos, de homicidios, autopsias, yo he tenido en defensas penales, fotografías vinculadas a abusos sexuales como también las tienen los agentes forenses, pero vale la pena aclararlo”, indicó Ariznabarreta.
Acerca del material que fue detectado, el abogado dijo: “Muchas veces, se cargan en un disco rígido, en un pendrive, las subió a la nube, y Google no tiene la forma de distinguir el origen de ese dato, entonces, formula la advertencia”.
En el mismo sentido, el defensor continuó explicando: “Google le expresa que no puede responder, y que debe responder Google internacional, y le suspenden los servicios a Leonelli. En ese momento, Leonelli le inicia un juicio a Google que de manera infundada le causa perjuicios, sin haber atendido las razones por las que tenía ese material. Google hace la denuncia, el fiscal la recibe, se secuestran elementos electrónicos que a priori, es uno de los teléfonos donde se almacena esta información”, dijo.
Acerca de la calificación legal de los delitos que se le imputan a Leonelli, el abogado explicó que el mismo artículo 128 del Código Penal, tiene distintas partes, entonces, “distinto seria si el Dr. Leonelli distribuida ese material, lo compartía con otras personas, entonces la ausencia de intención que requiere la norma penal, está en esto, subirlo a una nube, que puede ser equivoca a confusa de ahí en más que fuera un delito, Google no se lo contestó, y le cancelo la cuenta”.
Aclaró además que, “las personas, los actores judiciales usamos nuestras cuentas, a lo mejor tenía material en una laptop mía, donde había fotos de cosas tremendas, en blanco y negro o en color, pero alguien rompía la ventana de mi auto, y me las robaba, esto pasa”, ejemplificó.
“Todos los funcionarios judiciales, lo tienen guardado en una computadora o si se lo lleva a su casa, en un pend drive o en su laptop. No hay una nube institucional”, enfatizó.
“Leonelli lleva trabajando 25 años, puede haber fotos de todo tipo de causas penales, todo lo que le interesa a una persona que está trabajando en este tema, imagine lo que puede llegar a tener un médico forense”, dijo Ariznabarreta.
Leonelli no informó a sus superiores sobre la situación con Google
“No es una obligación que tenga, era un acto de la vida privada, una naturaleza meramente administrativa, Google no le dijo que lo iba a denunciar penalmente Es un usuario y un proveedor, ahora hay una causa penal y tiene otra entidad y nada más que eso”, minimizó la situación.
“Es pornografía sin explicar el origen de ese material. Si soy médico forense, y lo voy a decir de manera cruda, y tengo fotos de la vagina de una violación, no lo tengo como material pornográfico, lo tengo en sentido profesional”, expresó y volvió a sostener la defensa de la tenencia del material secuestrado.
Por lo pronto, el camarista Andrés Leonelli, “está notificado de derechos y garantías, nos estamos presentando en su defensa, está en funciones normales”, sostuvo el Dr. Gustavo Ariznabarreta.
El comunicado oficial
El Juzgado de Instrucción 2 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo, investiga una causa por el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal. La persona investigada es un juez de la Cámara de Apelaciones del DJS.
La causa se encuentra en etapa de investigación y como parte de las medidas ordenadas se realizaron allanamientos tanto en el domicilio del magistrado como en su lugar de trabajo.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el Fiscal Mayor interino, Dr. Fernando Ballester Bidau, y la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a Víctimas, Dra. María Guadalupe Martire.
La Fiscalía comenzó la investigación a partir de un reporte enviado el 30 de mayo de 2025 al correo institucional del Ministerio Público Fiscal. El informe fue remitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que colabora con investigaciones sobre delitos contra niñas, niños y adolescentes, quien advierte que el IP es de Argentina y lo remite primeramente a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del convenio suscripto por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal (Red 24/7).
El reporte del NCMEC indicaba que se había detectado actividad relacionada con material de abuso sexual infantil vinculada a una dirección IP registrada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego por lo que el MPF de CABA que es la que centraliza la información lo reenvía al Ministerio Público Fiscal de Ushuaia.
Estas alertas se generan cuando plataformas digitales y redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Gmail o Google detectan publicaciones, descargas o distribución de este tipo de contenido por parte de sus usuarios.
Con esa información, y tras un análisis preliminar de los datos, el Ministerio Público Fiscal del DJS, formuló el requerimiento fiscal de instrucción en el que solicitó al Juzgado de turno las diligencias necesarias a fin de esclarecer la situación y determinar las responsabilidades que pudieran surgir.
En tanto, el Superior Tribunal de Justicia se mantendrá expectante y evaluará en el momento oportuno el temperamento a seguir «en su faz de investigación interna», a los fines de no entorpecer la instrucción en sede penal.
