El abogado Francisco Ibarra, representa a Santiago Barrientos, Ezequiel Krok y Segundo Santana, todos integrantes del Directorio de la Cooperativa Eléctrica, quienes fueron denunciados a mediados de junio, por un cúmulo de hechos que datan de hace varios años. Hasta ahora, la investigación no se ha iniciado, ya que continúan las idas y venidas judiciales, y no se ha precisado que delitos serán investigados, tampoco se notificó derechos y garantías procesales a los denunciados, y según la defensa privada, “no se ha presentado ni una sola prueba que sustente la presentación”. Asimismo, este medio pudo saber que la jueza de Instrucción 3, la Dra. Cecilia Cataldo, se declaró incompetente y remitió la causa al Superior Tribunal para que declare la competencia.
Río Grande. – La denuncia contra los principales directivos de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande – Santiago Barrientos, Ezequiel Krok y Segundo Santana- se realizó a mediados del mes de junio, por un particular, representado por la abogada Adriana Varisco.
Dicha presentación se efectuó ante la Justicia Federal, la cual días después se declaró incompetente, quedando bajo la órbita de la Justicia Provincia.
Ya en la Justicia Provincial, la denuncia quedó en manos de la jueza de Instrucción 3, Dra. Cecilia Cataldo, y del fiscal Mayor, Dr. Martín Bramati, sin embargo, de acuerdo a información recolectada por este medio, la magistrada se habría declarado incompetente básicamente por una cuestión geográfica, y envió la causa al Superior Tribunal de Justicia para que defina de que zona es competencia realizar la investigación.
Cabe mencionar que el pasado jueves, se realizó en las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica una orden de presentación judicial que tenía como objetivo reunir documentación que fuera de utilidad para la investigación.
Lo cierto es que, a partir de la incompetencia declarada por la jueza Cataldo, no se pudo avanzar en con las pesquisas, situación que fue confirmada por el Dr. Francisco Ibarra que defiende a Barrientos, Krok y Santana.
En declaraciones a Aire Libre FM, Ibarra dijo: “No estamos notificados de derechos y garantías” y agregó, “en un proceso penal la primera medida que se adopta es la notificación de derechos y garantías, anoticiar a los denunciados sobre la investigación, esto es a los efectos que se designen abogados y que fijen domicilio. En este caso, en forma contraria, se hizo pública la denuncia, antes de la notificación, no obstante, y producto de la mediatización, nos presentamos en el juzgado poniéndonos disposición del tribunal y fijando domicilio, pero al día de la fecha no tenemos notificación de derechos y garantías”.
El abogado aclaró que “en primer momento se interpuso la denuncia de la Justicia Federal, la primera medida es declararse incompetente, hay que tener en cuenta que la Federal es de excepción, primero la competencia es provincial y en excepción, es Federal”.
Según Ibarra “la prueba está asegurada”
“Ahora, la Justicia Provincial lo que hizo fue asegurar la prueba, se nos hizo una orden de presentación requiriendo toda la documentación que contenía esta denuncia y nosotros cumplimos el viernes a última hora con toda la presentación. Acompañamos toda la documentación que se nos requería, y hoy se está cumplimentando, a efectos de la reserva de esta documentación, es decir la protección de esta documentación, se deberá correr vista al fiscal a efectos de que precise el requerimiento de instrucción, y luego si corresponde alguna notificación de derechos y garantías”, detalló.
“La documentación es muchísima, de muchos años, eso se ha presentado, hay documentación que corresponde, a proveedores antiguos y se está buscando la información”, ejemplificó.
La denuncia “no tiene precisión de nada”, dijo Ibarra
Por otro lado, el letrado evitó pronunciarse sobre detalles e indicó: “Me puedo manifestar solamente sobre lo que se ha publicitado, he leído el contenido de la misma, abarca todo, se extiende a todo, no tiene precisión de nada, se refiere de forma genérica, desconoce la condición institucional que tiene, confunde a los gerentes con funcionarios públicos, atribuye malversación de caudales públicos, incumplimiento de funcionarios públicos cuando son improcedente. Hace referencia a profesionales que fallecieron hace bastantes años, y sin ninguna clase de material probatorio que sustente esta presentación, pero esto está en los inicios, todavía el Tribunal no se ha declarado competente, y no existe un requerimiento de la fiscalía que diga vamos a investigar este hecho”.
“Nos defenderemos”
Sobre los pasos a seguir, el abogado refirió: “Primero nos defenderemos, a ver, primero hay que ver si el juez interviniente tome la competencia, lo único que se hizo fue el aseguramiento de la prueba. El día viernes acompañamos entre 8 y 10 cajas de documentación, más la información a los peritos contadores del Poder Judicial, más las 6 cajas que se están entregando el día de la fecha” y agregó, “una vez que tengan toda la documentación, se le debe correr vista al fiscal, para que precise o sean desestimados, y luego podremos ejercer alguna clase de defensa”.
Acerca de la posible investigación por distribución de sustancias estupefacientes dentro de la Cooperativa y pese a que en la denuncia se aclara que no es objeto de la investigación, Ibarra dijo: “Realmente, todo eso habrá que ver cuáles son los argumentos que sustentan esas presentaciones, una cosa es lo que se publicó y publicitó, y otra lo que el fiscal entienda que corresponde la investigación”.
“La presentación es bastante liviana, teniendo en cuenta la cantidad de hechos que denuncian y la cantidad de delitos que denuncian, no se acompaña ningún elemento probatorio que acompañe y dé sustento a todo esto”.
“Todos los hechos que se denuncian, tendrán que tener alguna clase de sustento, no se pueden hacer denuncias sin algo que valide esa presentación, porque si bien toda persona está facultada a realizar una denuncia también es responsable de sus actos”, enfatizó.
“No son funcionarios públicos, y no son caudales públicos”
Asimismo, el abogado hizo especial énfasis en que los denunciados, “no son funcionarios públicos, y no son caudales públicos, se trata de una cooperativa que administra estos fondos, pero no entran en funcionarios públicos, habrá que determinar qué clase de hecho es a los que hace formular su requerimiento, si existe notificación de derechos y garantías, por lo pronto nosotros nos presentamos y nos pusimos a disposición de la justicia”, aseguró el Dr. Francisco Ibarra.
