El Dr. Francisco Giménez cargó contra el gobierno fueguino por la “falta de coraje” para resolver el conflicto docente, tras el acampe frente a Casa de Gobierno y la sucesión de medidas de fuerza que han llevado a que los chicos tengan un 30% de clases en lo que va del año. Recordó que algo similar ocurrió en la gestión de Fabiana Ríos, que logró resolver la ex gobernadora Rosana Bertone, pero ahora se ha vuelto a fojas cero. Planteó la desigualdad que existe con la escuela privada y la paradoja de que se trata de los mismos docentes, que no hacen paro en el sector privado aunque cobran los mismos sueldos. Para el abogado hoy el dirigente Horacio Catena tiene más poder que el gobernador, porque le está marcando la agenda.
Río Grande.- El abogado riograndense Francisco Giménez se refirió en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia al conflicto docente, que fue escalando a lo largo del año hasta llegar a un acampe frente a Casa de Gobierno, similar al que se dio en el gobierno de Fabiana Ríos.
“Pareciera ser que estamos en un estado de anomia, donde no hay normas de convivencia y cada sector sectoriza su reclamo sin importarle el resto. Los lazos sociales se han disuelto y cada uno tira de la soga para su lado. Están los padres por un lado, los docentes por el otro y tenemos un gobierno que no toma medidas”, cuestionó.
“Los docentes quieren hacer una ranchada tumbera frente a la avenida San Martín, donde se necesita que los comerciantes trabajen para pagar los impuestos y los salarios. Nadie toma cartas en el asunto y están hipotecando el futuro de nuestros hijos. Es una situación lamentable y esta ranchada la van a tener hasta el fin de los días. Tal vez los que no tienen chicos en las escuelas no toman dimensión de lo que está pasando en Tierra del Fuego, que es una tragedia, porque los chicos han tenido alrededor del 30% de clases normales, sin ningún tipo de interrupción y, con esta proyección, de los 180 días los chicos van a tener 60, y el resto no se recupera más. Estamos creando generaciones que van a fracasar, que no van a tener futuro, por eso recurrí a la Justicia, teniendo en cuenta el antecedente de 2008 de Fabiana Ríos”, dijo.
“Hay una desigualdad con el sector privado, cuando la escuela pública debe igualar. Hoy estamos creando una sociedad desigual y tal vez la clase política no toma conciencia de lo que está pasando porque sus hijos no van a la escuela pública. La paradoja es que los docentes son los mismos y ganan lo mismo, pero el docente que a la mañana hace paro en la escuela pública a la tarde va corriendo y da clase en la privada, con el mismo salario y tal vez en peores condiciones laborales”, manifestó.
Atribuyó esta realidad a “la falta de liderazgo y de conducción del gobierno que tenemos hoy. Tal vez tendría que tomar el ejemplo de lo bueno que hizo Néstor Kirchner como gobernador en los ’90, porque con una sola medida empezó a curar a todos los docentes de tendinitis, de tortícolis, de alergia a la tiza, de ataques de pánico, cuando puso el presentismo. Era un 30% del salario y mágicamente se empezaron a curar los docentes. Con esto se garantizó tener clases desde el 1° de marzo hasta el 20 de diciembre. Para eso se necesita liderazgo y coraje”, remarcó.
“Falta el coraje que tuvo Rosana Bertone para solucionar el problema, porque lo había solucionado. Lamentablemente volvimos para atrás. Catena fue exonerado y hoy tiene más poder que el gobernador, porque la agenda educativa y política la marca Catena, decidiendo cuándo se da clase y cuándo no. Catena y toda la dirigencia sindical cobran horas cátedra que son solventadas con fondos públicos, con licencias pagas por el Estado para que boicoteen al propio Estado. La ley de trabajo dice que las licencias gremiales las debe pagar la propia organización, pero todos los dirigentes estatales están de licencia sin trabajar y siguen cobrando el salario como si trabajaran. Esta es una discusión que tenemos que dar, pero se necesita coraje, valentía, y gente dispuesta a cortar con estos privilegios”, sentenció.
Ante el proyecto presentado por el legislador Villegas, para declarar ilegales las desobligaciones, recordó que se trata de un legislador oficialista, como parte de la coalición de gobierno, aunque trate de diferenciarse. “Los legisladores oficialistas que hoy fingen demencia y parecen ser de la oposición, no cuestionaron cómo se dio marcha atrás con las exoneraciones, porque la crisis educativa no es de ahora, sino de cuando asumió Melella, porque Bertone lo había solucionado”, reiteró.
“Evidentemente no les interesa la educación, que tendría que ser un tema de agenda. También creo que los padres están adormecidos y se han acostumbrado a esta situación. Ya normalizan su vida en función de no tener clases y es lo peor que nos puede pasar. Ante esta tragedia educativa deberíamos tener una asamblea permanente de padres, y no es así”, expresó.
Consultado acerca de si un fiscal no puede actuar de oficio por el corte de calles, tuvo un criterio más amplio y consideró que “el Poder Judicial debería tomar cartas en el asunto a través de los defensores de menores”.
Lo peor por venir
De cara a las elecciones de octubre, avizoró un panorama peor luego de que pase la contienda electoral. “Después de octubre creo que vamos a estar en muchos problemas. Hay una caja de policía y la mitad no cobró el aguinaldo y el sueldo de julio, porque está absolutamente fundida. Tenemos una gran masa de policías jubilados que no están cobrando y que no tienen obra social. Como son policías, no pueden protestar y los dejan a lo último”, sostuvo.
Reforma constitucional
Por otra parte se expresó respecto de la reforma constitucional e instó a revisar todas las instituciones, incluida la Justicia. “Hay que discutir todas las instituciones de Tierra del Fuego, así arrancamos de nuevo. Soy un convencido de que hay que derrumbar todas las instituciones que tenemos al día de hoy, porque no han funcionado. No ha funcionado ni el Tribunal de Cuentas, ni el Fiscal de Estado, ni el diseño de los municipios, ni la Legislatura, ni los Tribunales de Cuentas municipales. Estamos a tiempo de ampliar toda la ley de convocatoria, y también la constituyente se puede declarar soberana y revisar todo”, aseguró.
“Tenemos una Justicia que no hace nada y una transición de seis meses para robar, porque los grandes robos que se han hecho han sido en los últimos seis meses”, apuntó.
Presupuesto judicial
También cargó contra el presupuesto de 122 mil millones que presentó el Poder Judicial, que “no genera nada” y se lo lleva en sueldos. “Más del 90% se va en sueldos y tienen el mismo presupuesto que un municipio, pero no asfaltan, no tienen Salud, no pagan recolección de basura, no hacen obra pública. Sería un escándalo si el Municipio de Río Grande se llevara más del 90% en sueldos y no hiciera nada. También normalizamos eso y no decimos nada. Normalizamos que puedan nombrar a los hijos, parientes y entenados y no pase nada. Tienen choferes, autos oficiales, y en una época hasta se hacían pagar las cápsulas de café”, señaló.
Asimismo, a raíz de las declaraciones del Jefe de Fiscales sobre las causas que tramita la Justicia, siendo la mitad de naturaleza de género y abuso sexual, dijo que “estamos en un problema si solamente tenemos una justicia que está buscando violadores y no chorros”.
Respecto de la causa que involucra al Juez Leonelli, dijo que “no conozco los pormenores, más allá de lo que dijo el Dr. Ariznavarreta, y yo le creo a Leonelli, conociendo su calidad humana y profesional”.
En cuanto a la demora en la resolución de causas, como la que involucra al gobernador, señaló que “la causa está dando vuelta por los vocales hasta que cada uno vote. Tal vez esperan que se vaya Melella para sacarla y eso no sería justo ni para el propio Melella, que debe tener todas las garantías constitucionales mientras es gobernador y cuando se vaya. No es justo lo que le hacen a Melella, de tenerlo de rehén”, consideró.
“El Superior Tribunal de Justicia es un órgano político en el sentido amplio de la palabra y también tiene que sopesar la oportunidad de un fallo o no. El juez debe ser prudente al momento de fallar, pero no tener expedientes y sacarlos de acuerdo al poder que tenga el imputado, eso no está bien y no debe ser así, pero ocurre en Tierra del Fuego”, lamentó.
Finalmente estimó que “la reforma de la Constitución debería sacar la posibilidad de enjuiciar a los jueces de la provincia del Consejo de la Magistratura, para que sea la Legislatura, como es en el Senado. De la misma manera, los jueces del Superior Tribunal deben ser designados por el gobernador con acuerdo mayoritario de la Legislatura, como es en nación. Los magistrados en general deberían estar representados en el Consejo de la Magistratura, que no lo están”.
