El ingeniero Alberto Garófalo, presidente de CAFIN, evaluó la reunión mantenida en Casa Tierra del Fuego con las ministras de Producción y Trabajo de la provincia, a quienes pudieron plantear lo que está ocurriendo con el sector textil y la necesidad de lograr un paraguas de 180 días para revisar la interpretación que está haciendo el gobierno nacional del decreto 594, que tiene en jaque a las empresas. Destacó el apoyo recibido y el compromiso del gobierno de presentarse como amicus curiae en las causas judiciales que llevan las textiles. El escenario es desalentador, porque se suma a la baja de las ventas el ingreso de ropa usada por kilo en contenedores de China y Pakistán, a precios ridículos que hacen inviable la producción nacional. “En Tierra del Fuego, si esto termina mal, vamos a asistir a que entre 750 y 800 puestos de trabajo van a desaparecer”, alertó.
Río Grande. – El ingeniero Alberto Garófalo, presidente de CAFIN, fue consultado en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia sobre la reunión mantenida con funcionarias del gobierno de la provincia en Casa Tierra del Fuego para exponer la situación de las textiles. “Estamos en un momento complicado y la provincia tomó contacto con nosotros para colaborar en lo posible. Después de la última reunión de la comisión del área aduanera especial, que no aprobó las acreditaciones de origen de Australtex, la provincia se posicionó en la vereda contraria de la autoridad de aplicación y finalmente todo el mundo se convenció de que acá hay algo más detrás del castigo desproporcionado a las textiles. No valen los argumentos, no se escucha, se sigue adelante para desmantelar a este sector y dejarlo fuera del régimen, incluso con las empresas que ingresaron a la prórroga. Con la interpretación que se hace del decreto 594, realmente no están dejando ninguna posibilidad como para seguir adelante”, aseguró.
“Del encuentro en Casa Tierra del Fuego participaron todas las textiles y confeccionistas, menos una que no pudo acudir, el representante de la UIF y yo por CAFIN. Algunas empresas fueron con sus abogados, fuimos recibidos por la Ministra de Producción y la Ministra de Trabajo, que habitualmente llevan adelante estos temas y hemos comentado qué están haciendo las empresas para resistir ante esta situación y de qué manera la provincia puede colaborar”, informó.
“Se ha dado un paso para mí importante, porque la provincia se va a presentar como amicus curiae en las presentaciones judiciales que están haciendo las empresas. Creemos que es un apoyo importante”, valoró.
“Sabemos que durante el gobierno anterior hubo un fuerte lobby de las empresas del continente para sacar a Tierra del Fuego del mercado textil. Ellos son los que seguramente interfirieron para que el decreto de prórroga saliera como salió. Previamente habían conseguido que no se incluyera al sector en el decreto 727. Con el advenimiento del gobierno de Milei se hace una interpretación de lo que quedó escrito en el decreto 594, que continúa castigando a las empresas. Es una interpretación de cómo debe calcularse la disminución de beneficios en una forma para nosotros absolutamente disparatada”, manifestó.
“Ya hay requerimientos de ARCA sobre estas compañías por el período de marzo a septiembre de 2024 y se les reclama una suma concreta por aranceles y tasa de estadística no abonados, incluso a las empresas que quedaron dentro de la prórroga. No estamos hablando de las que tienen cautelares. Incluso a las que están en la prórroga las están excluyendo del beneficio, interpretando que la franquicia de la que habla el decreto 594 es un cupo en pesos no actualizable. Realmente no sé de dónde proviene esta interpretación”, planteó sobre el nudo de la cuestión en este momento.
“Todas las empresas están con una capacidad del 50%, porque no hay consumo y no están vendiendo. Obviamente esto afecta al personal. De las seis empresas que habían quedado adentro una está sin actividad, pero se agregó una más que consiguió ingresar, y tres de las que quedaron afuera siguieron trabajando con cautelar. Hoy están todas amenazadas por esta interpretación del decreto 594”, sostuvo.
A esto se agrega la apertura de importaciones que “se hace sentir, sobre todo en el rubro de la confección. Se han quitado los valores de referencia de la mercadería que ingresa y estamos asistiendo a la importación de ropa usada por kilo. Se permite el ingreso de ropa usada por kilo, que llega en contenedores de China y Pakistán”, afirmó.
“Nosotros tenemos la esperanza de que en algún momento esto va a tener un viso de normalidad y razonabilidad. Le hemos dicho a las ministras que creemos que la salida es una hipotética comunicación entre el gobernador y el Ejecutivo nacional, para generar un período de espera para analizar, discutir y enfocarse en lo que realmente se pretende de la industria textil y confeccionista de Tierra del Fuego. Se debería parar con esta medida por 180 días y empezar a analizar todo esto. Ese diálogo parece que no es posible y no tenemos muchas expectativas en poder continuar esto”, dijo con resignación.
“Hoy las textiles del continente también están en una posición mala en el mercado, porque nadie vende. En el caso de confección lo nuestro tiene que ver con ropa de blanco, mantelería, sábanas y este tipo de cosas, hay importación de estos bienes y están ingresando a valores realmente ridículos”, observó.
“Con respecto a la importación hay una postura ideológica contra la que ya no hay nada que hacer. El criterio que se mantiene en nación es una política de apertura, donde va a haber sectores que van a progresar y otros se van a dar cuenta de que son inviables. Hay un cálculo de que el efecto en la ocupación sería neutro, porque el personal que es expulsado de una actividad va a encontrar prontamente un nuevo destino en otra rama de la industria o en el sector de servicios. La experiencia mundial no muestra que esto sea así”, señaló.
“En Tierra del Fuego, si esto termina mal, vamos a asistir a que estos 750 u 800 puestos de trabajo van a desaparecer”, concluyó.
