El abogado previsionalista analizó los fallos recientes que benefician a jubilados y exfuncionarios de Tierra del Fuego, la situación financiera de la Caja de Previsión Social y los efectos de la “autobaja” salarial del Gobernador sobre los haberes jubilatorios. Además, opinó sobre el llamado a la reforma constitucional y los límites de un sistema que, según afirmó, “debe volver a respetar la irreductibilidad de las jubilaciones”.
Río Grande.- El especialista en derecho previsional Félix Santamaría cuestionó la continuidad del régimen de emergencia en Tierra del Fuego y apuntó contra las decisiones políticas que afectaron a los jubilados. “No se puede ajustar sobre los que ya trabajaron toda su vida”, remarcó.
El diálogo comenzó con una mirada sobre los cambios en la práctica judicial a partir de la digitalización de expedientes y en este marco manifestó que “la modernidad aceleró los tiempos procesales, pero se perdió el contacto personal que tenía la vieja abogacía”, recordó Santamaría, en tono nostálgico, al tiempo que agregó que “antes uno se cruzaba en tribunales, conversaba, jugábamos un partidito de fútbol con magistrados y colegas. Hoy todo es virtual”, dijo en diálogo con Radio Provincia
El abogado también comentó el impacto del juicio de los “cuadernos” a nivel nacional, calificándolo como “el proceso más impactante de la historia judicial argentina”, donde, dijo, “la clave será lo que prueben las evidencias y cómo lo valoren los jueces”.
Fallo clave: la Caja deberá devolver descuentos a jubilados
En el plano local, Santamaría analizó un fallo reciente a favor del ex juez González Godoy, a quien la justicia ordenó devolverle descuentos aplicados por encima del 20% durante la vigencia de la Ley 1068 de Emergencia Previsional.
“Este fallo es importante porque consolida un criterio: no se puede afectar más del 20% del haber jubilatorio”, explicó el abogado.
En este sentido, dijo que “el problema es que ese límite, aplicado igual para todos, perjudica mucho más a las jubilaciones bajas. A quien gana un millón de pesos y le descuentan veinte por ciento le quedan ochocientos mil, y hoy en Tierra del Fuego eso no alcanza ni para el supermercado”.
El especialista detalló que “el caso de González Godoy se inició en 2017 y llevó varios años de trámite judicial”.
Asimismo, manifestó que “en promedio, los juicios previsionales demoran tres o cuatro años. En este caso, el monto total a reintegrar rondaría varios millones de pesos, incluyendo la capitalización de intereses, que la Corte Suprema ya había convalidado en precedentes anteriores”.
“La Caja cumple, pero el retroactivo va a la cola”
Consultado sobre el cumplimiento de las sentencias, Santamaría señaló que la Caja de Previsión “viene cumpliendo con las mejoras a futuro, aunque los retroactivos demoran”.
Del mismo modo, señaló que “te actualizan bien el haber, pero lo que te deben lo pagás con paciencia. Primero te reconocen el derecho, después te ponen en la cola”, resumió.
También explicó que los fallos más recientes se apoyan en pericias contables que determinan el grado de afectación real de cada jubilado.
“Algunos casos no superan el 20%, pero en otros, con la inflación y los atrasos, la pérdida efectiva es mucho mayor”, precisó.
El salario de los funcionarios y los reclamos previsionales
Otro de los temas centrales fue la baja voluntaria de sueldos que aplicaron distintos gobernadores como Rosana Bertone y Gustavo Melella, y su impacto sobre las jubilaciones de exfuncionarios.
“Uno puede bajarse el sueldo a un peso si quiere, pero eso no puede afectar a los jubilados, porque la Constitución y la Ley 1233 garantizan la irreductibilidad de los haberes”, explicó.
Recordó que el llamado “fallo Estabillo” sentó un precedente al marcar que “se determinó que el haber del gobernador es referencial, no puede usarse políticamente para licuar jubilaciones”.
En ese sentido, advirtió que “no se puede mantener eternamente una emergencia previsional cuando la Caja es superavitaria, si le está prestando plata al Estado, entonces no hay emergencia real”.
Constituyente: “Sería lindo que la cumplieran, más que reformarla”
Sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución fueguina, Santamaría fue claro al sostener que “la Constitución del ‘92 fue moderna y progresista; sirvió de base para la reforma nacional del ‘94. Sería lindo que la cumpliéramos antes de reformarla”.
Sin embargo, reconoció que algunos puntos ameritan actualización, como “la limitación de mandatos” o “la estructura municipalista que se pensó en aquel contexto político del ‘91”.
Advirtió, de todos modos, que “una elección constituyente es costosísima y debería evaluarse su oportunidad política en una provincia con déficit delicado”.
El trasfondo previsional: vulnerabilidad y desigualdad
Hacia el final, el abogado volvió sobre la cuestión de fondo como lo es la fragilidad económica de los jubilados y al respecto explicó que “no se puede hacer recortes en un sistema donde el haber es el único ingreso que sostiene a familias enteras. No estamos hablando de privilegios, sino de subsistencia”, sostuvo.
Comparó la situación con otros sectores vulnerables señalando que “lo mismo pasa con las pensiones por discapacidad, gente que tiene que ir a la justicia solo para mantener lo que por derecho le corresponde”.
Por último, expuso que “necesitamos previsibilidad, no emergencia permanente”, concluyó Santamaría, frase que resume toda una década de tensiones entre derecho, política y economía en la administración previsional de Tierra del Fuego.
