El abogado analizó el pedido de jury presentado contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Loffler, y vinculó la iniciativa con intereses políticos del gobernador Gustavo Melella. También se refirió al estado de la causa por abuso sexual que involucra al mandatario, al desempeño del Poder Judicial y al rol de las víctimas.
Río Grande. – En una entrevista con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, el abogado Francisco Giménez señaló que conoce los fundamentos del pedido de jury “por trascendidos”, y que estos se relacionarían con “demorar injustificadamente el voto en la causa de la reforma constitucional y la falta de imparcialidad”. Sin embargo, remarcó que avanzar contra un juez del Superior Tribunal exige “motivos evidentes y fundados constitucionalmente el mal desempeño”, algo que a su criterio no se verifica en este caso. “A primera vista no creo que sea un causal de destitución de un juez de un Superior Tribunal de Justicia y si el motivo es por retrasar el fallo de la reforma, se la tienen que hacer a los 5 jueces y no elegir uno en particular”, sostuvo.
El abogado también apuntó al rol del gobernador. “Quiero recordarle a todos que Melella tiene hace 7 años encajonada la causa por abuso sexual y si Melella es consecuente con su conducta y con su ‘transparencia judicial’, entonces también le puede hacer un jury a los 5 jueces por la causa en donde él es el imputado”, expresó. Para Giménez, la maniobra busca desplazar a un magistrado incómodo: “Evidentemente estamos ante una clara maniobra política para combatir un juez que no cae bien y no lo podemos permitir. Sobre todo no podemos permitir que un gobernador pueda llevarse puestas las instituciones con todas las crisis que tenemos”.
Jury y causa judicial de Melella
Además, cuestionó que las causales difundidas no se ajustan al marco constitucional. “No es estrictamente judicial porque no se atiene al texto constitucional por las causales que trascendieron, salvo que hayan otras que no conocemos”, dijo. Evaluó que si el argumento fuera la demora, “son impresentables, no podemos tener una vara de porqué una causa se demora, se presenta un jury. Las demoras en las causas judiciales es un hit en todas las causas”. Señaló también que incluso el propio Superior Tribunal incurre en demoras “por casos complejos o por el motivo que fuere”, de manera que considerar ese hecho como causal de destitución es “totalmente arbitrario”. En esa línea concluyó que “no puede ser un causal porque hoy no me gusta un juez lo mando echar porque tampoco tiene la valentía de firmarlo. Si Melella fue el que impulsó, como creo que es, tendría que haberlo firmado él”.
Respecto de la causa por abuso sexual, Giménez desmintió la existencia de nuevas pruebas que justifiquen demoras. “No la escuché a la Dra. Battaini pero si dijo eso, no es cierto, y si sus asesores le dijeron eso, le están faltando a la verdad. No hay nada nuevo que no se haya presentado hace 7 años”, afirmó. Explicó que el expediente “está cajoneado por una decisión política” y detalló que se trata de una causa con abundante material probatorio: “En la misma causa hay transferencias bancarias, hay mensajes de voz, hay víctimas quienes describieron el sillón y la casa en donde fueron abusados”. Por eso insistió en que “la cajonean por conveniencia política. No hay otra motivación”.
El abogado también repasó la situación procesal del mandatario. “Está acusado de abuso sexual agravado con dos causas en la cual fue sobreseído de la noche a la mañana en donde hubo complicidad de muchos jueces y fiscales que tarde o temprano van a tener que rendir cuentas”, afirmó, para luego remarcar que el Superior Tribunal “tuvo una clara línea para que esta causa no avance”. Y desafió: “Si el Gobernador está preocupado en el tiempo de la justicia, que presente un jury contra los jueces por una causa en la cual él está procesado”.
Giménez subrayó que continúa representando a las víctimas: “Los abandonaron a todos pero yo no”. Recordó que Melella cuenta con dos sobreseimientos pero aún resta un hecho pendiente: “Están esperando justicia”. También describió la situación actual de los denunciantes: “Tengo contacto con uno que es el que sigue la causa, trabaja y sigue con su vida. Otro que está casi como un homeless, y el otro no tengo contacto”, sin embargo remarcó que “nunca hubo un contacto para asistencia a la víctima, teníamos un informe de intento de suicidio y los cobardes del sistema judicial no hicieron nada”.
Estado crítico del sistema judicial fueguino
También cuestionó el deterioro del sistema judicial fueguino. “La justicia empeora año a año, hoy la justicia está paralizada. No hay servicio de justicia y parece que a Melella tampoco le molesta que haya gente que no pueda acceder a la justicia”, expresó. Y agregó que la situación es “terminal”, al tiempo que denunció la falta de control institucional: “El distrito norte está abandonado a su suerte, nadie viene a fiscalizar. ¿Cómo puede ser que haya jueces subrogantes todo el año? ¿Para qué está la feria?”.
Consultado sobre el Consejo de la Magistratura, consideró que el organismo responde al diseño constitucional y que debe garantizar el derecho de defensa del juez sometido a proceso. Sin embargo, advirtió sobre el silencio de otras instituciones: “Los colegios de abogados deben estar preocupados y ocupados en que se garantice el derecho de defensa y del debido proceso. Además, la Asociación de Magistrados misteriosamente sigue callada”.
Para Giménez, el trasfondo es un intento de disciplinamiento institucional: “Estamos frente a un tipo que no le importa llevar puesto las instituciones de Tierra del Fuego, como también se llevó puesta la provincia con sus 6 años de nefasto gobierno, su partido y ahora las instituciones”.
Finalmente, advirtió sobre el futuro de la causa que involucra al gobernador: “Sería una canallada que si los mismos jueces el día que Melella termine el mandato lo vayan a buscar. No le pagamos por eso, sino para dictaminar la justicia cuando sucede el hecho”. Y cerró: “Melella también se merece un debido proceso porque le puedo asegurar que en dos años vamos a estar hablando de este proceso. A la justicia no le importa cajonear durante 7 años una causa cuando hay una víctima que pudo haber sido infectada, pero en dos años más la van a querer sacar a la a luz”.
