El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande alertó sobre la falta de respuestas concretas del Gobierno provincial ante la crisis económica que golpea al sector privado. Tras reunirse con la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, respaldó el proyecto de moratoria tributaria impulsado por las cámaras empresariales y advirtió que “la inacción política está llevando a muchas pymes a un punto de no retorno”.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luis Iglesias, volvió a marcar la agenda económica fueguina con declaraciones que apuntaron directamente al corazón del sistema político provincial.
Durante una entrevista en FM del Pueblo, el dirigente se refirió a la reunión mantenida con la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, quien asumió el compromiso de impulsar una moratoria tributaria provincial a pedido de las cámaras empresariales. La medida busca ofrecer un alivio fiscal ante el fuerte deterioro de la actividad comercial en toda la provincia.
“Esto no es una novedad. Desde hace más de un año venimos advirtiendo sobre el aumento de la morosidad y la caída en las ventas. En octubre del año pasado presentamos un pedido formal a la Legislatura para instrumentar una moratoria que permita reordenar las deudas de los comercios, pero la respuesta fue siempre la misma: silencio y dilaciones”, remarcó Iglesias.
El dirigente fueguino sostuvo que la parálisis legislativa y la falta de coordinación con el Ejecutivo se transformaron en una trampa que agrava la situación.
“El Gobierno dice que acompaña, pero no ejecuta. Todo tiene que pasar por la Legislatura, donde se acumulan proyectos y nunca se prioriza lo urgente. Las pymes no pueden esperar eternamente, ni sobrevivir a base de buenas intenciones”, señaló con dureza.
Un diagnóstico sin eufemismos
Iglesias trazó un panorama desolador del comercio riograndense, donde los cierres de locales y la caída del consumo ya se sienten en toda la ciudad.
“Estamos entrando en un terreno muy peligroso, similar al que vivimos en el año 2000. Y no es solo una cuestión de mala suerte o del contexto nacional. Es la consecuencia de una gestión provincial que no está a la altura. No hay mala voluntad, hay falta de pericia, de decisión y de responsabilidad política”, advirtió.
El titular de la Cámara enfatizó que una moratoria tributaria no significa un perdón fiscal, sino una herramienta para sostener el entramado productivo y el empleo.
“No se trata de premiar al que no paga, sino de darle la posibilidad de regularizarse según sus ingresos reales. Hoy la carga fiscal provincial es asfixiante. Si no se implementan mecanismos de alivio, muchas empresas van a desaparecer antes de poder cumplir”, explicó.
La urgencia de un Estado que acompañe
Iglesias también cuestionó la falta de planificación económica y la ausencia de medidas anticíclicas que permitan reactivar la economía local.
“Mientras en Buenos Aires discuten teorías, acá la realidad se mide en locales vacíos y familias sin ingresos. Río Grande necesita un Estado que entienda el territorio y que actúe con sentido de urgencia. No se puede seguir improvisando con parches ni mirando para otro lado”, sostuvo.
En esa línea, pidió avanzar en una revisión integral del sistema tributario provincial, con el objetivo de simplificar los procesos administrativos y reducir la presión sobre el sector formal.
“Hoy hay comerciantes que cumplen con todo y otros que operan al margen de la ley sin ningún control. Esa desigualdad destruye la competencia y desalienta la inversión. Si seguimos castigando a los que producen, el resultado es más informalidad y menos empleo”, aseguró.
Puentes políticos en tiempos de crisis
Consultado sobre la reunión con Graciania, Iglesias destacó la predisposición al diálogo de la legisladora libertaria, pero remarcó que “las buenas intenciones deben traducirse en hechos”.
“Desde la Cámara de Comercio estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores políticos. Lo importante no es quién impulsa el proyecto, sino que se concrete. Porque lo que no está hecho, no está hecho. Y lo que está mal, está mal, sin importar el color partidario”, señaló.
El dirigente consideró que la “falta de acuerdos básicos entre los bloques legislativos impide avanzar en políticas de Estado”, dijo, al tiempo que agregó que “no hay tiempo para mezquindades. Cada día que pasa sin resolver esta situación, más comercios bajan las persianas. Río Grande está en crisis, y si la política no lo entiende, el costo social va a ser enorme”.
Una advertencia con tono de reclamo
Iglesias dejó una reflexión que sintetiza el sentir del sector al señalar “la provincia no puede seguir mirando para otro lado mientras el comercio se hunde. No estamos pidiendo subsidios ni privilegios, sino condiciones razonables para poder seguir trabajando. Queremos producir, generar empleo y aportar al desarrollo. Pero necesitamos un Estado que acompañe, no que se esconda detrás de la burocracia”.
Con su habitual franqueza, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande volvió a instalar en la agenda pública el reclamo del empresariado local: la necesidad urgente de políticas concretas, previsibles y equitativas que permitan frenar la recesión y reconstruir la confianza entre el sector privado y el Estado.
