El presidente de la Asociación de Colegios Públicos de Gestión Privada de Tierra del Fuego, Alberto Cabral, cuestionó la resolución firmada por el ministro de Educación, Pablo López Silva, que define una asignación remunerativa exclusivamente para docentes estatales. El sector privado denuncia desigualdad, incumplimiento de la Ley 749 y un impacto directo sobre 2.000 docentes y 11.000 alumnos.
Río Grande. – En el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, el presidente de la Asociación de Colegios Públicos de Gestión Privada, Alberto Cabral expresó “nos encontramos en una situación no esperable, menos a esta altura del año”, afirmó. Recordó que durante 2024 y 2025 hubo “un muy buen entendimiento, tanto con el Ministro de Economía como con el Ministro de Educación y el equipo de educación privada”, motivo por el cual la decisión del Ejecutivo provincial resultó “sorpresiva”.
Explicó que el marco de trabajo siempre estuvo alineado con la Ley 749, que regula el aporte financiero estatal y exige equiparar las condiciones salariales entre docentes estatales y privados.
La resolución que rompe el principio de igualdad
Cabral detalló el origen del conflicto: “El 30 de octubre se celebra un acta paritaria entre el Ejecutivo Provincial y el gremio representante de los docentes, que luego es homologado por la Secretaría de Trabajo y ratificado por el Poder Ejecutivo”.
El acta incluía una asignación remunerativa que, según aclaró, “no es un porcentual del básico, sino que lo establecen como una asignación por horas, un esquema distinto, pero que es remunerativo”.
La sorpresa llegó cuando “este miércoles salió la resolución del Ministro de Educación, donde dice que eso es exclusivamente para los docentes estatales. E incluso sale el listado especificando que todas las unidades educativas estatales van a percibir esa asignación”.
La medida contradice el espíritu y la letra de la ley, en este sentido Cabral precisó que “la ley 749 establece que los docentes dependientes de los colegios públicos de gestión privada deben percibir exactamente en condiciones iguales a lo que percibe el docente de la gestión estatal”.
Y reforzó que “acá no existen dos sistemas educativos. El sistema educativo es uno solo”.
Impacto económico y administrativo
Cabral explicó que la asignación representa “casi un 5% del sueldo que están percibiendo”, un porcentaje que varía por antigüedad, pero que será cobrado por los docentes estatales “con el sueldo de noviembre el viernes 5 de diciembre”.
Para el sector privado, la resolución implica una afectación inmediata “las instituciones se encuentran que tienen que informar a sus docentes que ese ítem del mes de noviembre no lo van a percibir”.
Aclaró además que la asignación tiene continuidad y explicó que “no es solo por un mes tiene efectos sobre el sueldo de diciembre, aguinaldo y el siguiente sueldo de enero”, por lo que la desigualdad “va mes a mes profundizándose”.
A esto se suma que “el proceso de liquidación y pago del aporte financiero estatal tampoco entró en curso porque esa resolución es la que lo impide”.
Reclamos y vías legales en análisis
Cabral reconoció que el sector ya inició actuaciones administrativas: “Presentamos ya una nota al Ministerio de Educación y estamos esperando una respuesta”.
El asesor legal de la asociación les indicó dos caminos posibles, en donde precisó que “está la vía judicial y la vía penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque ahí se están claramente incumpliendo en la ley”. También está la vía civil por reclamo del aporte financiero estatal.
El dirigente expresó su deseo de no llegar a instancias judiciales y señaló que “esperemos que no llegue ahí, que lleguemos a entendimientos y acuerdos antes”.
Diálogo con el Gobierno
Cabral confirmó que hubo contactos informales: “Lo que nos han manifestado es que iban a tratar de analizarlo”. Agregó que “el Ministro de Educación me expresó que él iba a hablarlo con el Gobernador”, lo que consideró “una buena expresión” en el marco del diálogo que venían sosteniendo.
Aun así, evitó adjudicar responsabilidades directas y resaltó que “el que firma la resolución es el ministro, pero entiendo que habrá una decisión política y deliberaciones detrás”.
Consecuencias en las instituciones
El impacto trasciende lo administrativo: “Las comunidades educativas quedan con climas laborales adversos y malestar, y deben dar respuesta los titulares de las instituciones cuando no son los generadores de eso”.
El escenario económico agudiza el conflicto “el docente está contando con ese fondo para llegar a fin de mes”.
Cabral advirtió que el sector ya vivió situaciones similares y recordó que “ya tenemos experiencia por eso esta preocupación y esta necesidad de que los funcionarios tengan razonabilidad en las decisiones”.
Importancia educativa del sector privado
Cabral detalló la magnitud del sector “son alrededor de 11.000 alumnos y aproximadamente 2.000 docentes”, lo que representa “casi el 25% de la matrícula provincial”.
En cuanto al cumplimiento del calendario escolar, comentó que “los colegios privados cumplen el calendario”, remarcó, para luego señalar que la desigualdad generada por la resolución impacta también en docentes que “han cumplido con todo lo que dice la ley”.
Un retroceso respecto al orden alcanzado
Cabral destacó que hasta ahora la gestión provincial venía regularizando la relación con el sector y expresó que “hasta el 30 de noviembre el estado de situación era totalmente cumplido estaban las cosas todas en orden”. Por eso remarcó la sorpresa actual: “Evidentemente es una decisión política y los efectos sí son adversos hacia el sector”.
Incluso recordó antecedentes judiciales: “Ya ha habido un fallo a favor de los colegios privados ante la justicia provincial por gestiones anteriores”, para subrayar que la ley ya fue defendida por el propio Estado.
Reuniones internas y preocupación generalizada
Cabral señaló que la asociación reaccionó rápidamente y adelantó que “el martes por la tarde hicimos una reunión extraordinaria donde nos informamos”.
Respecto a las opiniones de directivos, explicó que “la afectación es para todos más o menos igual ya se tiene conocimiento de momentos anteriores y cuál es el efecto en las comunidades educativas”.
La preocupación es compartida: “Es un sector que pertenece al sistema educativo provincial con un porcentaje importante de la matrícula”.
Finalmente subrayó la gravedad institucional: “Hoy hay una gran preocupación. Es una decisión del gobierno provincial, con consecuencias directas en 11.000 alumnos y 2.000 docentes”.
