El legislador Matías Lapadula expresó fuertes críticas al manejo legislativo del presupuesto 
provincial, la ausencia de diálogo institucional y las inconsistencias del convenio de traspaso de activos de YPF a Terra Ignis. También advirtió sobre la incertidumbre de las empresas contratistas, el impacto del RIGI y el debate sobre la salmonicultura. Pidió mayor transparencia, respeto por los procesos y la presencia de los funcionarios para explicar decisiones estratégicas.
Río Grande. -El legislador Matías Lapadula analizó la coyuntura legislativa y criticó la falta de previsión del oficialismo en el tratamiento de temas clave. En principio confirmó que se realizará una sesión especial convocada para aceptar la renuncia del legislador Agustín Coto, quien ya asumió su banca en el Senado. “Esto estaba previsto para esta sesión fallida, que se tuvo que suspender. La idea era aceptar la renuncia del legislador Cotto con fecha, antes de que asuma como senador, pero con todo lo que pasó, la verdad que es necesario aceptar la renuncia porque el miércoles asume como senador de la Nación y no había más tiempo”, explicó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
Aclaró que será una sesión “corta, formal”, limitada exclusivamente a esos puntos. Sobre el resto de la agenda legislativa, manifestó que no fue informado sobre próximas fechas de sesión: “todavía no me comunicaron nada. Ni oficialmente ni extraoficialmente”. Agregó que ya está “acostumbrado a este maltrato, a esta falta de respeto”, y que sigue esperando a que se defina cuándo sesionarán y qué temas se incluirán.
Falta de definición y presupuesto sin estado parlamentario
Lapadula recordó que el presupuesto ingresó meses atrás y aún no obtuvo estado parlamentario. “La realidad es que no hay tiempo ahora, por lo menos en el periodo ordinario, para sancionar el presupuesto. Mi sospecha era que el gobierno no quería tener presupuesto, al día de hoy creo que esas sospechas estaban en lo correcto. Se está cumpliendo”, afirmó. Sostuvo que, aun si toma estado parlamentario la próxima semana, sólo quedaría la vía de extraordinarias, pero “el presupuesto es una cosa que hay que analizarlo en comisión, que tienen que ir los funcionarios, como se ha hecho siempre”.
Enfatizó que no acompañará un tratamiento exprés: “Si pretenden que nosotros sancionemos un presupuesto sin discusión, sin que se explique cada uno de los puntos, no cuenten con mi voto. Me parece que tenemos que trabajar con responsabilidad y no hacer cualquier disparate”.
Consultado sobre la afirmación de que debería haber presupuesto provincial si existe presupuesto nacional, fue categórico: “No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que haya presupuesto nacional no quiere decir que sí o sí tengamos presupuesto provincial, pero lo lógico sería que cualquier gestión maneje sus recursos e invierta el dinero público sobre la base de un presupuesto que tenga aprobación legislativa”.
También expresó preocupación por una modificación incluida en el proyecto: “Hay una modificación de un artículo donde se fija un fondo que era para prestaciones asistenciales. En el proyecto dice que se financiará con fondos del Tesoro y los municipios. El presupuesto anterior decía solamente con fondos del Tesoro. Me parece otra vez manotear el dinero de los municipios para cubrir los agujeros que tiene este gobierno, que en mi opinión es por mala administración de los recursos”.
Sobre un eventual presupuesto reconducido, advirtió que “implica que van a ejecutar los recursos de una manera arbitraria”, aunque señaló que la Legislatura igualmente controlará el ejecutado que envíe el Ejecutivo.
Convenio con YPF y Terra Ignis
Uno de los puntos más sensibles analizados fue el convenio de traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis. Lapadula fue contundente: “El convenio que se mandó a la Legislatura no dice nada. Lo que mandaron a la Legislatura, no sirve para nada, es una vergüenza. Si alguien pretende que yo avale ese convenio con la documentación que está ahí, sería una irresponsabilidad absoluta”.
Recordó que las concesiones hidrocarburíferas tienen un régimen constitucional especial: “Estamos hablando de algo que es un recurso estratégico. La constitución provincial dispone de mayorías agravadas, de 10 votos de todos los legisladores. Entonces ya la constitución le da a este recurso una importancia relevante”.
También criticó la falta de claridad en materia ambiental: “La carta de intención no establecía nada de lo que es el pasivo ambiental, tasado en 250 millones de dólares. En el convenio dice que YPF se va a hacer cargo de la parte importante del pasivo ambiental. ¿Por qué es la parte importante? ¿Qué es importante y qué no?”. Aseguró que la redacción es “un verso” y agregó que el mecanismo propuesto “pasa por el costado a la Legislatura” al permitir contratos privados sin discusión pública.
Respecto de las regalías, sostuvo que “habían caído muchísimo y las regalías están por el piso”, por lo que recuperar los yacimientos es fundamental para generar ingresos. Sin embargo, lamentó que no exista información sobre el inventario de bienes ni el estado de los pozos: “No sabemos porque no hay ningún detalle. Sabemos que son pozos maduros, pero tampoco sabemos qué hay adentro”.
Lapadula manifestó también la incertidumbre de las empresas contratistas de YPF: “Preocupación y absoluta incertidumbre. Han tratado por todos los medios de comunicarse con gente de gobierno, con el Ministerio de Energía, con Tierra Ignis, para poder juntarse y tener una respuesta. Quieren alguna respuesta”. Recordó que estas firmas emplean entre 200 y 300 trabajadores y que algunas ya quebraron por falta de pagos. Además, alertó sobre el “pasivo contingente”, relacionado con indemnizaciones laborales: “Eso no está en ninguna parte del convenio. ¿Quién se va a quedar en cabeza de ese pasivo contingente? ¿Tierra Ignis? Le estamos pasando otro pasivo a una empresa que no tiene capital”.
Diálogo legislativo roto: “hay un manejo discrecional de todo”
Cuestionó la falta de diálogo interno, en este sentido, manifestó que “a mí no me habló nadie. Yo me entero de la fecha de la sesión cuando te mandan un mensaje ya con la fecha puesta. Hoy no está pasando eso. Hoy hay un manejo discrecional de todo”.
Marcó también la parálisis legislativa y dijo que “la última sesión fue en el mes de junio. Estamos ya en diciembre, hace seis meses que la Legislatura no sesiona”. Sin atribuirlo solamente al clima electoral, señaló que “cuando no se trabaja en lograr los consensos, no se respeta a las minorías, siempre sucede que quedan cortos”.
Inversiones y RIGI
Consultado sobre el RIGI, rechazó que su ausencia impida inversiones y explicó que “Argentina hoy tiene la menor inversión neta en 25 años, negativa, con el RIGI aprobado. ¿Cuáles son las únicas inversiones que se concretaron con el RIGI? La hizo YPF, que es una empresa estatal”. También cuestionó los efectos laborales del régimen: “Traen trabajadores de otras partes del mundo a instalar infraestructuras o equipamiento porque no van a perder tiempo en capacitar a los locales. Yo no quiero eso para mi provincia”.
Sobre la industria fueguina, consideró que se debería haber prorrogado “todo el régimen a todas las empresas”, sin excluir al sector textil, aunque remarcó que algunas firmas tenían litigios con el Estado.
¿Salmonicultura si o no?
En cuanto al debate por la acuicultura, Lapadula fue crítico del dictamen vigente “la protección del medio ambiente tiene que ser integral, no parcial. No es proteger el canal Beagle y lo demás lo dejo fuera”. Insistió en que la actividad debe plantearse con agregado de valor: “El 90% del empleo de la salmonicultura en Chile tiene que ver con la cadena de valor. Como está planteado acá, vamos a engordar pescaditos, exportarlos a Chile para que ellos le agreguen valor”. Y cuestionó las afirmaciones sobre que el modelo se haría sólo en tierra: “Si se va a hacer en tierra, ¿por qué no ponemos en la ley que esto solamente se puede hacer en tierra? Porque nos están mintiendo”.
Finalmente, definió la situación legislativa con dos palabras: “Improvisación y falta de conducción”. Y concluyó que la responsabilidad recae “en quien debe conducir el gobierno, que es el gobernador”.
