El legislador Matías Lapadula cuestionó la suspensión de la sesión prevista para este jueves 11 de diciembre, denunció la falta de transparencia del Gobierno en el proyecto para habilitar salmoneras y en la cesión de los yacimientos de YPF a Terra Ignis, y apuntó directamente contra la ministra Castillo, a quien acusó de “amenazar desde los medios” en lugar de dar explicaciones en la Legislatura. “No cuenten conmigo para votar a ciegas”, advirtió.
Río Grande.- La Legislatura de Tierra del Fuego volvió a tropezar, otra vez, con su propia parálisis. A menos de 24 horas de la sesión prevista para este jueves 11 de diciembre, la conducción del Parlamento decidió suspenderla, envuelta en versiones cruzadas, silencios y especulaciones que ya forman parte del clima político del cierre de año. Esta vez, la explicación oficial apunta a un problema de salud de una legisladora, mientras que la extraoficial a la falta de votos para aprobar los dos temas más calientes del momento como lo son la modificación de la Ley 1355 para habilitar el avance de las salmoneras y la cesión de yacimientos de YPF a Terra Ignis.
En ese contexto, Matías Lapadula decidió romper la diplomacia y en dialogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, el legislador fueguino salió a marcar distancia, cuestionó el manejo del oficialismo y dejó en claro que no está dispuesto a prestar su voto para decisiones que “pueden comprometer a Tierra del Fuego para los próximos 10, 20 o 30 años”.
La suspensión que nadie explica
Tras la suspensión de la sesión, Lapadula rápidamente instaló la duda al señalar que “no es que porque un legislador se enferma se suspende la sesión, para eso debe haber un acuerdo mayoritario”.
En este marco, dijo que “el motivo médico puede ser cierto, pero no es la causa real, lo que sí estaría detrás es la imposibilidad de garantizar los votos para los dos proyectos más polémicos del año legislativo”.
La Legislatura, vale recordarlo, sesionó apenas tres veces en todo el 2025, un récord de inactividad que ya empieza a ser parte del discurso público y de la crítica ciudadana. Lapadula no esquivó ese punto y al respecto sostuvo que “se ha demorado muchísimo esta cuarta sesión”, admitió, recordando que “hay temas urgentes como la moratoria para comerciantes que no pueden seguir esperando”.
Salmoneras: “No voy a acompañar un proyecto que deja abierta la puerta al daño ambiental”
Sobre la modificación a la Ley 1355, que regula la actividad y protege el Canal Beagle, Lapadula se mantuvo firme en la posición que viene sosteniendo desde los últimos meses al manifestar que “la protección ambiental debe ser integral, no se puede legislar pensando sólo en el Canal Beagle, dejar abierta la puerta al daño ambiental es razón suficiente para no acompañar este proyecto”.
En un escenario donde el Gobierno intenta mostrar consenso y donde sectores empresariales presionan para apurar los cambios, Lapadula le recordó al Ejecutivo que “no votará un dictamen que considera regresivo, insuficiente y riesgoso”.
En cuanto a Terra Ignis, explicó que “es un proyecto que nadie analizó y que el Gobierno quiere aprobar sobre tablas”.
En este sentido, Lapadula fue todavía más contundente al sostener que “no podemos decidir el futuro de los hidrocarburos por los próximos diez años sobre tablas, sin discusión y sin que nadie venga a explicar nada”.
Por tal motivo, apuntó contra la urgencia del Gobierno y si bien calificó el proyecto de “trascendental”, advirtió sobre las “consecuencias económicas, laborales y jurídicas que una mala decisión puede traer”.
Respecto de las declaraciones de la ministra Gabriela Castillo, sostuvo que “en vez de tirar amenazas en los medios de comunicación, lo que tendría que hacer es venir a la Legislatura a dar explicaciones”, sentenció.
El legislador fue al hueso y afirmó que “si un funcionario no puede responder una pregunta sencilla en comisión, entonces no está en condiciones de pedir un voto favorable”.
Recordó que “la Legislatura existe para ejercer control, y que cualquier acuerdo hidrocarburífero debe ser ratificado sí o sí por los parlamentarios, algo que YPF conoce perfectamente”.
También desmintió el argumento oficial de que, si no se aprueba en diciembre, YPF abandonará los pozos, para lo cual explicó que “las concesiones vencen en 2026 y 2027 y que la empresa no puede retirarse sin cumplir sus obligaciones de remediación ambiental ni sin enfrentar consecuencias jurídicas”.
La crisis de confianza: empresas tercerizadas, incertidumbre y nulo diálogo oficial
Lapadula también relató la reunión que mantuvo en Río Grande con empresas tercerizadas del sector petrolero, donde señaló que “el mensaje que recibió fue unánime, hay incertidumbre total, pero lo que más les preocupa es la falta de comunicación del Gobierno y de las empresas, no tienen respuesta de nadie”.
Un cierre legislativo que expone la fragilidad del oficialismo
La suspensión de la sesión no fue un hecho aislado, fue la consecuencia de un Gobierno que no logró alinear a los legisladores propios ni a los aliados, y que pretende aprobar dos temas estructurales sin debate, sin comisiones y sin presencia de funcionarios.
Al respecto, Lapadula lo sintetizó con crudeza al señalar que “si el Gobierno consigue los votos, que avance, pero no cuenten conmigo para votar a ciegas”, concluyó.
