Luis Sosa, secretario general de Petroleros Privados, sostuvo que la salida de YPF debe garantizar remediación ambiental, seguridad jurídica e inversiones que protejan el principal recurso energético de Tierra del Fuego. Asimismo, pidió garantías laborales y mayor participación de los municipios en las regalías. La Legislatura define hoy una decisión estratégica para la matriz productiva fueguina.
Río Grande.- Mientras la Legislatura de Tierra del Fuego debate en sesión el traspaso de las áreas petroleras de YPF a la empresa Tierra de Ingresos, en un esquema que abre la puerta a futuras licitaciones, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, fijó una posición clara al sostener que “necesitamos respaldo al proceso, pero con condiciones como lo es la sostenibilidad del empleo, inversión, seguridad jurídica y ambiente”, ejes que, desde el gremio, consideran irrenunciables.
En dialogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, Sosa dejó en claro que “el debate ya superó el plano técnico y se convirtió en una discusión estructural sobre el modelo energético y productivo de la provincia”.
En este marco, manifestó que “esto hoy está en manos de la Legislatura”, señaló, al tiempo que “confirmó que los legisladores resolvieron pasar a un cuarto intermedio para seguir analizando el proyecto, que fue abordado en comisiones con participación de distintos sectores”.
Cabe remarcar que hoy la Legislatura llevará adelante la quinta sesión ordinaria del año a partir de las 17 horas, donde el traspaso de YPF a Terra Ignis será el eje central de la sesión.
Negociaciones paralelas y un clima de cautela
El dirigente sindical remarcó que “mientras el Parlamento avanza con el tratamiento legislativo, el gremio mantiene negociaciones directas con YPF a nivel local y nacional”.
En este sentido, dijo que “el pasado jueves volvimos a reunirnos con la gente de YPF para continuar la charla local”, explicó, dando cuenta de un proceso que “corre en paralelo al debate político”.
En ese marco, Sosa reconoció que “la salida de YPF tuvo un impacto directo sobre los trabajadores, especialmente en las empresas tercerizadas”.
Según detalló, alrededor de “40 trabajadores acordaron su desvinculación, impulsados por la necesidad económica y la incertidumbre sobre el futuro inmediato”.
Asimismo, detalló que “llegaron a un buen acuerdo para ellos, no para nosotros”, sostuvo, marcando la posición crítica del gremio frente a las salidas anticipadas.
Actualmente, el universo laboral vinculado a YPF y sus contratistas ronda entre 400 y 450 trabajadores, mientras que el sindicato mantiene más de 800 afiliados en toda la provincia, con un claro predominio de la empresa Total, que hoy concentra la mayor parte de la actividad hidrocarburífera fueguina.
Inversión, continuidad laboral y el valor del conocimiento local
Uno de los puntos centrales planteados por Sosa tiene que ver con la continuidad laboral y al respecto el dirigente confía en que los “nuevos operadores, incluida Terra Ignis, absorberán mano de obra local con experiencia, son trabajadores especializados, con conocimiento del territorio, la idea es recuperar a esos compañeros que se fueron por una necesidad económica”, explicó.
En ese sentido, puso el foco en el proyecto CA-12, que contempla inversiones significativas y que de “avanzar, demandará nuevos puestos de trabajo”.
Para el gremio, ese plan es “clave para garantizar que el traspaso de áreas no implique una pérdida estructural de empleo, sino una reconfiguración del sector”.
El RIGI, la seguridad jurídica y el antecedente de Santa Cruz
Otro eje de discusión es la posible adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para lo cual, Sosa reconoció que “varias empresas interesadas en las áreas fueguinas plantean la necesidad de contar con reglas claras y estabilidad a largo plazo, tal como ocurrió en Santa Cruz, donde el esquema ya está en marcha”.
Si bien aclaró que el pedido no partió del gremio sino de las empresas, el dirigente consideró que “el tema está siendo evaluado por la Legislatura y el Ejecutivo”.
“Creo que vamos a andar bien por ese sector”, dijo, dejando abierta la puerta a un consenso que “brinde previsibilidad sin resignar soberanía provincial”.
Municipios, regalías y una discusión pendiente
Más allá del empleo y la inversión, Sosa introdujo un debate sensible como lo es la distribución de las regalías.
Según explicó, el sindicato viene “dialogando con intendentes y legisladores para analizar la posibilidad de una regalía adicional para los municipios, sin afectar los recursos provinciales”.
“El norte de la provincia es el más perjudicado”, afirmó, marcando la asimetría con Ushuaia, que cuenta con “ingresos asociados al turismo”.
La propuesta apunta a fortalecer a “Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, reconociendo el impacto territorial de la actividad petrolera y gasífera”.
Ambiente y remediación: una condición innegociable
En un contexto donde el impacto ambiental es una preocupación creciente, Sosa valoró que “el Ejecutivo haya presentado documentación sobre remediación ambiental ante la Legislatura, no queremos encontrarnos con sorpresas una vez que se vaya YPF”, advirtió.
El antecedente de Santa Cruz, donde una consultora contratada por YPF evalúa pasivos ambientales durante dos años, aparece como modelo a seguir.
Para el gremio, el traspaso de áreas debe “incluir compromisos claros sobre saneamiento y control ambiental, especialmente en una provincia insular y ambientalmente sensible como Tierra del Fuego”.
Un balance prudente y una advertencia
De cara al cierre del año, Sosa anticipó que “el gremio hará un balance de 2025 y proyectará el escenario de 2026”.
Aunque evitó un optimismo desmedido, habló de una “perspectiva significativa” si se aceleran las definiciones.
“YPF estaría hasta marzo, con garantías hasta septiembre. Después hay que trabajar fuerte con el gas, que es nuestro recurso más importante”, remarcó.
La advertencia final apunta al corazón del debate legislativo como es el tiempo, por lo cual, para el sindicato, las demoras pueden “traducirse en más incertidumbre laboral y menor inversión”.
Por eso, Sosa llamó a avanzar con un proyecto “que sea bueno para la provincia, para los municipios y para los trabajadores”.
En definitiva, la sesión de áreas que hoy trata la Legislatura no es un trámite administrativo. Es una decisión estratégica que definirá el rumbo energético, económico y social de Tierra del Fuego en los próximos años y el gremio petrolero ya dejó en claro que acompañará el proceso, pero no a cualquier precio.
