La secretaria de Coordinación Legal del Gobierno provincial, María Ángeles Arroyo, aseguró que el Puerto de Ushuaia no se encuentra intervenido y explicó que la Provincia atraviesa un procedimiento administrativo iniciado por Nación, al que calificó como “irregular” y “llamativo”, tanto por los plazos otorgados como por el tipo de información requerida.
Río Grande. -En declaraciones a FM Fuego, Arroyo explicó que el origen del conflicto se remonta a una nota enviada por la Provincia a la Agencia Nacional de Puertos, en el marco de la sanción de la ley de OSEF que dispuso la transferencia del superávit de la Dirección Provincial de Puertos. “Eso originó una inspección en el mes de septiembre, donde se realizaron observaciones que fueron respondidas en su totalidad y respaldadas con informes técnicos”, señaló.
Según detalló, tras esa instancia no hubo nuevos intercambios hasta mediados de diciembre, cuando Nación intimó a la Dirección de Puertos a remitir la nómina completa de trabajadores. “Ellos ya tenían esa información, pero nos resultó llamativo que la requieran mediante una intimación formal”, sostuvo.
Objeciones por la vista del expediente
Arroyo remarcó que, ante esa situación, el Gobierno provincial solicitó acceder al expediente completo para conocer los fundamentos de la intimación. Sin embargo, denunció que la primera vista otorgada fue “claramente violatoria del derecho de defensa”.
“Nos citaban a presentarnos en CABA al otro día, de 10 a 16 horas, para ver el expediente completo. Eso es de realización imposible estando a 3.000 kilómetros”, explicó.
Si bien posteriormente se concedieron diez días para la vista, Arroyo advirtió que no se suspendieron los plazos administrativos. “La vista y la suspensión de plazos son fundamentales para poder analizar en su totalidad la situación y delinear una estrategia legal correcta”, subrayó.
Cuestionamientos a las facultades del organismo nacional
La funcionaria fue categórica al señalar que el organismo nacional no tendría atribuciones para avanzar sobre aspectos administrativos u organizacionales del puerto. “Reconocemos su poder de policía en materia de seguridad, pero no en lo administrativo ni en lo organizacional del puerto”, afirmó.
En ese sentido, aclaró que la Provincia trabaja en una estrategia legal para impugnar cualquier medida que exceda esas competencias. “Si hubiera una disposición administrativa en ese sentido, la vamos a impugnar”, adelantó.
Dimensión geopolítica y defensa de la autonomía provincial
Arroyo también vinculó la situación con la relevancia estratégica del Puerto de Ushuaia. “No estamos hablando de cualquier puerto. Es el principal en movimiento de trasatlánticos, con una ubicación geopolítica indudable y como puerta de entrada a la Antártida”, expresó.
“Tenemos que poner todos los elementos legales para defender la autonomía de la provincia, en un contexto nacional complejo y con una mirada de resguardo geopolítico”, sostuvo.
Asimismo, consideró “sugestivo” que una nota presentada por un trabajador haya derivado en un procedimiento administrativo de tal magnitud. “Es una visión posible que se busque que el puerto deje de estar en la órbita provincial, y por eso tenemos que estar atentos”, afirmó.
No hay intervención y el puerto sigue operando normalmente
La secretaria de Coordinación Legal fue enfática al descartar versiones sobre una intervención en curso.“No está intervenido el puerto. Estamos dentro de un procedimiento administrativo y estamos exigiendo la vista total del expediente para analizar la mejor estrategia legal”, aclaró.
También destacó que no existen cuestionamientos vinculados a la seguridad, que es la función central del organismo nacional. “No se habla de malversación de fondos ni de falta de seguridad. Si fuera así, nuestra postura sería otra”, indicó.
Inversiones, superávit y pedido de responsabilidad informativa
Arroyo defendió la gestión del puerto y remarcó las inversiones realizadas. “Se invirtieron 124 metros de muelle, lo cual demuestra que no hay desinversión, sino todo lo contrario”, afirmó, y recordó que el movimiento reciente de recaladas “es una prueba de la correcta operación del puerto”.
Finalmente, pidió responsabilidad a los medios de comunicación:“Este tipo de versiones generan un desprestigio injustificado. El puerto es un eslabón clave de la economía provincial y debe ser noticia por sus casi 600 recaladas, por su rol turístico y estratégico, y no por una intervención que no es tal”.
