Con un diagnóstico crudo sobre el estado de la infraestructura y la seguridad, el diputado nacional Miguel Rodríguez defendió la intervención del Puerto de Ushuaia. Advirtió que, en términos técnicos, el cierre del puerto luego de la auditoría, para la ANPyN fue algo que estuvo dentro de las posibilidades y sostuvo que la medida busca evitar riesgos mayores, ordenar la administración y recuperar un enclave estratégico para Tierra del Fuego y la soberanía nacional. Rodríguez, junto a su par Santiago Pauli y la legisladora provincial Natalia Gracianía, mantuvo una reunión clave con autoridades de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), encabezadas por su administrador, Iñaki Arreseygor. El encuentro, lejos de los eufemismos, expuso sin rodeos la magnitud del problema.
Río Grande.- La intervención del Puerto de Ushuaia dejó de ser una discusión meramente administrativa para convertirse en un capítulo central del debate político e institucional en Tierra del Fuego. En ese marco, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, junto a su par Santiago Pauli y la legisladora provincial Natalia Gracianía, mantuvo una reunión clave con autoridades de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), encabezadas por su administrador, Iñaki Arreseygor. El encuentro, lejos de los eufemismos, expuso sin rodeos la magnitud del problema.
Según relató Rodríguez, la reunión fue “seria, técnica y muy concreta”, y sirvió para poner sobre la mesa una verdad incómoda: el Puerto de Ushuaia atraviesa una situación crítica que no admite maquillajes ni lecturas simplistas. De hecho, Arreseygor fue categórico al afirmar que el escenario actual es “el mejor de los males”, ya que, desde un punto de vista estrictamente técnico y de seguridad, el puerto —en las condiciones heredadas— debería haber sido directamente cerrado.
La afirmación no es menor. Implica reconocer que durante años se operó al límite de lo admisible, acumulando riesgos que hoy impactan de lleno en la infraestructura, la operatividad y, sobre todo, en la seguridad de trabajadores, turistas y usuarios. Pilotes rotos, defensas vencidas y un deterioro generalizado describen un cuadro que excede el desgaste natural y remite a un abandono prolongado.
No obstante, desde la Administración Nacional de Puertos se dejó en claro un punto central: no existe voluntad alguna de cerrar el Puerto de Ushuaia. Por el contrario, se reconoce su carácter estratégico no solo para Tierra del Fuego, sino para el país en su conjunto. El puerto es una pieza clave para la actividad turística antártica, la logística, el comercio y la proyección soberana argentina en el extremo sur del continente.
A la crisis estructural se suma un problema de fondo aún más delicado: el desorden administrativo y financiero. Durante años, el puerto no contó con una cuenta recaudadora propia, una situación expresamente prohibida por la ley. Todos los ingresos generados se derivaban a una cuenta única de rentas generales de la provincia, impidiendo que esos recursos se reinviertan de manera directa y sostenida en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura portuaria.
Ese esquema, lejos de ser una mera irregularidad contable, explica buena parte del deterioro actual. Sin autonomía financiera, el puerto quedó atrapado en una lógica de vaciamiento silencioso: producía recursos, pero no los veía volver en obras, mantenimiento ni modernización.
Frente a este panorama, la intervención avanza sobre dos ejes centrales: diagnóstico y acción. Actualmente, la ANPyN lleva adelante un relevamiento integral con ingenieros y técnicos especializados para dimensionar con precisión el estado real del puerto. Hoy trabajan apenas 16 personas para sostener la operatividad, cuando la dotación necesaria debería rondar los 40 técnicos y profesionales. Esa brecha será cubierta y financiada por la intervención como parte del proceso de normalización.
En paralelo, se desarrolla un estudio específico de daños y costos de reparación, que permitirá cuantificar la inversión necesaria y definir un plan de obras con prioridades claras, etapas de ejecución y plazos concretos. Con ese respaldo técnico y económico, el objetivo es avanzar en licitaciones para las intervenciones más urgentes, garantizando condiciones mínimas de seguridad, previsibilidad y funcionamiento.
El conflicto institucional no quedó al margen del análisis. Ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno provincial ante la Justicia Federal, la Administración Nacional de Puertos trabaja en un informe técnico-jurídico que será utilizado para contraargumentar la presentación. Según adelantó Rodríguez, el documento estará sustentado en datos objetivos, diagnósticos técnicos y hechos verificables, alejándose de cualquier disputa meramente discursiva.
En el cierre de su exposición, el diputado fueguino puso el acento en lo que considera el núcleo del problema: el riesgo concreto para la vida humana. La situación del puerto no es una abstracción política ni un conflicto de competencias, sino una amenaza real para trabajadores, turistas y usuarios. Esa urgencia, sostuvo, es la que explica la intervención y las decisiones adoptadas.
“Acá no se está improvisando”, afirmó Rodríguez, al tiempo que señaló que las medidas buscan reparar años de desidia acumulada. La intervención del Puerto de Ushuaia aparece así como una decisión incómoda pero inevitable, que desnuda un pasado de abandono y abre un debate de fondo sobre cómo se gestionan los recursos estratégicos en Tierra del Fuego.
