“La percepción que tenemos del Estado provincial es que netamente funciona para Ushuaia”

El referente de la Cámara de Comercio de Río Grande advirtió sobre el abandono estructural de la ciudad por parte del Estado provincial, reclamó falta de inversiones estratégicas y señaló una “ausencia de respeto institucional” hacia las organizaciones locales.

Río Grande. -José “Gigi” Iglesias, dirigente de la Cámara de Comercio de Río Grande, cuestionó el modelo de desarrollo provincial y sostuvo que existe una concentración histórica de recursos, decisiones e inversiones en Ushuaia, en detrimento del norte de la provincia. “Desde Río Grande, como lo vemos a 200 kilómetros, la percepción que tenemos del Estado provincial es que netamente funciona para Ushuaia”, afirmó.

Según explicó, esta situación no responde necesariamente a una mala intención política, sino a una lógica de cercanía del poder: “Cuando concentrás el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Vialidad y un montón de organismos en una ciudad, después se trabaja en función de esas necesidades”.

 

Inversiones desiguales y falta de planificación equilibrada

 

Iglesias reconoció el desarrollo turístico de Ushuaia y las inversiones vinculadas al cerro, el aeropuerto y el puerto, pero advirtió que ese protagonismo no fue acompañado por una planificación equilibrada del crecimiento provincial. “El activo de Ushuaia es un activo de Tierra del Fuego, no somos necios, pero el problema es que el desarrollo no fue equilibrado”, remarcó.

En ese sentido, criticó que decisiones estructurales —como la localización de infraestructura penitenciaria o judicial— sigan concentrándose en la capital provincial.

Puerto seco: un reclamo histórico sin respuestas

 

Consultado sobre la situación portuaria, Iglesias fue tajante al señalar que Río Grande carece de infraestructura logística básica. “No podemos opinar del puerto porque no tenemos puerto. No tenemos ni siquiera el puerto seco, que es un reclamo permanente”, sostuvo.

Y agregó que “siempre falta poco, siempre falta la mensura o los fondos, pero la realidad es que no está en la agenda política”.

Además, cuestionó el rol de los representantes políticos que, una vez instalados en Ushuaia, pierden vínculo con la ciudad que los eligió. “Nuestros representantes, cuando se mudan a Ushuaia, se transforman y ya no responden a Río Grande”, afirmó.

 

Fondos productivos y silencio político

 

Iglesias también apuntó contra la asignación de fondos de programas como el FAMP y el RIGI, señalando que gran parte de los recursos se originan en la actividad industrial de Río Grande, pero terminan destinándose a otros puntos de la provincia. “El que pone la plata cree que es el dueño de esa plata y puede disponer de ella. La provincia está ausente en todas las medidas”, cuestionó.

En ese marco, advirtió sobre el silencio de sectores políticos y empresariales: “Todos están calladitos y nadie dice nada. Esto funciona si conviene al gobierno provincial o nacional; Río Grande arreglate como puedas”.

 

Falta de respeto institucional

 

Asimismo, se refirió al vínculo entre el Ejecutivo provincial y las instituciones de Río Grande. “El gobernador nunca vino a la Cámara de Comercio como gobernador. La falta de respeto institucional hacia Río Grande es recurrente”, denunció. 

Y añadió que “no es que seamos gritones, decimos las cosas de forma simple para que se entiendan”.

 

Contexto económico y acompañamiento al sector comercial

 

En relación a la situación económica, Iglesias advirtió que el impacto de la quita de aranceles y la caída del consumo golpea con más fuerza a Río Grande. “Lo primero que se para cuando hay crisis son las fábricas de Río Grande”, señaló.

No obstante, valoró la predisposición del Ministerio de Trabajo provincial para implementar capacitaciones y programas de educación financiera destinados a comerciantes y emprendedores. “La persona que está necesitada requiere empatía, presencia y buena voluntad, no un 0800 o una página web”, subrayó.

 

Llamado a priorizar lo urgente

 

Finalmente, Iglesias reclamó que las políticas públicas vuelvan a enfocarse en las necesidades básicas de la población. “Lo primero es lo básico: que la gente pueda comer. La salud y la alimentación son prioridades”, concluyó.

 

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