La legisladora provincial por La Libertad Avanza Natalia Gracianía apuntó con dureza contra el gobernador Gustavo Melella, a quien responsabilizó por el aislamiento político de la provincia, la ruptura del diálogo con la Nación y una gestión que calificó como ineficiente, sin planificación ni controles, con el conflicto del Puerto de Ushuaia como síntoma de un deterioro institucional más profundo.
Río Grande.- La legisladora provincial Natalia Gracianía, del bloque La Libertad Avanza, profundizó sus críticas contra el gobernador Gustavo Melella y lo señaló como el principal responsable del deterioro institucional que atraviesa la provincia, en especial en el marco del conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia.
Con definiciones duras y sin matices en FM Aire Libre, la legisladora sostuvo que el actual escenario es consecuencia directa de una gestión marcada por la confrontación, la falta de diálogo y la mala administración.
Según Gracianía, la crisis no puede analizarse de manera aislada ni limitarse únicamente al puerto. “Esto no es un hecho puntual ni una casualidad. Es el resultado de años de desmanejos, de falta de planificación y de una decisión política clara del gobernador de confrontar con el Gobierno nacional en lugar de dialogar”, afirmó.
En ese sentido, fue categórica al responsabilizar a Melella por el quiebre del vínculo institucional con Nación. “No hay diálogo porque el gobernador nunca quiso dialogar. Desde el minuto cero mostró una hostilidad permanente, pública y deliberada”, sostuvo, y advirtió que esa actitud tuvo costos concretos para Tierra del Fuego. “Cuando un gobernador decide aislarse, no se perjudica a sí mismo: perjudica a toda la provincia”.
Un gobierno “ineficiente” y sin planificación
La legisladora fue más allá del conflicto portuario y trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento general del Estado provincial. “Lo que pasó en el puerto es grave, pero no es una excepción. Lo mismo ocurre en educación, en salud y en seguridad. Hay poca inversión, falta de control y una gestión claramente ineficiente”, señaló.
Gracianía recordó que durante el último año la provincia atravesó una crisis educativa sin precedentes. “Tuvimos un año prácticamente sin clases. Eso es una tragedia social de la que todavía no dimensionamos las consecuencias”, afirmó, y cuestionó que, pese a ese antecedente, no exista hasta ahora un plan claro para garantizar el inicio normal del ciclo lectivo.
En materia sanitaria, también apuntó contra la administración provincial. “OSEF está en una situación crítica desde hace años, con afiliados que no reciben prestaciones básicas. El problema no es la falta de recursos, es la mala administración de fondos y la ausencia total de controles”, dijo.
El puerto como síntoma de un problema mayor
Al referirse puntualmente al Puerto de Ushuaia, Gracianía sostuvo que la intervención nacional expuso falencias que el gobierno provincial se negó a reconocer durante años. “Durante meses se les advirtió que había problemas graves de infraestructura y de seguridad. No hicieron nada. Se prometieron obras que nunca se ejecutaron”, remarcó.
También cuestionó con dureza el manejo financiero del ente portuario bajo la órbita provincial. “Nos informaron que apenas el 1,3% del presupuesto del puerto se destinaba a obras, mientras que cerca del 30% se usaba para préstamos al propio Gobierno provincial. El puerto terminó funcionando como una caja financiera del Ejecutivo”, afirmó.
En ese contexto, consideró que el discurso oficial que presenta a la intervención como un ataque político carece de sustento. “Se intenta victimizar a la provincia, pero no se explica por qué no se invirtió, por qué no se corrigieron las irregularidades ni por qué se ignoraron las advertencias”, sostuvo.
Críticas a la falta de control institucional
La legisladora también apuntó contra los organismos de control provinciales y la falta de reacción del oficialismo. “Si el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y otros entes hubieran funcionado como corresponde, muchas de estas situaciones no habrían llegado a este punto”, indicó.
Sin embargo, fue clara al marcar responsabilidades políticas. “Los entes de control existen, pero el máximo responsable es el gobernador. Es su gobierno el que designa funcionarios, el que ejecuta el presupuesto y el que define prioridades”, subrayó.
“La Provincia no puede seguir aislándose”
En el tramo final de sus declaraciones, Gracianía insistió en que el problema de fondo es político e institucional. “Tierra del Fuego no puede darse el lujo de vivir enfrentada al Gobierno nacional. No somos una isla política ni un país independiente. Formamos parte de la Argentina”, afirmó.
Y concluyó con una advertencia directa: “Mientras el gobernador siga priorizando la confrontación ideológica por sobre el diálogo institucional, los problemas se van a profundizar. El aislamiento no es una bandera: es un camino directo al deterioro. Y ese deterioro lo están pagando hoy los fueguinos”.
