El contador Ramón Gallardo sostuvo que el acuerdo con Estados Unidos expone la hipocresía del sistema tributario argentino y advirtió que, sin una reforma profunda y sin el RIGI, Tierra del Fuego quedará fuera del mapa de inversiones. Asimismo, mantuvo que el convenio comercial abre oportunidades inéditas para Tierra del Fuego, pero desnuda el principal problema estructural del país como lo es una presión impositiva récord, impuestos distorsivos y una dirigencia política que reconoce el problema, pero se resiste a perder cajas. Además, advirtió que todos admiten la falta de competitividad, pero sindicatos, cámaras y gobernadores bloquean las reformas que permitirían producir y exportar sin la mochila fiscal. Por otro lado, el contador salió al cruce de las principales críticas al RIGI, al señalar que “no implica una renuncia a la soberanía, no vulnera el dominio provincial sobre los recursos naturales ni debilita las potestades ambientales”. Destacó que “19 provincias ya adhirieron al RIGI y que, de hacerlo Tierra del Fuego, quedarían solo cuatro fuera del régimen, por razones más ideológicas que técnicas”.
Río Grande.- El reciente Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca firmado entre Argentina y Estados Unidos genera expectativas, pero también profundas tensiones dentro de la estructura económica nacional. Así lo analizó el contador Ramón Gallardo, quien planteó que “el entendimiento con la principal potencia mundial funciona como una radiografía brutal de las debilidades de la producción argentina y, al mismo tiempo, como una oportunidad histórica para provincias con recursos estratégicos como Tierra del Fuego”.
Gallardo aclaró que su lectura parte de la información pública difundida por el propio Gobierno nacional, ante la ausencia de la “letra chica” del acuerdo.
En ese marco, reconoció que “existen sectores claramente beneficiados por la baja de aranceles y el estímulo a inversiones estadounidenses, como el complejo cárnico, la minería, la energía, la agricultura, con especial énfasis en el sector forestal, la economía del conocimiento y el comercio digital”.
También destacó el “acceso preferencial a insumos industriales no patentados para la industria farmacéutica y la posibilidad de eliminar aranceles al acero y aluminio argentinos”.
Sin embargo, advirtió que “el otro lado del acuerdo deja al descubierto a sectores que deberán enfrentar una competencia mucho más agresiva, como la industria automotriz, los laboratorios nacionales, el sector textil y buena parte de la manufactura local”.
Por tal motivo, agregó que “este acuerdo genera satisfacción en quienes exportan y preocupación en quienes deberán competir con productos importados, muchas veces más baratos por razones que no tienen que ver con eficiencia sino con estructura impositiva”, sintetizó.
La presión tributaria como núcleo del problema
Para Gallardo, el acuerdo con Estados Unidos no hace más que aumentar la “presión sobre el Gobierno nacional para revisar las causas estructurales que colocan a la producción argentina en una clara desventaja competitiva”.
En ese punto, recordó el informe elaborado por la Unión Industrial Argentina en 2023, que “comparó la carga fiscal de siete impuestos en 30 países que representan el 86% del PBI mundial”.
Las conclusiones fueron contundentes al marcar que “Argentina ocupa el primer lugar en presión tributaria entre esos países, con una recaudación equivalente al 50,7% del PBI, y lidera la carga en tres de los siete impuestos analizados como lo son Ganancias a sociedades, impuesto al patrimonio e impuesto de sellos”.
Pero lo más alarmante, según Gallardo, es la “persistencia de impuestos distorsivos, como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales, que prácticamente no existen en la mayoría de los países analizados”.
“Son gravámenes que se trasladan directamente al costo de producción, encarecen artificialmente los precios y nos convierten en exportadores de impuestos”, explicó.
Esta situación, señaló, explica por qué los “productos nacionales llegan al mercado internacional con una mochila fiscal que otros países no cargan, y por qué resulta tan difícil competir con importaciones que no arrastran esos costos”.
Reforma tributaria: consenso discursivo, bloqueo real
Gallardo reconoció que el “Gobierno nacional es consciente del problema y que por eso incluyó una reforma tributaria dentro de los diez puntos del denominado Pacto de Mayo”. En esa línea, enumeró medidas recientes como la “eliminación del impuesto PAIS, la baja de algunas retenciones y, en el caso de Tierra del Fuego, la suspensión del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP)”.
También destacó que el “anteproyecto de modernización laboral incorpora una reducción del impuesto a las ganancias para empresas, bajando la alícuota del 35% al 31,5% para grandes compañías y del 30% al 27% para el resto, no obstante, fue categórico al anticipar que esa rebaja difícilmente prospere en el Congreso”.
“El principal escollo son las cajas”, afirmó y según explicó, los sindicatos buscan “mantener obligatorios los aportes de todos los trabajadores, afiliados o no; las cámaras empresarias pretenden sostener los aportes compulsivos para capacitación; y los gobernadores condicionan su apoyo a que no se afecte la coparticipación, entonces todos reconocen la falta de competitividad, pero cuando hay que corregirla, nadie quiere resignar lo que recibe”, subrayó.
El acuerdo con EE.UU. y la oportunidad fueguina
Desde su rol como presidente de la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA), Gallardo subrayó que el sector forestal aparece como uno de los grandes beneficiados del acuerdo con Estados Unidos.
En Tierra del Fuego, señaló que “la forestoindustria tiene un potencial enorme para atraer inversiones orientadas a la producción de celulosa, terciados, viviendas, muebles, pisos, envases, pellets y otros productos con alto valor agregado”.
“Hoy se abre un mercado de 340 millones de habitantes, más de siete veces nuestra población”, remarcó, y advirtió que “para aprovechar esta ventana histórica es imprescindible que la provincia esté a la altura de las circunstancias”.
En ese sentido, insistió en la “necesidad urgente de que el Gobierno provincial adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)”.
Gallardo recordó que “Tierra del Fuego cuenta con recursos naturales, empresas con tecnología de punta y antecedentes exportadores, pero carece de infraestructura clave como un puerto en Río Grande o energía suficiente en Tolhuin”.
“Sin el RIGI, atraer grandes inversiones será prácticamente imposible”, alertó.
RIGI, soberanía y mitos
El contador salió al cruce de las principales críticas al RIGI, al señalar que “no implica una renuncia a la soberanía, no vulnera el dominio provincial sobre los recursos naturales ni debilita las potestades ambientales”.
“Nada de eso es cierto”, afirmó, y recordó que “la Constitución Nacional mantiene intacto el dominio originario de las provincias”.
También relativizó las objeciones sobre el sometimiento a tribunales extranjeros, al señalar que “Argentina recurre desde hace décadas a ese mecanismo para emitir deuda”.
“El verdadero problema es que somos un país poco creíble, con nueve defaults y un historial de incumplimientos”, sostuvo, y citó como ejemplo local las “modificaciones constantes al subrégimen industrial fueguino y a los beneficios para hidrocarburos”.
En ese contexto, destacó que “19 provincias ya adhirieron al RIGI y que, de hacerlo Tierra del Fuego, quedarían solo cuatro fuera del régimen, por razones más ideológicas que técnicas”.
Una decisión política impostergable
Para Gallardo, la provincia tiene “siete de los ocho sectores habilitados por el RIGI como lo es la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, petróleo y gas, y energía”.
A eso sumó oportunidades en sectores como la “turba, con potencial para fertilizantes, productos farmacéuticos y medicamentos, además de hidrocarburos y actividades vinculadas a la Antártida”.
El diagnóstico final fue claro al marcar que el “acuerdo con Estados Unidos y el RIGI representan oportunidades únicas que no volverán a repetirse”.
“Si Tierra del Fuego no se mueve rápido, va a perder una chance histórica de diversificar su economía, generar empleo y dejar de depender de un solo esquema productivo”, advirtió.
En ese marco, llamó al Gobierno provincial a “asumir un rol activo, salir a mostrar las oportunidades de inversión, reforzar la capacitación, garantizar seguridad jurídica y utilizar todas las herramientas disponibles para ampliar la matriz productiva y reconocer el problema ya no alcanza; ahora hay que animarse a tomar decisiones”, concluyó.
