El abogado cuestionó la “desprolijidad institucional” en el manejo de la impugnación contra la intervención dispuesta por Nación y sostuvo que la Provincia aún está a tiempo de corregir el rumbo. Propuso retirar la demanda, recomponer la estrategia junto al Fiscal de Estado y presentar una cautelar ante la Corte Suprema para frenar la medida.
Ushuaia.- La discusión por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo institucional tras la excusación del juez federal y del Fiscal de Estado, dejando en suspenso la estrategia judicial de la Provincia frente a la resolución dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables.
En ese contexto, el Dr. Raúl Aciar analizó la situación en diálogo con Radio Provincia y planteó una salida concreta al sostener que se debe “desistir del proceso iniciado y volver a presentar la demanda, esta vez con una estrategia formalmente ordenada y consensuada entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Estado”, detalló.
Un conflicto institucional que no le sirve a la provincia
Aciar fue claro en su diagnóstico y más allá de las responsabilidades individuales, advirtió que la provincia atraviesa una “desprolijidad institucional” que la debilita frente al Estado Nacional.
“Esto no se lo merece la provincia”, sostuvo y explicó que el “conflicto entre el Ejecutivo y el Fiscal de Estado no solo distrae del problema de fondo como lo es la intervención del puerto sino que deja sin una defensa sólida los intereses provinciales”.
Según describió, el “Fiscal de Estado argumentó que no fue convocado oportunamente por el gobernador para intervenir en la presentación judicial, y por ello decidió excusarse, extendiendo esa excusación a todos los abogados del organismo. En paralelo, el juez federal de Ushuaia también se apartó por considerar que la competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por lo tanto, el resultado fue un “proceso que no avanzó sobre el fondo del asunto y que quedó atrapado en cuestiones formales”.
“Nadie decidió en favor de los intereses de la provincia, eso es lo preocupante”, señaló Aciar.
La propuesta: desistir y comenzar nuevamente
Desde el punto de vista técnico-procesal, el abogado sostuvo que “la situación todavía es reversible y que existe una alternativa jurídica viable”.
“El juicio está recién iniciado, no se ha notificado al Estado Nacional, que es la parte demandada, por lo tanto, se puede desistir del proceso sin costo alguno y empezar de vuelta”, explicó.
Aclaró que “se trata de desistir del proceso, no del derecho a reclamar, es decir, retirar la presentación actual para reformularla correctamente y presentarla ante la Corte Suprema, como indicó el juez federal”.
La ventaja, según detalló, es que al no “haber sido notificada la Nación, no hay oposición posible ni consecuencias procesales adversas, hasta acá, en realidad, no pasó nada en términos sustanciales”, afirmó.
La clave estaría en que, esta vez, la demanda se “presente con la intervención plena del Fiscal de Estado y con una estrategia jurídica sólida, evitando llegar al máximo tribunal con irregularidades formales que puedan debilitar la postura provincial”.
“Si se manda así a la Corte, va con una serie de desprolijidades, si se hace de vuelta, probablemente pueda caminar con las dos piernas”, graficó.
La medida cautelar como herramienta inmediata
Aciar subrayó que el “objetivo inmediato no es esperar una sentencia definitiva, que podría demorar años, sino solicitar una medida cautelar”.
Lo que la Provincia pretende es “dejar sin efecto la resolución nacional que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia, para ello, puede solicitar un anticipo de jurisdicción”, figura procesal mediante la cual la Corte podría “suspender provisionalmente la medida mientras se tramita el proceso principal”.
“Eso es rápido en términos judiciales: quince o veinte días”, explicó.
Teniendo en cuenta que la intervención fue establecida por un plazo de un año, prorrogable, el abogado consideró indispensable actuar con celeridad al sostener que “hay que buscar soluciones rápidas y hacerlo mejor de lo que se hizo antes”, enfatizó.
Críticas al desgaste institucional
Más allá del análisis técnico, Aciar cuestionó el clima de confrontación entre organismos provinciales y advirtió que la discusión se está desviando hacia responsabilidades personales en lugar de concentrarse en la solución.
“Si seguimos generando oposiciones institucionales, pobre provincia”, expresó.
También relativizó los debates sobre eventuales juicios políticos o responsabilidades disciplinarias, a su entender, ese “tipo de iniciativas no contribuyen a resolver el conflicto de fondo”.
“La Constitución provincial establece que el Fiscal de Estado debe representar a la provincia en las cuestiones de su interés, está claramente lo es, pero si no hubo convocatoria adecuada, hay que corregirlo, no profundizar el enfrentamiento”, sostuvo.
En ese sentido, llamó a recuperar la “lógica de servicio público y a recomponer el diálogo institucional, esto se puede arreglar, hemos perdido tiempo, nada más, no hay nada perdido en términos jurídicos”, afirmó.
El riesgo de llegar debilitados a la Corte
Para Aciar, el principal peligro no “es la demora en sí misma, sino acudir a la Corte Suprema con un planteo mal articulado”.
“Hay que aprovechar la oportunidad para mejorar todo lo que se hizo. Si no, seguimos con la poca consistencia con la que se planteó el tema”, advirtió.
Desde su perspectiva, la intervención del Puerto de Ushuaia es “una cuestión de interés estratégico para Tierra del Fuego, tanto por su dimensión económica como por su impacto político e institucional, por eso, considero que la defensa debe ser técnica, ordenada y consensuada”.
Una decisión política pendiente
El escenario ahora depende de la voluntad del Ejecutivo y del Fiscal de Estado para recomponer la estrategia.
La alternativa está planteada, desistir del proceso actual, acordar una nueva presentación con respaldo institucional pleno y acudir directamente a la Corte Suprema con un pedido cautelar que permita suspender la intervención mientras se discute el fondo del asunto.
Para Aciar, la salida es “simple en términos jurídicos, pero requiere decisión política”, dijo, al tiempo que agregó que “esto es más sencillo de lo que se está haciendo. Hay que empezar de vuelta y hacerlo bien”, concluyó.
En medio de un conflicto que expuso tensiones internas en el Estado provincial, el debate ya no gira únicamente en torno a la intervención del puerto, sino también sobre la capacidad institucional de la provincia para defender sus propios intereses ante la Nación.
