A horas de abrir las sesiones ordinarias, el intendente Martín Pérez apuntó contra el ajuste del Gobierno nacional, donde denunció el abandono de la obra pública y advirtió que el municipio sostiene salud, empleo y asistencia social con recursos propios en un contexto de caída económica y creciente vulnerabilidad. En este marco, advirtió que “se hace muy difícil llevar adelante una gestión cuando no se cuenta con acompañamiento, el Estado nacional canceló el financiamiento de diez obras que estaban en ejecución en nuestra ciudad”, afirmó. Entre ellas, las “180 viviendas del programa Procrear II, que quedaron paralizadas tras la decisión del Ejecutivo nacional de cerrar el financiamiento, no se trata de un dato menor, esas obras no sólo resolvían déficit habitacional, sino que dinamizaban empleo y actividad económica”.
Río Grande.- A un día de la apertura de sesiones ordinarias, el intendente de Martín Pérez se encuentra preparando un discurso atravesado por una palabra clave como lo es la ‘resistencia’, no en términos declamativos, sino presupuestarios y un mensaje que no será celebratorio, sino de advertencia y convocatoria.
La gestión municipal enfrenta un 2026 que anticipa más dificultades que el año anterior, con menos recursos, más demanda social y una Nación que, según su diagnóstico, “se ha corrido absolutamente de todas las responsabilidades”, reprochó.
Ajuste nacional, impacto local
Pérez fue categórico al describir el escenario heredado de 2025 con “caída de la actividad económica, deterioro del empleo industrial y comercial, y retracción total del acompañamiento nacional en materia de obra pública”.
En este marco, advirtió que “se hace muy difícil llevar adelante una gestión cuando no se cuenta con acompañamiento, el Estado nacional canceló el financiamiento de diez obras que estaban en ejecución en nuestra ciudad”, afirmó.
Entre ellas, las “180 viviendas del programa Procrear II, que quedaron paralizadas tras la decisión del Ejecutivo nacional de cerrar el financiamiento, no se trata de un dato menor: esas obras no sólo resolvían déficit habitacional, sino que dinamizaban empleo y actividad económica”.
Por lo tanto, la “ecuación es simple y brutal, menos obra pública, menos trabajo; menos trabajo, más demanda social”, detalló.
Sostener lo esencial con recursos propios
Frente a ese escenario, la estrategia municipal se apoya en tres pilares como lo es “finalizar lo que está en marcha, priorizar servicios básicos y administrar con equilibrio fiscal”.
El intendente confirmó que algunas obras nacionales fueron absorbidas por el municipio, aunque reconoció que otras resultan imposibles de afrontar por su magnitud.
Aun así, destacó avances como la “finalización del Centro de Bienestar para Adultos Mayores y la continuidad de proyectos emblemáticos como la Carpa de la Dignidad”.
En paralelo, sostuvo que “el municipio mantiene abiertos quince dispositivos de salud, en un contexto donde la Nación recorta y la Provincia también ajusta, la red sanitaria municipal se convirtió en un amortiguador social”.
La apuesta política es evidente, mientras el Gobierno nacional predica el ajuste como virtud macroeconómica, el municipio intenta evitar que esa lógica se traduzca en deterioro directo de la vida cotidiana.
Crece la demanda social
El diagnóstico social es preocupante, donde según el intendente, cada vez “más familias afectadas por la pérdida de empleo se vuelcan al emprendedurismo informal como única salida”, dijo, al tiempo que agregó que “vemos vecinos haciendo un esfuerzo enorme para llevar el pan a su mesa”, sostuvo.
El municipio acompaña con asistencia y programas de apoyo, pero también endureció controles para evitar abusos y al respecto Pérez fue explícito al señalar que “cada peso debe ir a quien realmente lo necesita”.
La frase revela una tensión estructural, donde en tiempos de escasez, la política social ya no puede expandirse; debe focalizarse y eso implica decisiones incómodas.
Finanzas equilibradas como bandera política
En contraste con la crítica al modelo nacional, Pérez enfatizó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal en el ámbito municipal, no como consigna ideológica, sino como condición de supervivencia.
Recordó que “el presupuesto 2026 fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, un dato político relevante en un contexto de alta fragmentación”.
Además, sostuvo que “el municipio redujo la carga impositiva en tasas de servicios y habilitó un esquema de diez cuotas sin interés, en acuerdo con el Banco de Tierra del Fuego”.
Sin embargo, manifestó que “detrás de esa ingeniería financiera subyace un límite evidente que es que el municipio no puede reemplazar indefinidamente al Estado nacional”.
Implicancias políticas y económicas
El discurso que Pérez llevará al inicio de sesiones no será neutro, donde la crítica al Gobierno nacional configura un posicionamiento político claro de cara a un año de alta tensión institucional.
Volvió a remarcar que “en términos económicos, el recorte de transferencias y la paralización de obra pública impactan directamente en el desarrollo urbano, la generación de empleo y la capacidad de planificación a mediano plazo y en términos sociales, la combinación de desempleo, caída de consumo y menor inversión pública aumenta la vulnerabilidad y presiona sobre los servicios municipales”.
Una ciudad que resiste
“Río Grande es la casa de todos”, repite Pérez como metáfora y consigna y en esa casa, según su mirada, hoy “faltan recursos nacionales, pero no voluntad política local”.
Por lo tanto, mantuvo que “el desafío es enorme, sostener servicios, terminar obras estratégicas, mantener equilibrio fiscal y contener una demanda social creciente sin el respaldo que históricamente aportaba la Nación”, concluyó.
