Por decreto, la Casa Rosada estira un año el plazo de adhesión y redefine condiciones clave para hidrocarburos y nuevos desarrollos tecnológicos. Más incentivos fiscales y mayores umbrales de inversión en una apuesta fuerte por el capital intensivo.
Río Grande.- El Poder Ejecutivo nacional oficializó la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta el 8 de julio de 2027 y, al mismo tiempo, introdujo modificaciones sustanciales en su reglamentación que amplían y precisan los beneficios para los sectores de petróleo, gas y tecnología. La medida fue instrumentada a través del decreto 105/2026 y consolida el perfil extractivo y exportador del esquema, en línea con la estrategia económica del oficialismo.
Un año más para adherir
El cambio más inmediato es la extensión por un año adicional del plazo de adhesión al régimen. La nueva fecha límite será el 8 de julio de 2027, lo que amplía la ventana para que grandes proyectos puedan encuadrarse bajo los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros previstos en el RIGI.
Desde el Gobierno sostienen que la prórroga busca dar previsibilidad en un contexto internacional complejo y facilitar la toma de decisiones de inversión en proyectos de gran escala, especialmente en sectores de alta intensidad de capital.
Sin embargo, la extensión también abre un debate político: mientras el oficialismo defiende el régimen como herramienta para atraer divisas y dinamizar sectores estratégicos, desde la oposición cuestionan el nivel de beneficios otorgados y el impacto que puede tener en la estructura productiva nacional.
Petróleo y gas: nuevos desarrollos y mayores precisiones
Uno de los ejes centrales de la modificación reglamentaria es la redefinición de las actividades comprendidas en el sector hidrocarburífero.
El decreto incorpora explícitamente los “nuevos desarrollos de hidrocarburos costa adentro”, fijando para estos proyectos un monto mínimo de inversión de 600 millones de dólares, equiparándolos a los proyectos de gas destinados a exportación.
En paralelo, la exploración y producción costa afuera (offshore) mantiene un umbral mínimo de 200 millones de dólares, reconociendo su perfil de riesgo y la elevada intensidad de capital que requieren este tipo de emprendimientos.
La señal política es clara: el Gobierno busca consolidar un marco atractivo para grandes operadores energéticos, tanto en proyectos convencionales como en nuevas áreas de desarrollo, apuntalando la generación de divisas y la expansión exportadora.
Tecnología: la figura de “nuevo producto”
Otra de las novedades relevantes es la incorporación del criterio de “Ampliación de Proyecto por Nuevo Producto” para el sector tecnológico.
Bajo esta figura, las empresas podrán acceder a los beneficios del RIGI siempre que acrediten una inversión mínima de 250 millones de dólares y una diferenciación sustancial del 50% en los componentes del nuevo producto respecto de procesos anteriores.
El objetivo declarado es fomentar proyectos tecnológicos de mayor complejidad y valor agregado, evitando que simples actualizaciones o reconfiguraciones menores sean consideradas como nuevas inversiones estratégicas.
No obstante, el elevado umbral de inversión plantea interrogantes sobre cuántas firmas del ecosistema tecnológico argentino estarán en condiciones reales de acceder al régimen, lo que podría concentrar los beneficios en grandes jugadores con capacidad financiera significativa.
Debate político y modelo de desarrollo
La extensión del RIGI hasta 2027 y la ampliación de beneficios para petróleo, gas y tecnología reavivan la discusión sobre el modelo de desarrollo que impulsa el oficialismo.
Por un lado, el Ejecutivo sostiene que sin reglas estables y ventajas competitivas es imposible atraer inversiones de escala global en un país con antecedentes de inestabilidad macroeconómica. Por otro, sectores críticos advierten que la profundización de incentivos a grandes capitales puede generar asimetrías frente a las pymes y limitar el impacto distributivo del crecimiento.
En términos energéticos, la medida refuerza el perfil exportador y extractivo, con fuerte foco en hidrocarburos, mientras que en el plano tecnológico busca promover proyectos de gran envergadura, aunque con requisitos que restringen el universo de potenciales beneficiarios.
La prórroga hasta 2027 ofrece más tiempo para que los proyectos se encuadren bajo el régimen. El interrogante central, sin embargo, seguirá siendo el mismo: si la apuesta por grandes inversiones con beneficios excepcionales logra traducirse en desarrollo sostenible, empleo de calidad y encadenamientos productivos locales, o si se limitará a fortalecer sectores puntuales sin derrame estructural sobre la economía argentina.
