El contador Ramón Gallardo defendió la adhesión de Tierra del Fuego al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, reclamó una fuerte reducción del gasto político y advirtió sobre la falta de competitividad del subrégimen industrial. También respaldó la reforma laboral recientemente aprobada y pidió ordenar las cuentas públicas para acceder a financiamiento internacional. Con respecto al gasto político, Gallardo precisó que “el presupuesto legislativo 2026 asciende a 26.630 millones de pesos anuales, lo que equivale a 2.219 millones mensuales y unos 148 millones por legislador”.
Río Grande. -El contador Ramón Gallardo, uno de los primeros en impulsar públicamente la adhesión provincial al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sostuvo que muchas críticas al esquema responden al “desconocimiento”.
“Muchas veces es el desconocimiento. No leen y opinan, y no saben cuáles son las ventajas y desventajas”, afirmó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
Gallardo explicó que la adhesión al régimen debe ser en todos sus términos: “Quien se adhiere, se adhiere en todos sus términos, no es que yo pueda modificar algo adentro”. En ese marco, detalló que los tributos aplicables a los inversores serán los vigentes al 31 de diciembre de 2023, lo que impide la creación posterior de nuevas cargas provinciales o municipales.
Además, remarcó que el esquema exige que “el 20% del total de la inversión tiene que estar aplicado en la provincia que tiene el recurso” y adelantó que el Ejecutivo fueguino evalúa incorporar beneficios adicionales -como exenciones en Ingresos Brutos- para aquellos proyectos que superen ese piso y generen mayor empleo y valor agregado local.
“Tienen que abrir un poquito la mentalidad y no cerrarse”, planteó.
Sectores estratégicos y oportunidades
Gallardo enumeró que Tierra del Fuego cuenta con siete de los ocho sectores contemplados por el RIGI: energía (incluida la eólica), petróleo y gas, ahora también con explotación costa adentro, minería, tecnología, infraestructura, foresto-industria y turismo.
En el caso forestal, sector que preside, fue enfático: “La explotación de recursos naturales como es la madera, pero no en bruto, sino con valor agregado. Hacer mobilería, terciados, potenciar para exportación”.
Sobre turismo, mencionó el potencial de las termas y la posibilidad de atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares para desarrollar infraestructura integral. Y destacó una de las claves del régimen: “Le da una estabilidad por 30 años de que esos beneficios no se los van a tocar, incluso con posibilidad de arbitraje internacional en caso de conflicto”.
Frente a quienes cuestionan esa instancia, respondió que “¿Hace cuánto que la Argentina emite deuda bajo ley extranjera? No es una novedad. El país acumula nueve defaults, lo que encarece el riesgo”.
Competencia interprovincial y falta de planificación
Gallardo celebró que Tierra del Fuego sea la provincia número 20 en adherir al régimen, pero advirtió que otras jurisdicciones avanzaron con mayor rapidez. “Hay que agarrar la valijita y empezar a recorrer, porque estamos compitiendo y los otros nos llevan ventaja”, subrayó, mencionando el caso de Santa Cruz, que ya impulsa proyectos energéticos e industriales bajo el RIGI.
También cuestionó la falta de avances concretos en proyectos locales, como el desarrollo de las termas en Tolhuin: “Si no se ha hecho la mensura, ¿de qué planificación hablamos?”.
Subrégimen industrial y pérdida de competitividad
En relación con el régimen industrial fueguino -prorrogado por 30 años-, advirtió que las empresas enfrentan un problema estructural de competitividad. “Esa apertura indiscriminada de la importación, sin reforma tributaria ni modernización laboral, dejó a nuestras empresas con la mochila de impuestos distorsivos”, señaló.
Enumeró entre esos costos el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, tasas municipales y costos financieros, y comparó: “Un producto que compite con uno de China tiene cargas que allá no existen. Entonces entra en desventaja”.
Duro cuestionamiento al gasto político
Uno de los ejes más críticos de la entrevista fue el costo del funcionamiento institucional, especialmente de la Legislatura provincial. “Hay que ponerle un costo al gasto político de todo el estamento: municipal, legislatura, Poder Ejecutivo y Poder Judicial”, sostuvo.
Según detalló, el presupuesto legislativo 2026 asciende a 26.630 millones de pesos anuales, lo que equivale a 2.219 millones mensuales y unos 148 millones por legislador. “Paguémosle por productividad, a ver si le cae un poquito la cara de vergüenza. El año pasado tuvieron cinco sesiones. La casta también la tenemos acá”, cuestionó.
También apuntó contra la cantidad de asesores y personal adscripto: “Tienen 19 asesores más los adscritos que les permite las municipalidades. En definitiva, lo paga el ciudadano, mientras hay gente que no consigue trabajo y tenemos problemas en educación, salud y seguridad”.
“Sino que pongan un número limite y que el resto lo pague cada uno de los legisladores de su bolsillo”, consideró.
Orden fiscal y financiamiento externo
En otro tramo de la entrevista, Gallardo relativizó el argumento de que el acceso al crédito externo esté vedado para las provincias y puso ejemplos concretos. “Hay provincias argentinas que han logrado financiamiento internacional como es el caso de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe a una tasa baja anual para obra pública”, afirmó.
“Incluso la provincia de Buenos Aires, sin tener las cuentas equilibradas, también consiguió financiamiento”. Para el contador, estos casos demuestran que la posibilidad de obtener recursos en el exterior no depende exclusivamente de un equilibrio fiscal estricto, sino también de decisiones políticas y de la estrategia financiera que adopte cada jurisdicción.
Gallardo insistió en que el primer paso es ordenar las cuentas públicas. “Hay que poner el déficit en caja. Tierra del Fuego debe buscar alternativas incluso con aval nacional, para reactivar infraestructura clave como el puente hacia Margen Sur en Río Grande”, manifestó.
“Muchachos, únanse, busquen alternativas, traten de sacarnos de lo que se nos viene, porque somos conscientes de que esto va a empeorar”, advirtió.
Sobre el gasto mensual de 6 millones de pesos que se paga por la habilitación de la ruta N°7, Gallardo manifestó que “todos dicen que no hay plata para algunas cosas, pero si las hay. Es fundamental que se baje el gasto político”.
Reforma laboral: “Era muy necesaria”
Sobre la reciente ley laboral aprobada en Diputados, Gallardo fue contundente: “Era muy necesaria”.
Explicó que, de los 47 millones de habitantes del país, 22 millones están ocupados y cerca de la mitad trabaja en la informalidad. “Todos son conscientes de que los productos en la Argentina no son competitivos por la terrible carga fiscal y el costo laboral. Pero a la hora de resignar algo, nadie lo quiere hacer”, señaló.
Cuestionó tanto a gremios por la defensa de la cuota solidaria, como a gobernadores por resistirse a resignar Ganancias coparticipable y sintetizó: “Todos saben que no somos competitivos, pero a la hora de ponerla, no la toquen”.
Caída del FAMP
Consultado por la suspensión del FAMP, Gallardo detalló que “se suspendió por falta de competitividad las empresas que reclamaron. En enero del 2026 había 8% de derechos de recargo de arancel a quien importe artículos como son los celualres, yo siempre pelee para que esto siga vigente, porque cualquier empresa de acá tiene mucho costo financiero y cuando llega a Buenos Aires tiene que competir con artículos de otros países que tiene cero impuestos. Estamos en total deventaja”.
“La consecuencia fue el aporte 15 % de las empresas que era para ampliar la matriz productiva de la provincia. Hasta que las empresas no regulen la falta de competitividad, el FAMP va a seguir suspendido”, cerró.
