El presidente de la Dirección Provincial de Puertos cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional, advirtió sobre un posible manejo irregular de los fondos portuarios y destacó el fuerte respaldo político y sindical al gobierno fueguino. “El dominio del puerto es de Tierra del Fuego y lo vamos a defender”, afirmó. Además, agregó que “actualmente el proceso continúa en el “ámbito federal y se espera una nueva intervención de la fiscalía, tenemos muchas expectativas de que la Justicia retrotraiga esta situación y que el puerto vuelva a manos de su legítimo propietario, que es la provincia de Tierra del Fuego”, sostuvo.
Río Grande.- La intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional continúa generando fuertes repercusiones en Tierra del Fuego. En ese contexto, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, aseguró que “la medida responde a una decisión política sin fundamentos técnicos y destacó el amplio respaldo institucional, político y sindical que recibió el gobierno provincial frente a la situación”.
En una entrevista con FM del Pueblo, el funcionario fue contundente al analizar el escenario actual y sostuvo que “la reacción de distintos sectores de la provincia dejó en claro que existe una posición unificada en defensa del dominio fueguino sobre la terminal portuaria”.
“Tal cual lo señalabas, lo que quedó claro después de la reunión con el gobernador, la vicegobernadora, autoridades del Ejecutivo y los sindicatos portuarios a nivel nacional es que hay una preocupación muy grande por lo que está pasando y un respaldo muy fuerte a la provincia”, explicó.
Murcia remarcó que “el encuentro permitió poner sobre la mesa no sólo la situación administrativa del puerto sino también una discusión más amplia sobre el federalismo y la autonomía provincial frente a decisiones tomadas desde el poder central”.
Un puerto construido con inversión provincial
El titular de Puertos fue enfático al recordar que, “desde el traspaso del puerto de Ushuaia a la órbita provincial, en la década del noventa, todas las inversiones realizadas en la terminal fueron financiadas por el propio gobierno fueguino”.
“La única que invirtió en el puerto de Ushuaia desde el momento en que se produjo el traspaso de Nación a la provincia fue Tierra del Fuego. Incluso la última ampliación se realizó con fondos propios de la Dirección Provincial de Puertos”, señaló.
En ese sentido, remarcó que “el dominio de la infraestructura portuaria está claramente establecido en la normativa vigente”.
“Cuando el puerto se transfirió a la provincia fue mediante un decreto del presidente de la Nación que reconoce explícitamente el dominio de Tierra del Fuego sobre la terminal portuaria”, explicó.
De acuerdo con Murcia, el “rol de Nación en este esquema es limitado”.
“La Nación tiene jurisdicción para habilitar o no el puerto desde el punto de vista administrativo y operativo, pero el dominio es de la provincia, eso está absolutamente claro”, afirmó.
Sospechas sobre el manejo de los fondos
Uno de los puntos más críticos que planteó el funcionario fue el destino de los recursos económicos generados por la actividad portuaria desde el inicio de la intervención.
Según explicó, desde el primer momento la administración nacional puso el foco en el manejo de la recaudación.
“Lo primero que hicieron fue comunicar que los fondos debían depositarse en una cuenta de una sociedad anónima que estaba en proceso de liquidación, eso muestra claramente cuál era la prioridad”, denunció.
Murcia sostuvo que “hasta el momento no hubo respuestas oficiales sobre el destino de esos recursos”.
“Estamos preguntando qué están haciendo con ese dinero porque son fondos públicos provinciales, deben ser auditados y controlados por la provincia, y hasta ahora no hemos recibido ninguna explicación”, indicó.
Para el funcionario, el silencio de las autoridades nacionales frente a estos planteos genera aún más interrogantes.
“Lo que vemos es un silencio absoluto, antes al menos respondían con una nota breve diciendo que no estaban de acuerdo con nuestra posición, ahora directamente no hay ninguna respuesta”, afirmó.
Una intervención con actores ya definidos
Murcia también se refirió a diversas publicaciones periodísticas que sugieren que detrás de la intervención podría existir un esquema previamente organizado.
El funcionario mencionó especialmente un artículo de una revista especializada en actividad portuaria que se preguntaba “qué hay detrás de la intervención del puerto de Ushuaia”.
“Desde el primer momento yo vengo diciendo lo mismo, todo parece haber estado organizado previamente”, sostuvo.
En ese marco, explicó que “actualmente las tareas operativas dentro del puerto están siendo realizadas por un reducido grupo de trabajadores vinculados a un sindicato nacional afín a la intervención”.
“Hoy hay apenas dieciséis trabajadores cumpliendo funciones dentro del puerto bajo la intervención, mientras que muchas de las tareas se están cubriendo con empresas privadas”, señaló.
Para Murcia, este esquema confirma que “detrás de la medida existe un interés económico”.
“Está claro que el puerto representa un negocio importante y que hay sectores que están interesados en quedarse con ese manejo”, afirmó.
Proyectos frenados y obras paralizadas
La intervención también impactó directamente en proyectos de infraestructura que estaban en marcha o en etapa de planificación.
Murcia explicó que “uno de los desarrollos más importantes era una iniciativa privada presentada por el grupo Mirgor para construir una terminal destinada a pequeñas embarcaciones”.
“El proyecto fue presentado bajo el régimen de iniciativa privada de la provincia, fue declarado de interés por el gobierno y se estaba avanzando en la etapa final del proyecto ejecutivo”, detalló.
Sin embargo, la “situación actual impide continuar con ese proceso”.
“Hoy la provincia tiene vedado el ingreso a todo el sector logístico del puerto. Eso significa que no podemos avanzar ni con ese proyecto ni con otras obras de infraestructura que teníamos previstas”, explicó.
Incluso, según indicó, la restricción alcanza a las “intervenciones en el espejo de agua que rodea la zona operativa”.
“No sólo nos impiden ingresar al área logística sino también realizar obras en el espejo de agua que forma parte del área portuaria”, agregó.
La batalla judicial
Mientras la disputa política continúa, el conflicto también se trasladó al ámbito judicial.
Murcia explicó que “el gobierno provincial inició acciones legales para defender la autonomía y el dominio del puerto, y que paralelamente la Dirección Provincial de Puertos presentó su propia demanda como organismo autárquico”.
“El juzgado federal de Ushuaia inicialmente se declaró incompetente y remitió la causa a la Corte Suprema, pero nosotros apelamos y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia nos dio la razón”, explicó.
Actualmente el proceso continúa en el “ámbito federal y se espera una nueva intervención de la fiscalía”.
“Tenemos muchas expectativas de que la Justicia retrotraiga esta situación y que el puerto vuelva a manos de su legítimo propietario, que es la provincia de Tierra del Fuego”, sostuvo.
Murcia insistió en que “la provincia no se opone a que se realicen investigaciones sobre la administración portuaria”.
“Que se investigue todo lo que haya que investigar. No tenemos ningún problema con eso. Lo único que pedimos es que el dominio vuelva a la provincia y que nos permitan seguir trabajando”, afirmó.
Silencio del Gobierno nacional
Por último, el funcionario llamó la atención sobre la falta de pronunciamientos públicos por parte de las principales autoridades nacionales respecto del conflicto.
“Lo llamativo es que ninguna de las primeras líneas del gobierno nacional se expresó sobre este tema, no habló el Presidente, no habló el jefe de Gabinete ni otros funcionarios”, señaló.
Para Murcia, este silencio refuerza la percepción de que la “decisión se tomó en niveles intermedios de la administración nacional”.
“El interventor es un director ejecutivo de una agencia nacional que depende de un ministerio. Pero hasta ahora no hubo ninguna explicación política de fondo sobre lo que está pasando”, concluyó.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y el puerto de Ushuaia continúa funcionando bajo la intervención nacional, en medio de una disputa institucional que enfrenta al gobierno provincial con la administración central y que podría terminar definiéndose en la Justicia.
