El abogado Francisco Giménez alertó sobre un escenario crítico a días del traspaso de las áreas petroleras de YPF a la provincia y en este marco denunció falta de seguridad jurídica, deudas millonarias sin definir y un proceso “secreto” que podría dejar pymes en quiebra y cientos de trabajadores en la incertidumbre. En este marco, advirtió sobre un “caos total” desde el 1° de abril, cuestionando el secretismo del Gobierno y denunciando la falta de decisiones en medio de una crisis “terminal”. “No hay plan, no hay transparencia y el costo lo van a pagar las pymes y los trabajadores”, disparó.
Río Grande.- A menos de dos semanas del traspaso de las áreas de YPF a la órbita provincial, crecen las alarmas en torno a la falta de definiciones concretas por parte del Gobierno de Tierra del Fuego.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, el abogado Francisco Giménez, representante de una de las empresas contratistas, trazó un diagnóstico demoledor al sostener que “no hay comunicación, no hay certezas y el riesgo de colapso es real”.
Desde el 1° de abril, la provincia asumirá el control de las áreas que deja YPF a través de su empresa estatal, Terra Ignis. Sin embargo, según Giménez, el proceso se “encuentra plagado de vacíos legales, incertidumbre operativa y pasivos económicos que nadie parece dispuesto a asumir”.
Un traspaso sin reglas claras
Uno de los puntos más críticos señalados por el letrado es la ausencia total de comunicación formal hacia las empresas contratistas, que hoy sostienen la operación petrolera en la provincia.
Al respecto, mantuvo que “las empresas no han recibido ninguna notificación sobre cómo será la transición, no sabemos quién va a operar, cuándo ni bajo qué condiciones”, advirtió. Esta falta de precisiones, remarcó, genera una “inseguridad jurídica absoluta en un sector que depende de contratos millonarios y planificación a largo plazo”.
Actualmente, unas 20 empresas contratistas dependen de los pagos mensuales de YPF, estimados entre 15 y 20 millones de dólares, y alrededor de 400 trabajadores quedan atrapados en una zona gris sin garantías sobre su continuidad laboral.
Deudas millonarias sin responsable
El eje más delicado del conflicto gira en torno a los pasivos que dejaría YPF y que, según Giménez, “no fueron contemplados adecuadamente por la provincia”.
Por un lado, aparece el pasivo laboral, o sea, los trabajadores que serían absorbidos por Terra Ignis con toda su antigüedad acumulada y al respecto manifestó que “estamos hablando de millones y millones de pesos que alguien tiene que pagar y si no se previó en el contrato, lo tendrá que asumir la provincia”, sostuvo.
Por otro, el pasivo contractual incluye las denominadas “redeterminaciones” de precios, deudas históricas que YPF, y antes otras operadoras, nunca saldaron completamente con las pymes locales. En algunos casos, se trata de cifras millonarias en dólares que ya cuentan con respaldo documental.
“El problema es que las pymes fueguinas no están en condiciones de absorber ese costo, esto las puede llevar directamente a la quiebra”, alertó.
Un proceso “secreto” bajo la lupa
Giménez también cuestionó con dureza el mecanismo elegido por el Gobierno para definir los futuros socios operativos de Terra Ignis, dado que, según trascendió, el “Ejecutivo avanzó con un proceso cerrado, sin licitación pública ni difusión de las empresas oferentes”.
“Es inaceptable que un recurso estratégico como el petróleo se maneje con secretismo, otras provincias, como Santa Cruz, hicieron licitaciones nacionales e internacionales con reglas claras, acá se está decidiendo en privado algo que compromete el futuro de todos los fueguinos”, disparó.
Además, el abogado comparó la situación con el caso de Santa Cruz, donde un “proceso abierto “permitió atraer inversiones millonarias y ordenar los pasivos”, mientras que “acá no sabemos quiénes son los oferentes ni en qué condiciones van a operar, es gravísimo”, insistió.
Crisis económica y falta de decisiones
El diagnóstico se agrava en un contexto provincial ya tensionado. Giménez recordó que el “propio gobierno reconoció dificultades para afrontar el pago de salarios, lo que, a su entender, vuelve aún más riesgosa la asunción de nuevos compromisos económicos”.
“Con buenas intenciones no alcanza, este gobierno no se caracteriza por tomar decisiones, y el tiempo se terminó”, cuestionó.
En ese sentido, advirtió que “el 31 de marzo podría convertirse en un punto de quiebre, temo que lleguemos a esa fecha con un caos total, tanto en la operación petrolera como en la estabilidad de las empresas y los trabajadores”.
El costo político y económico
El abogado fue más allá y planteó que “de no corregirse el rumbo, la provincia podría enfrentar una ola de litigios que terminarán pagando todos los fueguinos”.
“Estos errores se traducen en juicios que quizás se paguen dentro de diez años, pero el costo lo va a asumir la sociedad”, señaló.
Además, cuestionó el “destino de los fondos adelantados por YPF, unos 28 millones de dólares en una primera cuota que no fueron coparticipados con los municipios, lo que abre otro frente de conflicto institucional”.
Crisis estructural y sin conducción
El diagnóstico de Giménez no se limita al traspaso de YPF. Lo enmarca en una crisis más profunda que, según su visión, el Gobierno provincial no logra dimensionar ni conducir.
“La situación de la provincia es absolutamente terminal, no alcanzamos a dimensionar la crisis porque todavía se pagan los sueldos dentro de los diez días, el día que eso no pase, Tierra del Fuego va a estar en otra situación”, advirtió.
El abogado vinculó directamente el proceso petrolero con el delicado contexto financiero expuesto por el propio Ejecutivo, que reconoció dificultades para sostener el pago de salarios. En ese marco, cuestionó con “dureza la falta de respuestas concretas”.
“No hay comunicación, no hay decisiones y este no es un gobierno que se caracterice por tomar decisiones”, lanzó.
Un proceso “oscuro” y sin transparencia
Uno de los ejes más sensibles de la crítica apunta al mecanismo elegido por la provincia para definir el futuro de la operatoria petrolera a través de Terra Ignis.
Según Giménez, el Ejecutivo avanzó con un esquema cerrado, sin dar a conocer quiénes son las empresas interesadas ni bajo qué condiciones participarían.
“Es absolutamente inaceptable que se manejen con secretismo en un tema de semejante magnitud. No están comprando medialunas para un colegio, están definiendo el futuro de un recurso estratégico”, disparó.
En ese sentido, contrastó la situación local con experiencias de otras provincias, donde se llevaron adelante licitaciones públicas, nacionales e internacionales, con reglas claras y transparencia.
“¿Cómo puede ser que una operación de hidrocarburos se haga con un concurso privado y secreto? Esto debería encender todas las alarmas en la Legislatura, en la Justicia, en todos lados”, insistió.
La advertencia: un “desastre anunciado”
El letrado fue más allá y advirtió que el escenario actual podría derivar en consecuencias económicas y sociales graves, con impacto directo en el entramado productivo fueguino.
“Cuando lleguemos al 31 de marzo y veamos pymes fundirse y 400 trabajadores en la calle, recién ahí vamos a reaccionar”, sostuvo.
Para Giménez, el problema no es sólo técnico o administrativo, sino profundamente político porque “se está jugando con el futuro de Tierra del Fuego sin reglas claras, sin planificación y sin transparencia”.
En este sentido, graficó la situación con una frase contundente al señalar que “el Gobierno está jugando a la ruleta rusa con la cabeza de todos los fueguinos”.
Responsabilidades y silencio político
El abogado también apuntó contra la falta de reacción institucional frente a lo que considera un proceso irregular. Si bien reconoció la preocupación de algunos legisladores, cuestionó el silencio generalizado.
“No puede ser que esto pase desapercibido, estamos hablando de un recurso estratégico y de decisiones que pueden comprometer a la provincia por décadas”, señaló.
Y advirtió sobre las consecuencias a futuro al detallar que “si esto termina en juicios, los van a pagar todos los fueguinos. Tal vez no ahora, pero sí dentro de diez años”.
Sin margen para errores
Giménez remarcó que “el tiempo se agotó y que el Gobierno debe pasar de las intenciones a las definiciones concretas”.
“No alcanza con preocuparse, hay que ocuparse porque el primero de abril vamos a estar en serios problemas si esto no se resuelve”, concluyó.
Una advertencia final
En un tono crítico y sin eufemismos, Giménez resumió el escenario como una “combinación de improvisación, falta de transparencia y desatención de los actores clave del sistema productivo”.
Puntualizó que “el problema no es YPF, el problema es la inoperancia de nuestros funcionarios, que priorizaron un ingreso inmediato sin prever las consecuencias”, afirmó.
Y cerró con una advertencia contundente al sostener que “si no hay definiciones urgentes, el primero de abril puede marcar el inicio de una crisis profunda para la industria petrolera y para toda Tierra del Fuego”.
En un contexto de incertidumbre, deudas sin clarificar y decisiones que no llegan, la advertencia resuena con fuerza, el traspaso de YPF no sólo expone falencias de gestión, sino que puede convertirse en el punto de inflexión de una crisis mayor en Tierra del Fuego.
