El abogado Raúl Aciar fue contundente tras el dictamen del procurador al sostener que la Corte Suprema es la única competente, pero advirtió errores graves del Gobierno provincial y del fiscal de Estado. “La provincia quedó mal defendida”, lanzó, y cuestionó estrategias “estériles” y decisiones que “contradicen la Constitución”.
Río Grande.- La discusión por la intervención del puerto dejó de ser solamente política para convertirse en un caso testigo de desorden jurídico. En diálogo con Radio Provincia, el abogado Raúl Aciar desmenuzó con precisión técnica y sin eufemismos el escenario judicial abierto entre la Provincia de Tierra del Fuego y el Estado Nacional, y dejó al descubierto lo que definió como una cadena de errores que comprometen la defensa institucional.
Lejos de complejizar el tema, Aciar buscó simplificarlo al manifestar que “esto parece muy complicado, pero en realidad no lo es”, dijo.
Y en esa aparente sencillez se esconde una conclusión categórica como es que la causa debe tramitar directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin escalas intermedias.
La Corte como único árbitro
El punto de partida es jurídico, pero también constitucional. Según explicó el letrado, “cuando una provincia litiga contra el Estado Nacional, no puede intervenir ni la justicia provincial ni la federal ordinaria”.
“Una provincia no puede resolver una cuestión propia con un juez de su provincia, y el Estado Nacional tampoco con un juez federal. Entonces, tiene que intervenir un órgano imparcial, la Corte”, detalló.
Este principio se traduce en lo que se conoce como “competencia originaria, el caso no llega al máximo tribunal por apelación, sino que nace directamente allí y termina allí”.
El dictamen del procurador general de la Nación, que avaló esta competencia, no hizo más que confirmar un camino que, según Aciar, era “bastante clásico y básico”.
Dos juicios, un mismo destino
Sin embargo, el conflicto no se limita a la cuestión de competencia. En paralelo al planteo original del Gobierno provincial, surgió una segunda acción judicial impulsada por autoridades del puerto, lo que abrió interrogantes sobre la estrategia legal.
Para Aciar, la respuesta es tajante “no tiene sentido”.
“Son las mismas partes y el mismo objeto, no puede haber dos juicios iguales en distintos juzgados, eso termina en lo que se llama acumulación de procesos”, explicó.
En términos concretos, “ambos expedientes, el del gobernador y el del presidente del puerto, terminarán unificados en la Corte Suprema, que dictará una única sentencia”.
“El segundo juicio es estéril, ya se sabía que iba a ser así”, disparó, dejando entrever que “detrás de la maniobra podría haber más improvisación que estrategia”.
Estrategias que no funcionan
El intento de recusar al juez federal o de derivar el caso a otro magistrado tampoco modifica el fondo de la cuestión. Según Aciar, incluso “si otro juez hubiese intervenido, el resultado sería el mismo”.
“Aunque se hubiera hecho competente otro juzgado, las causas se iban a acumular igual. No hay forma de resolver dos veces lo mismo”, insistió.
La crítica apunta directamente a una lógica errada, buscar fallos distintos en función del juez interviniente, algo que el abogado descarta de plano. “Eso nunca ocurre”, sentenció.
El rol ausente del fiscal de Estado
Uno de los puntos más sensibles del análisis de Aciar es el papel, o la ausencia, del fiscal de Estado, figura clave en la defensa jurídica de la provincia.
Al respecto sostuvo que “si lo dice la Constitución, no hay nada más que discutir, el fiscal de Estado debe intervenir en todos los asuntos de interés provincial”, afirmó.
Sin embargo, en este caso, la “causa fue iniciada sin su participación y cuando tomó conocimiento, en lugar de asumir el rol que le corresponde, se excusó junto a toda la estructura de la fiscalía”.
Para Aciar, esto “es doblemente cuestionable”.
Por un lado, criticó al Gobierno provincial por avanzar sin el órgano constitucionalmente designado para llevar adelante la estrategia legal al sostener que “es una desprolijidad”, definió, en términos medidos pero contundentes.
Por otro, apuntó contra el propio fiscal de Estado señalando que “no puede excusarse el órgano, las excusaciones son personales, no institucionales”.
Una oportunidad perdida
El abogado fue más allá y planteó un escenario que, a su entender, hubiese sido el camino correcto que “tras el primer fallo que derivaba la causa a la Corte, existía la posibilidad de desistir del proceso y reiniciarlo correctamente”.
“Se podía desistir sin costo, porque la demanda no estaba notificada, y empezar de nuevo en la Corte con la intervención del fiscal de Estado”, explicó.
“Esa decisión, sin embargo, no se tomó, eso agrava el cuadro general”, explicó Aciar.
“Todo esto deja un gran interrogante: ¿por qué el Gobierno y el fiscal de Estado no se ponen de acuerdo para cumplir la Constitución?”, planteó.
Una defensa debilitada
Más allá de los tecnicismos, el diagnóstico final es político-institucional. Para el abogado, la “provincia no quedó indefensa, pero sí mal defendida”.
“La Constitución obliga a trabajar de manera coordinada, si eso no ocurre, el problema no es jurídico, es de funcionamiento del Estado”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió sobre las “consecuencias de estas descoordinaciones: pérdida de tiempo, debilitamiento de la posición provincial y un mensaje de fragilidad institucional”.
Un caso que expone más que un conflicto
La intervención del puerto, lejos de ser un expediente más, se transformó en una radiografía del funcionamiento del aparato estatal. Muestra tensiones internas, decisiones desarticuladas y, según Aciar, una “preocupante falta de apego a los procedimientos básicos”.
“Si hay diferencias, que se sienten y trabajen juntos. La Constitución no es optativa”, concluyó.
Mientras la Corte Suprema se prepara para tomar el caso, el conflicto ya dejó una certeza: más allá de lo que se resuelva sobre el puerto, el verdadero problema quedó expuesto en cómo se defendieron —o no— los intereses de la provincia.
