La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política, luego de que la legisladora Natalia Graciania denunciara públicamente el presunto desvío de casi de mil millones de pesos que estaban destinados a la compra de medicamentos de alto costo y que habrían sido utilizados para gastos corrientes.
Río Grande.- En diálogo con Radio Provincia, la parlamentaria provincial Natalia Graciania expresó su “absoluta preocupación” y calificó la situación como “indignante”, al tiempo que “reclamó explicaciones urgentes al directorio de la obra social”.
Según detalló, los fondos en cuestión habían sido aprobados por la “Legislatura a través de la Ley 1596, sancionada en julio del año pasado, con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos para enfermedades complejas”.
“Era un fondo de afectación específica, claramente establecido en la ley, para cubrir medicamentos de altísimo costo que los afiliados no pueden pagar”, remarcó.
Sin embargo, un reciente dictamen de la Fiscalía de Estado reveló que “más de 900 millones de pesos de ese fondo fueron redireccionados a una cuenta general para afrontar gastos corrientes”, lo que para Graciania constituye una “irregularidad grave”.
“Es una barbaridad, ese dinero no podía utilizarse para otra cosa”, sostuvo.
La legisladora recordó que “ya en septiembre había solicitado informes formales a las autoridades de la obra social, ante reiterados reclamos de afiliados que no podían acceder a sus tratamientos, nunca obtuve respuesta, hoy entendemos por qué la plata no estaba”, afirmó.
El informe de la Fiscalía, que derivará en una denuncia judicial por presunta malversación de fondos públicos, encendió aún más las críticas y al respecto la legisladora “celebro que el fiscal haya investigado y que se avance en la denuncia, ahora la Justicia tiene que actuar”, señaló.
Pero más allá de la posible responsabilidad penal, Graciania puso el foco en las consecuencias concretas de la maniobra, “pacientes con enfermedades graves, como fibrosis quística, esclerosis múltiple o patologías oncológicas, que vieron interrumpidos o demorados sus tratamientos por falta de cobertura, estamos hablando de medicamentos vitales, de gente que necesita esos tratamientos para vivir”, advirtió.
La legisladora también cuestionó duramente la gestión general de la OSEF y el rol del Gobierno provincial, al que acusó de “profundizar el desfinanciamiento de la obra social”. En ese sentido, denunció que “no solo no se aplicó gran parte de la ley sancionada, sino que además se evitó ejecutar deudas millonarias que distintos organismos mantienen con la institución”.
“Nos dicen que la obra social está en crisis, pero al mismo tiempo refinancian deudas en cuotas larguísimas y con intereses irrisorios, es una decisión política”, apuntó.
En un tramo especialmente crítico de la entrevista, Graciania fue más allá y planteó la posibilidad de un vaciamiento deliberado.
“Lamentablemente, creo que sí, no sé con qué objetivo, pero lo que vemos es un desfinanciamiento sistemático”, afirmó.
Según explicó, el “propio Estado provincial, principal deudor de la obra social, es quien define las políticas de cobro y financiamiento, generando un circuito que, a su entender, termina perjudicando a la OSEF”.
“Se financian a sí mismos con fondos que deberían ir a la salud, mientras la obra social se queda sin recursos”, cuestionó.
Finalmente, la legisladora insistió en la necesidad de “recuperar de manera urgente los fondos desviados y garantizar su destino origina, ese dinero tiene que volver al fondo específico y ser utilizado para lo que fue creado, garantizar medicamentos a quienes los necesitan”, concluyó.
El caso, que ahora quedó en manos de la Justicia, suma presión sobre la gestión de la obra social y abre un nuevo frente de conflicto político en la provincia, en medio de una crisis sanitaria y financiera que sigue sin resolverse.
