El contador Ramón Gallardo advirtió que Tierra del Fuego arrastra un rojo estructural de $127 mil millones, con deuda flotante con proveedores por otros $120 mil millones, con un déficit mensual de 27 mil millones de pesos y un Estado que creció muy por encima del crecimiento demográfico de la población. Además, cuestionó con dureza el proyecto enviado a la Legislatura para el aumento de impuestos, alertando que “castiga a la economía formal” y advirtió que ni siquiera alcanza para sostener salarios básicos en salud y educación. También recordó que, de los últimos 20 años, la provincia solo tuvo superávit 5 años.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo no dejó margen para interpretaciones al afirmar que “el problema fiscal de Tierra del Fuego no es coyuntural ni pasajero, es estructural, crónico y consecuencia de décadas de expansión del Estado sin respaldo económico”, sostuvo a Radio Provincia.
Y en ese contexto, el paquete de aumentos impositivos impulsado por el Ejecutivo aparece, según su mirada, como una “salida equivocada que agrava el problema en lugar de resolverlo”.
“Para nosotros esto es un impuestazo”, sentenció de entrada, al marcar la postura del sector frente a la reforma tarifaria, pero rápidamente fue más allá y planteó el fondo del asunto que es cómo se llegó a una situación financiera que hoy muestra números alarmantes.
De acuerdo a los datos que citó, manifestó que “la provincia arrastra un déficit estructural de 127 mil millones de pesos, al que se suma una deuda flotante con proveedores de 120 mil millones y compromisos mensuales que rondan los 27.900 millones”.
“No es un déficit cíclico, es estructural, de los últimos 20 años, solo en cinco hubo superávit, esto es crónico”, remarcó.
El diagnóstico se completa con un dato que, para Gallardo, explica gran parte del desequilibrio que es el crecimiento del empleo público.
Según detalló, desde la “provincialización en 1992 hasta la actualidad, la planta estatal creció un 340%, pasando de poco más de 5.600 agentes a más de 25 mil, en el mismo período, el crecimiento demográfico fue del 154%”.
“Tenemos 130 empleados públicos cada mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 50, es más del doble”, advirtió.
Y fue directo en la interpretación al sostener que “ese crecimiento fue una forma de ganar elecciones, se incorporaba personal político y luego quedaba en planta permanente”, sentenció.
A ese escenario se suma otro dato inquietante que es el deterioro social, para lo cual, Gallardo señaló que “la pobreza en la provincia pasó del 23% al 26% en el último año, alcanzando a unas 41.900 personas, pero lo más grave, según indicó, es que gran parte de ese universo está compuesto por empleados públicos”.
“Hoy muchos empleados estatales están por debajo de la canasta básica y el propio gobierno lo reconoce”, afirmó, en referencia a un proyecto oficial que propone destinar el 13% del presupuesto a un fondo que, en cinco años, permita que trabajadores de salud y educación alcancen ese umbral.
Sin embargo, el propio planteo deja en evidencia la fragilidad del esquema porque “es una expresión de deseo, el mismo gobierno está diciendo que hoy no alcanza”, subrayó.
Más impuestos, menos actividad
En este contexto, Gallardo fue categórico al rechazar la suba de impuestos como herramienta para equilibrar las cuentas y en este sentido dijo que “cuando el Estado crece en demasía, ataca a la economía formal y los impuestos le pegan al que está en regla, al que cumple”, explicó.
Y advirtió sobre las consecuencias al sostener que “muchos terminan saltando el cerco porque no pueden sostener la carga y el que puede, lo traslada a precios, todo va a precios”.
Entre los cambios propuestos, detalló incrementos en “sellos, operaciones financieras, contratos, compra-venta de vehículos y aumentos generalizados en el nomenclador de actividades, en algunos casos, las subas llegan a niveles extremos”.
“Hay actividades con aumentos de hasta el 567%, por ejemplo, la tala de árboles pasó de pagar 0,75% a 4,25%, la mayoría de las actividades que estaban por debajo del 5% fueron llevadas a ese tope”, explicó.
También cuestionó la eliminación del beneficio del 15% para contribuyentes cumplidores. “¿Qué va a hacer ese comerciante?, el que puede lo aguanta, el otro lo lleva a precios, no tiene otra opción”, afirmó.
El impacto, según sostuvo, no solo recae en el sector privado, sino también en los propios trabajadores, debido a que “afecta al empleado público porque no le pueden aumentar el sueldo en un contexto donde la demanda cae, las paritarias están por debajo de la inflación, entonces cada vez tienen menos poder de compra”, indicó.
Economía en retroceso y consumo deprimido
El análisis de Gallardo también incluyó un panorama económico general que calificó como “deprimido”.
En este contexto, señaló que “la industria fueguina perdió un 56% de sus puestos de trabajo en la última década, con una fuerte retracción en el subrégimen industrial”.
“La industria electrónica cada vez tiene menos empleo y es muy difícil competir, en lugar de aliviarla, como hizo Nación eliminando cargas, acá vamos al revés y aumentamos impuestos”, cuestionó.
A esto se suma la “caída del consumo, impulsada por salarios que no logran acompañar la inflación, las paritarias estuvieron en 1% o 1,5% mensual, mientras la inflación ronda el 3%, la gente cada vez tiene menos dinero”, explicó.
El resultado es un mercado paralizado, donde “el comerciante apenas puede sostenerse, no hay margen para más carga impositiva”, aseguró.
El problema de fondo: el gasto
Para Gallardo, la solución no pasa por “aumentar ingresos sino por revisar el gasto público, sin plantear despidos masivos, sí apuntó a la estructura política del Estado”.
“Hay funciones y cargos que deben revisarse, no puede ser que un legislador tenga 19, 20 o 25 asesores, todo eso lo paga el contribuyente”, señaló.
Y amplió señalando que “el crecimiento del Estado incluye municipios, entes descentralizados, todo, no es solo el gobierno provincial, la estructura se agrandó muy por encima de lo que la economía puede sostener”.
En ese sentido, también cuestionó la falta de responsabilidades en la gestión pública al manifestar que “se pierden juicios millonarios, se generan deudas, y nadie paga, lo termina pagando la gente, en el kilo de pan, en cada consumo”, afirmó.
Endeudamiento, parches y un futuro incierto
Sobre las alternativas en discusión, como la emisión de letras por 80 mil millones de pesos, Gallardo fue cauteloso y al respecto dijo que “puede ser una solución de corto plazo, pero si no se ordena el gasto, no alcanza”, advirtió.
Incluso recordó experiencias fallidas del pasado con instrumentos similares. “Ya pasó en la provincia, las letras después valían la mitad, no es una solución mágica”, señaló.
Finalmente, dejó una advertencia que sintetiza su diagnóstico al exponer que “durante años se agrandó el Estado para sostener poder político, hoy no hay ingresos suficientes y el modelo se agotó, se pusieron la soga al cuello”.
En ese escenario, insistió, en que “insistir con aumentos impositivos no solo es inviable, sino peligroso, con consumo caído, salarios bajos y actividad en retroceso, seguir cargando al que produce es profundizar la crisis”, concluyó.
