Déficits de hasta el 25%, aportes insuficientes de monotributistas y falta de financiamiento estatal configuran un escenario crítico que amenaza la atención médica y la sostenibilidad del modelo sindical.
Río Grande.- La crisis de las obras sociales sindicales en Argentina escaló a un nivel de gravedad que ya no admite eufemismos. Así lo planteó Daniel Rivarola, secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande y Tolhuin, quien en una entrevista con FM La Isla describió un sistema tensionado al límite, con déficits estructurales, desfinanciamiento creciente y una presión asistencial que compromete incluso el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO).
“Hay muchas obras sociales sindicales que no están pudiendo afrontar ni siquiera el plan médico obligatorio, que no llegan a cumplir con eso, que tienen un déficit que oscila entre el quince y el veinticinco por ciento”, afirmó Rivarola, en sintonía con la preocupación que ya viene manifestando la CGT a nivel nacional.
El dirigente fue categórico al describir el escenario al señalar que “la crisis del sector empieza a tener algunos visos casi de tragedia”.
En ese marco, remarcó que “el problema no solo afecta a prestaciones básicas, sino que se agrava frente a tratamientos prolongados y de alto costo, donde las obras sociales deben responder sin contar con financiamiento acorde”.
Monotributistas: el eje del desbalance
Uno de los puntos centrales del diagnóstico de Rivarola es el impacto del ingreso de monotributistas al sistema.
Según explicó, la “incorporación de este universo, lejos de fortalecer la cobertura, profundizó el desequilibrio financiero”.
“El monotributo ha sido una herramienta que, a través de los años, ha perjudicado muchísimo al funcionamiento de las obras sociales gremiales, porque las desfinancia”, sostuvo.
El ejemplo que brindó es contundente, dado que “mientras un monotributista aporta alrededor de 21.990 pesos mensuales a la obra social, un trabajador mercantil contribuye con cerca de 185.000 pesos”.
“Es un quince por ciento de lo que aporta un trabajador, y, obviamente, la idea es tener las mismas prestaciones”, explicó.
La ecuación, según detalló, es insostenible, dado que “la diferencia que se tiene que hacer cargo de la obra social es enorme”.
Además, agregó que “la bolsa y el ingreso es el mismo, pero no todos aportan de la misma manera”.
Este esquema genera un efecto directo sobre el sistema, debido a que “este desfinanciamiento repercute también en los beneficios que tenemos que darles a los beneficiarios directos”.
Aportes que no llegan y un sistema obligado a responder
A la desigualdad en los aportes se suma otro factor crítico: la falta de pago de contribuciones por parte de empleadores y la ausencia de asistencia estatal efectiva.
Rivarola advirtió que muchas empresas retienen los aportes de los trabajadores pero no los transfieren: “Mientras el empleador no aporta, OSECAC está obligada a seguir atendiendo como si no hubiera pasado nada”.
Esto deriva en un deterioro progresivo del sistema: “Ahí es donde se empieza a deteriorar la atención médica a los afiliados en virtud de la falta de fondos”.
En paralelo, cuestionó el rol del Estado: “No hay financiamiento para las obras sociales gremiales”. Y fue más allá al referirse a los fondos destinados a enfermedades de alto costo: “Es plata de la obra social que el Estado no reintegra y se la queda”.
Sobre los tiempos de devolución, fue tajante: “Cada dos años, un año y medio, te tiran algo… en realidad es no pago o mal pago absolutamente”.
Prestaciones cada vez más caras, ingresos estancados
El dirigente también describió la creciente brecha entre costos y recursos. Mientras los ingresos de las obras sociales crecen al ritmo de paritarias moderadas, los gastos en salud —muchos dolarizados— aumentan a mayor velocidad.
“No alcanza con una actualización salarial del uno por ciento mensual contra la suba del medicamento, estudios de alta complejidad o resonancias”, explicó.
En ese contexto, la prestación médica comienza a resentirse y obliga a decisiones complejas, como derivaciones fuera de la provincia o restricciones indirectas en la cobertura.
Tierra del Fuego: un sistema al límite
En el caso específico de Tierra del Fuego, Rivarola describió un escenario particularmente delicado, donde la falta de infraestructura propia y los altos costos del sector privado agravan la situación.
“Estamos hospitales dependientes”, señaló, y explicó que “muchas veces resulta más económico trasladar pacientes a Buenos Aires que atenderlos localmente, a veces nos sale más barato el pasaje y operar allá que hacerlo acá”, explicó.
Además, advirtió sobre el avance del sector privado en un contexto de debilidad del sistema público al sostener que “en la medida que el hospital no funciona, el privado crece”.
Un modelo en tensión y sin respuestas estructurales
Rivarola también apuntó contra la falta de implementación de herramientas de articulación, como el Consejo de Obras Sociales provincial, aprobado por ley, pero nunca reglamentado.
“Podríamos discutir qué salud queremos y qué valores deben tener las prestaciones, pero falta decisión política”, lamentó.
En ese sentido, planteó la “necesidad de reformas urgentes, especialmente en el esquema de aportes de los monotributistas, si necesitan sistema de salud, o que se haga cargo el Estado o que se equipare el aporte al del trabajador de la actividad”.
Advertencia final: “una tragedia sanitaria”
El dirigente cerró con una advertencia que sintetiza el momento crítico del sistema al señalar que “si no se toman medidas, en seis meses no vamos a tener un problema, vamos a tener una tragedia sanitaria”.
Por último, agregó que “todavía estamos con la nariz fuera del agua, podemos resolver lo cotidiano, pero cada vez se complica más”.
La radiografía que trazó Rivarola no deja margen para lecturas optimistas. Entre déficits crecientes, aportes insuficientes, costos disparados y falta de respuestas estructurales, el sistema de obras sociales sindicales enfrenta una encrucijada que, de no corregirse, podría impactar de lleno en el acceso a la salud de millones de trabajadores.
