Los hermanos Lucero nuevamente en juicio esta vez por hechos de violencia sindical en ASOEM

En medio de la interna sindical de ASOEM, los hermanos Lucero vuelven a enfrentar a la Justicia por una serie de amenazas, daños y agresiones ocurridas en mayo de 2022. El nuevo juicio se abre apenas un día después de que fueran condenados por otros delitos, y expone la reiteración de hechos violentos pero esta vez, en la faz sindical municipal.

Río Grande. – El Juzgado Correccional a cargo el juez Pedro Fernández abrió este miércoles un nuevo juicio oral y público contra Juan José Lucero (39), Julián Jeremías Lucero (25) y Leonel Lucero (31), ex tesorero de ASOEM. Los tres están acusados de protagonizar una serie de ataques y amenazas en el marco de la interna sindical que atravesó el gremio municipal en 2022, un conflicto que derivó en episodios de violencia con impacto directo en trabajadores y vecinos.

El proceso se inició apenas un día después de que los imputados recibieran condenas por otros hechos: Leonel fue sentenciado a dos años de prisión, unificados en cuatro, mientras que Juan José y Julián Jeremías recibieron un año en suspenso. La reiteración de juicios contra los mismos protagonistas refleja la magnitud de la violencia gremial de aquellos meses. Actualmente, los dos hermanos menores permanecen detenidos en Córdoba por un robo con arma.

Según la acusación fiscal, Leonel Lucero habría amenazado de muerte en reiteradas ocasiones a afiliados municipales y dañado con martillazos el vehículo de una víctima. En otro episodio, los tres irrumpieron en la vivienda de una mujer, la intimidaron con un arma blanca y extendieron las amenazas al personal policial que intervino. Juan José, además, está imputado por haber agredido físicamente a Gustavo Morales en la sede de ASOEM, en el marco de la disputa gremial. Julián Jeremías participó en dos de los hechos señalados.

Las imputaciones que se debaten incluyen amenazas agravadas, daños, lesiones y violación de domicilio. Durante la apertura del debate, fuentes judiciales remarcaron que “la Justicia debe garantizar que las condenas tengan efecto disuasivo y que las víctimas cuenten con protección efectiva”.

 

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