El jurista recordó el 26 de abril de 1990 como un punto de inflexión impulsado por el justicialismo, pero advirtió que el proyecto estratégico quedó “trunco” y que la provincia sigue dependiendo del poder central. También llamó a recuperar el sentido político de aquel hito y proyectar un futuro con soberanía y desarrollo propio.
Río Grande.- En el marco de un nuevo aniversario de la provincialización de Tierra del Fuego, el doctor Isidoro Aramburu repasó en FM del Pueblo el significado histórico del 26 de abril de 1990, reivindicó el rol de la dirigencia justicialista de la época y planteó una mirada crítica sobre el desarrollo posterior de la provincia, al que consideró inconcluso y condicionado por la dependencia del gobierno nacional.
“El domingo próximo, 26 de abril, es el aniversario de la sanción de la ley 23.775, que es de provincialización de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para toda la comunidad fueguina es un hecho histórico, memorable”, expresó.
Aramburu destacó que aquel logro fue resultado de “la entereza política, convicción y coraje de la dirigencia del justicialismo de los años ‘80”, con figuras como “Martín Torres, Adrián de Antueno, Daniel Martínez y Norma Martínez”, entre otros.
“Fueron fueguinos que empujaron con vehemencia para que ese anhelo popular de dejar de ser territorio nacional y convertirnos en provincia se concretara”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que “la provincialización no fue un proceso exento de tensiones políticas, había quienes preferían mantenerse como territorio y quienes impulsaban la llamada ‘provincia chica’, que era solo la isla grande, como pretendía el gobierno nacional radical”, recordó.
Para el jurista, el aniversario representa una “oportunidad no solo para recordar, sino también para reflexionar, es un momento importante para reivindicar aquella gesta y plantearnos desafíos para el futuro”, sostuvo.
Sin embargo, su análisis sobre el presente y el recorrido de la provincia fue contundente, donde Aramburu consideró que “el proyecto original de desarrollo quedó inconcluso”. “Desde aquel momento quedó trunco un gran proyecto de desarrollo provincial en el marco de la enorme jurisdicción que adquirimos con la ley 23.775. Las distintas administraciones, con desidia, lo abandonaron”, señaló.
En esa línea, explicó que “la propuesta original impulsada por Martín Torres contemplaba un desarrollo integral del territorio”.
“Se planteaba avanzar sobre esa enorme jurisdicción, pactar con la Nación los recursos necesarios para generar infraestructura fueguina, desarrollar y agregar valor a nuestros recursos naturales y aportar al país desde esa riqueza”, detalló.
Pero, según Aramburu, nada de eso se concretó, por el contrario, “aún seguimos enviando nuestros recursos hidrocarburíferos crudos porque no hubo voluntad política ni capacidad de instalar una industria petroquímica en Río Grande”, cuestionó.
También mencionó proyectos que no prosperaron, como el “desarrollo portuario, pensé que íbamos a despegar con iniciativas como el puerto anunciado por la empresa Mirgor, pero hay fuerzas que frenan estas cosas fundamentales para el desarrollo”, indicó, al tiempo que deslizó críticas hacia factores externos e internos, “nada de lo que pasa en el Atlántico Sur está libre de presiones internacionales y de la desidia de los gobernadores locales”.
En materia de conectividad, fue enfático al sostener que “ya tendríamos que tener una conexión marítima consolidada entre Ushuaia, Almanza, Río Grande y los grandes centros del país, a través de un Canal Magdalena aún inconcluso, el transporte marítimo es cien veces más económico que el terrestre”.
Aramburu también puso el foco en la presencia institucional en la Antártida, para lo cual dijo que, “podríamos tener oficinas de la justicia provincial, defensorías, fiscalías, juzgados para intervenir directamente en los incidentes que ocurren en esa jurisdicción, yo mismo he intervenido en muchos de ellos”, aseguró.
Para el jurista, el diagnóstico es claro, “la Tierra del Fuego está paralizada hace 36 años, como si aún fuéramos un territorio nacional, dependiendo de las migajas que envía el gobierno central a las provincias”.
No obstante, destacó la importancia institucional de la provincialización considerando que “pasamos a ser una provincia indestructible, ningún poder en el mundo puede desmembrar nuestro territorio sin la anuencia del pueblo fueguino y su gobierno”, afirmó, en referencia a las garantías constitucionales tanto nacionales como provinciales.
En ese marco, vinculó el estatus provincial con la defensa de la soberanía, “gracias a esto, hoy no es posible avanzar sobre ideas que pretendan separar las Islas Malvinas o transformarlas en un estado asociado bajo dominio británico”, advirtió.
Asimismo, cuestionó la escasa visibilidad de la fecha en las efemérides oficiales y al respecto sostuvo que “es un error no reconocer el 26 de abril como el día de la provincialización, hay una política de tapar ese hecho extraordinario con la fecha de la Constitución provincial”, sostuvo.
Aramburu también recordó los conflictos políticos posteriores a la sanción de la ley, señalando que “el gobierno de Menem quiso remover a Martín Torres cuando ya era gobernador de la provincia, en una maniobra jurídica grotesca que planteaba que éramos un ‘exterritorio’, fue una intromisión inconstitucional”, denunció.
Finalmente, el jurista adelantó que participará de los actos conmemorativos en Río Grande, “voy a tratar de estar presente porque entiendo que se va a colocar una placa con la extensión de la jurisdicción provincial, lo cual es muy importante para reafirmar nuestra identidad y nuestro derecho”, concluyó.
A 36 años de aquel hito, la provincialización de Tierra del Fuego sigue siendo, para Aramburu, un punto de partida cargado de sentido político, pero también una deuda pendiente en términos de desarrollo, soberanía efectiva y proyección estratégica en el escenario nacional e internacional.
