El analista cuestionó la inacción del Estado frente a la pesca ilegal, apuntó contra la conducción del puerto y habló de un proceso deliberado de vaciamiento y privatización. “Somos cronistas del desastre”, afirmó.
Río Grande.- En una entrevista cargada de denuncias y cuestionamientos, Daniel Guzmán trazó un duro diagnóstico sobre el presente del sistema portuario y la política pesquera en la Argentina, con foco en Tierra del Fuego. Desde la falta de control sobre flotas extranjeras hasta lo que definió como una “entrega” del puerto, el panorama que describió expone una trama compleja de decisiones, omisiones y posibles intereses cruzados.
En diálogo con Radio Provincia, Guzmán fue directo al sostener que “¿a quién estamos defendiendo? ¿Cuál es la razón por la cual Argentina no acciona penalmente, administrativamente y positivamente contra la flota española?”.
Pesca ilegal y un Estado ausente
El primer eje de su crítica apunta a la inacción frente a la explotación de recursos y en este sentido dijo que “hay mucha de la flota española que pesca en Malvinas ilegalmente, sino que también pesca en Argentina con la incidencia de nuestro país”, denunció.
Incluso, aseguró que “hay maniobras para disimular esas operaciones porque han cambiado los nombres para que no queden tan evidentes, pero haciendo una trazabilidad impositiva, son exactamente los mismos”.
Para Guzmán, el problema no es solo externo, sino que “estamos en un problema serio por nosotros mismos, más de lo que hacen los españoles con los británicos o empresas de Corea del Sur o Taiwán”.
Y dejó abierta una sospecha al considerar que “es muy posible que corran cosas por debajo de la mesa que nosotros no estamos viendo”, denunció.
El volumen en juego es significativo porque estamos hablando de “42.000 toneladas de recursos pesqueros de altísimo nivel”.
El puerto, en el centro de la polémica
Pero el núcleo más duro de sus críticas se centra en la situación del puerto, según explicó, se “intenta encubrir un problema estructural con argumentos administrativos”, dijo, al tiempo que agregó que “se utilizó un certificado de prefectura como si validara el estado del puerto, pero eso es una manipulación”, sostuvo.
Detalló que “ese tipo de certificaciones solo refieren a cuestiones de seguridad básica, el cerco, las cámaras, las luces, las puertas, el sistema de alarmas”.
Y fue tajante al manifestar que “no tiene nada que ver con la cuestión infraestructural, la prefectura no tiene capacidad para hacer eso”, afirmó.
Informes ignorados y advertencias desoídas
Guzmán aseguró que “el propio gobierno conocía el deterioro del puerto, ellos mismos le dijeron al Consejo Federal de Inversiones que se observa un estado crítico en la infraestructura del muelle comercial”.
En este marco, enumeró los riesgos, señalando la “falta de inversión sostenida, desaturación logística, riesgo para la seguridad de las operaciones y la vida humana”.
Por eso, se preguntó: “¿Para qué manipular esta información? Es inexplicable”.
Proyectos fallidos y negocios cruzados
El análisis también incluyó el rol de empresas privadas, especialmente Mirgor, vinculada a distintos proyectos estratégicos.
“Había una decisión planificada del gobierno de desarrollar esto con Mirgor, el puerto logístico en Río Grande, el muelle turístico en Ushuaia, incluso operaciones aéreas”, señaló.
Sin embargo, cuestionó la falta de avances al marcar que “no han metido ni una pala”.
También mencionó pérdidas millonarias, donde “trajeron un avión y lo estrellaron en Río Grande el año pasado, donde perdieron 13 millones de dólares”.
Y apuntó a vínculos entre funcionarios y la empresa y al respecto manifestó que “el mismo asesor de Mirgor tiene un cargo en el gobierno, es todo lo mismo”.
Un diseño fallido desde el inicio
Sobre los proyectos portuarios, fue lapidario al exponer que “tenían errores por todos lados, era como si nosotros dos nos pusiéramos a diseñar un puerto”.
Recordó que “incluso el propio oficialismo reconoció problemas, el puerto turístico no va a continuar por los problemas de diseño”.
Y advirtió que “el proyecto de Río Grande también debe ser rediseñado por errores garrafales e inconsistencias”.
“Un acto de entrega”
Uno de los puntos más graves de la denuncia fue la supuesta falta de acción frente a la intervención nacional del puerto y al respecto dijo que “el fiscal de Estado les dijo el mismo día que presentaran una cautelar, les explicó cómo hacerlo, les advirtió todo”, aseguró.
Sin embargo, según Guzmán, “no se actuó, no se entiende por qué entregaron el puerto sin tomar recaudos legales”.
Y utilizó una comparación contundente, exteriorizando que “es como si vienen a tu casa, te dicen que es de ellos y vos se la entregás sin consultar a tu abogado”.
Para el analista, esto “no fue un error, sino que evidentemente han hecho un acto profeso de entrega del puerto”.
Contrataciones y decisiones inexplicables
Otro punto cuestionado fue la contratación de un estudio jurídico, para lo cual, dijo que “pagaron 60 mil dólares para hacer una prueba judicial que no tiene sentido, es como irse a Las Vegas”.
También criticó la falta de consultas institucionales, diciendo que “no consultaron al fiscal de Estado, o lo hicieron y no le dieron bola”.
Reclamos a la dirigencia política
Guzmán también apuntó contra la Legislatura, alegando que “no entiendo por qué no pidieron el alejamiento de las autoridades del puerto”.
Y fue más allá al marcar que “algunos legisladores saben más de lo que dicen”.
Consideró que “debieron impulsar medidas urgentes como la apertura de sumarios y denuncias penales”.
Un recurso estratégico en riesgo
Para dimensionar la gravedad, citó a técnicos del propio sistema portuario, señalando que
“quien tenga el puerto va a tener el manejo de la provincia”.
Explicó que “se trata de un nodo clave, por ahí entra el consumo diario, el desarrollo industrial y el desarrollo antártico”.
Y lanzó una frase que sintetiza su postura al declarar que “nos están robando la provincia”.
“Cronistas del desastre”
Por último, dejó una reflexión que excede el caso puntual al marcar que “somos cronistas del desastre”, dijo, al tiempo que cuestionó el rol del poder político indicando que “parece que tenemos más información nosotros, la prensa, que el propio gobierno”.
Para Guzmán, lo que está en juego no es solo un puerto, sino el modelo de desarrollo y el control de recursos estratégicos en Tierra del Fuego.
Un escenario donde, según advirtió, las decisiones ya no responden al interés público, sino a una lógica que todavía no termina de transparentarse.
