El Gobierno provincial busca rediseñar el esquema de asistencia al GLP, en medio de tensiones fiscales y demandas sociales en sectores sin acceso a la red. En ese contexto, El gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, junto al ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y el viceministro de Economía, Juan Pablo Rullier, mantuvo un encuentro con vecinos del sector Andorra con el objetivo de avanzar en el ordenamiento del sistema de subsidios al gas y abordar situaciones vinculadas al acceso al GLP.
Ushuaia.- En un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas y creciente demanda social, el Gobierno de Tierra del Fuego avanza en la revisión del esquema de subsidios al gas envasado (GLP), con el objetivo de redefinir criterios de acceso y “ordenar” un sistema que hoy presenta tensiones tanto fiscales como distributivas.
La iniciativa fue abordada en un encuentro encabezado por el gobernador Gustavo Melella junto al ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y el viceministro Juan Pablo Rullier, quienes se reunieron con vecinos del Valle de Andorra, uno de los sectores más sensibles en materia de acceso a servicios básicos en Ushuaia.
Subsidios bajo la lupa: entre la necesidad social y la restricción fiscal
Durante la reunión, Melella dejó en claro el eje del debate: “más del 80% del subsidio al gas es financiado por la Provincia”, señaló, planteando la necesidad de revisar un esquema que —según admiten en el Ejecutivo— hoy resulta difícil de sostener en su formato actual.
El planteo no es menor. En una provincia con altos costos energéticos y marcadas desigualdades en el acceso a la red de gas, el subsidio al GLP se convirtió en una herramienta clave para miles de familias. Sin embargo, su carácter generalizado empieza a chocar con las limitaciones presupuestarias y la necesidad de focalizar recursos.
“Queremos que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y no de forma indiscriminada”, afirmó el mandatario, anticipando un proceso de segmentación que podría redefinir el mapa de beneficiarios.
Segmentación, territorio y control social
El Gobierno planteó que la revisión no implicará una quita masiva de subsidios, sino una evaluación “caso por caso”, contemplando variables como ingresos, condiciones habitacionales y posibilidades reales de acceso a la red.
En ese marco, se solicitó a referentes barriales la elaboración de un listado de familias beneficiarias, un mecanismo que introduce un componente de validación territorial y participación comunitaria en la asignación de recursos.
La medida, sin embargo, abre interrogantes políticos: cómo se garantizará la equidad en la selección, qué criterios se aplicarán y qué margen de discrecionalidad tendrá el Estado en un contexto social sensible.
El trasfondo: acceso a la red y deuda estructural
Más allá de la discusión sobre subsidios, el encuentro volvió a poner sobre la mesa un problema de fondo: la falta de acceso a la red de gas en sectores como Andorra. Según reconocieron desde el propio Gobierno, existen familias que, aun teniendo la posibilidad técnica, no pueden afrontar los costos de conexión.
Ante este escenario, el Ejecutivo anticipó que trabaja en herramientas complementarias para facilitar esas obras, en un intento por atacar la raíz del problema y reducir la dependencia del gas envasado.
Invierno, urgencias y gestión
La discusión se da a las puertas del invierno fueguino, cuando el consumo energético se dispara y el acceso al gas deja de ser un tema económico para convertirse en una cuestión de supervivencia.
En ese contexto, la estrategia oficial combina diálogo territorial, revisión de beneficios y búsqueda de mayor eficiencia en el gasto. El desafío político será lograr equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la contención social, en una provincia donde el frío no admite margen de error.
