Madres, padres, abuelas y otros familiares se manifestaron frente al Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2 denunciando demoras y decisiones que afectan la relación con sus hijos y nietos. El reclamo, que ya se repitió en otras oportunidades, pone en debate el acceso a la justicia y la necesidad de garantizar el interés superior de las infancias.
Río Grande. – Un grupo de familias se concentró nuevamente frente al Juzgado de Familia y Minoridad N.º 2 de Río Grande para reclamar por la interrupción de vínculos con niños y niñas, cuestionando directamente a la jueza Marina Montero. La protesta, que se suma a otras realizadas en semanas anteriores, busca visibilizar lo que consideran decisiones arbitrarias y demoras injustificadas en expedientes de revinculación.
Los manifestantes señalaron que existen al menos 25 casos similares en trámite, donde padres, madres y abuelos denuncian que no pueden mantener contacto con sus hijos o nietos. Además, criticaron la disposición de la magistrada que exige contar con abogado para ser atendidos en el juzgado, lo que, según remarcaron, constituye una barrera económica y limita el acceso a la justicia para sectores vulnerables.
No es la primera vez que Montero recibe cuestionamientos públicos. En ocasiones anteriores, familiares afectados realizaron escraches y presentaron denuncias mediáticas, advirtiendo que las medidas adoptadas por el juzgado no contemplan el daño emocional que sufren los menores al perder contacto con sus vínculos afectivos.
El reclamo vuelve a poner en el centro el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación argentina. Este principio establece que toda decisión judicial debe priorizar el bienestar de los menores por encima de los conflictos de los adultos, garantizando su derecho a mantener relaciones familiares significativas, salvo que exista un riesgo comprobado para su integridad.
Las familias remarcaron que el paso del tiempo agrava la situación, ya que cada día sin contacto profundiza el impacto emocional en los niños. “Queremos que se respeten los vínculos y que se den respuestas urgentes”, expresaron durante la protesta, que se desarrolló de manera pacífica frente al edificio judicial.
La reiteración de estas manifestaciones refleja un malestar creciente en Río Grande respecto del funcionamiento del fuero de familia. Más allá de las tensiones entre adultos, el eje central del debate es la obligación del Estado de garantizar que las decisiones judiciales protejan los derechos de las infancias y aseguren su desarrollo integral.
