Por primera vez en tres décadas, una propuesta del Consejo de la Magistratura para cubrir un cargo de juez fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. La Acordada 24/2026, firmada por los jueces María del Carmen Battaini -presidenta-, Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik, dejó en evidencia una tensión institucional inédita: el Consejo de la Magistratura propuso a María Elena Guerrero para el Juzgado de Familia y Minoridad N.º 1 de Ushuaia, pero el Tribunal consideró que carecía de la trayectoria laboral necesaria frente a otras postulantes con antecedentes más sólidos.
Ushuaia. – El voto de Muchnik es el que marca el tono de la resolución. Allí advierte que el Consejo “no estableció un sistema que permita evaluar en cada etapa (antecedentes, examen escrito y entrevista oral) cuál fue la calificación del candidato, que le permitió superar a los restantes postulantes”. Señala que la entrevista ante el cuerpo aparece como “única instancia materialmente evaluadora”, lo que deja un vacío de parámetros objetivos y dificulta al Tribunal justificar la designación.
El magistrado propone avanzar hacia un “fortalecimiento institucional estableciendo parámetros objetivos que reduzcan la zona de conflicto de atribuciones entre ambos organismos y faciliten la labor”, y recomienda implementar “calificación de antecedentes, corrección y puntuación de los exámenes escritos por mesas examinadoras con docentes ad hoc, evaluando exámenes anónimos”, para dar transparencia y reducir discrecionalidad.
En el caso concreto de Guerrero, Muchnik fue categórico: “la sola confrontación de antecedentes, objetivamente valorados, deja a esta última en clara diferencia con las otras dos y a ello se debe adunar la absoluta ausencia de trayectoria laboral afín con el cargo concursado”. Las otras postulantes, María Julia Barceló y María Eugenia Díaz, exhibían mayores niveles de formación y experiencia directamente vinculada al área de familia y minoridad. El juez concluyó que “no se logra obtener una diferencia de criterios que permita eliminar o al menos achicar esa brecha objetiva de antecedentes”, lo que llevó al Tribunal a no avanzar con la designación.
La decisión abre un escenario institucional y político de enorme relevancia. El Superior Tribunal reafirma que el Consejo propone, pero es el Tribunal quien designa, y que esa designación no puede ser automática ni discrecional, sino fundada en un control de legalidad y razonabilidad. El rechazo a Guerrero marca un precedente: por primera vez en 30 años, una persona propuesta y votada por el Consejo fue “bajada” del cargo por falta de trayectoria laboral.
En contraste, el Tribunal sí avanzó con la designación de Lucas Enrique Berber como juez correccional y contravencional de Ushuaia, al considerar que sus antecedentes eran similares a los de la otra postulante y que la propuesta del Consejo contó con unanimidad de votos.
La vacante en el Juzgado de Familia y Minoridad N.º 1 de Ushuaia queda abierta, y el Consejo deberá reformular su propuesta. La lectura institucional es clara: el Superior Tribunal exige reglas transparentes y objetivas para la selección de jueces, y la política provincial deberá tomar nota de que el sistema actual ya no resiste sin reformas. La acordada instala un debate de fondo sobre la idoneidad, la discrecionalidad y la necesidad de fortalecer la confianza pública en el proceso de designación de magistrados.
