El abogado Federico Rauch se refirió al avance de la causa iniciada por más de 7.000 fueguinos contra ocho automotrices por presuntos sobreprecios en la venta de vehículos en Tierra del Fuego.
Río Grande. -En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, Rauch explicó que el expediente ya ingresó en la etapa final de alegatos y quedó en condiciones de recibir sentencia por parte de la jueza federal Mariel Borruto. Además, diferenció este proceso judicial de la antigua multa millonaria aplicada por Defensa de la Competencia y aseguró que las empresas “se apropiaron de beneficios fiscales que debían trasladarse a los consumidores fueguinos”.
En primer término, Rauch aclaró que existe una confusión frecuente entre la multa aplicada años atrás por el Gobierno nacional y el juicio civil actualmente en trámite y detalló que “no es la multa, la multa es un tema que ya está resuelto. Era una multa de 108 millones de dólares que se resolvió a favor de las automotrices en una muy escueta decisión que tomó la Corte. No trató el tema y, por un sistema que se llama certiorari, no aceptó la queja del Gobierno nacional y en consecuencia la multa quedó inactiva, es decir, las automotrices no pagaron nada”, explicó.
En ese sentido, detalló que aquella sanción se había originado en una investigación por presunta cartelización y acuerdos para elevar artificialmente los precios de los vehículos: “El Gobierno consideró que se habían puesto de acuerdo para subir los precios de los vehículos. Lo que hizo fue demostrar que efectivamente los vehículos costaban más de lo que debían costar en Tierra del Fuego y luego le adjudicó una conducta: dijo que eso pasaba porque se habían puesto de acuerdo entre todos para subir los precios”.
Sin embargo, recordó que “un juez de la Cámara Federal dijo que no estaba muy convencido de que hubiera habido efectivamente dolo, es decir intención de ponerse de acuerdo con el fin de subir los precios, y en esas condiciones revocó la aplicación de la multa que le había puesto el Gobierno Nacional, eso paso hace 15 años”.
La demanda de los 7.000 fueguinos
Rauch remarcó que “ahora lo que estamos es en un juicio que se inicia en el año 2015 con estos 7.000 fueguinos, un número representativo importante de la sociedad fueguina, que yo tengo el honor de representar”.
Según explicó, “este juicio tiene como objeto demostrar que efectivamente los precios de los vehículos eran iguales o superiores a los del resto del país, lo cual no tiene ningún sentido debido a que la carga fiscal federal es muy inferior”.
El abogado precisó que, dependiendo del tipo de vehículo y del período analizado, las diferencias impositivas podían alcanzar cifras muy elevadas. “Como mínimo el diferencial era del 30%, pero hubo épocas donde el diferencial llegó al 120%”, aseguró.
A su entender, las terminales automotrices absorbieron esos beneficios fiscales sin trasladarlos al consumidor final y afirmó que “el motivo de este juicio es que le cobraron de más a los compradores de vehículos en Tierra del Fuego. Pagaron más de lo que debían pagar y eso pasó porque se apropiaron precisamente de los beneficios fiscales que le corresponden a esos compradores y no a los vendedores”.
Rauch remarcó que “el juicio tramitó de manera digital y finalmente hemos terminado la etapa de prueba. La jueza convocó a los alegatos, que significan que cada una de las automotrices tiene que evaluar todo lo que se probó y hacer una especie de propuesta de sentencia”.
Asimismo, indicó que “el trabajo cayó sobre mis espaldas y ese trabajo se tradujo en un alegato que tiene aproximadamente 168 páginas. No son 168 páginas de una novelita sencilla, requieren un estudio técnico y jurídico profundo”.
Además, señaló que “el alegato de los fueguinos va a estar disponible en los próximos días en el sitio específico que tienen los demandantes para poder ponerse al tanto de cómo se está desarrollando este juicio”.
“Va a ser una sentencia histórica”
El letrado sostuvo que “va a haber una sentencia histórica porque va a definir nada más y nada menos si efectivamente estas automotrices se apropiaron de beneficios fiscales que no estaban destinados a ellas”.
Asimismo, destacó la especialización de la jueza federal “la doctora Borruto es una especialista, ha escrito sobre la Ley 19.640, de manera que no se puede presuponer una falta de especialización sobre el tema”.
No obstante, advirtió que “esa sentencia seguramente va a ser recurrida a la Cámara Federal y después, sin ninguna duda, si las automotrices no ven satisfechos sus intereses, van a llevar este tema a la Corte Suprema de Justicia”.
“Este es un juicio que no va por la Ley de Defensa de la Competencia, sino que va por la Ley de Defensa del Consumidor. Que dicho sea de paso, se cambió, se mejoró, se agregó, y además hay una enorme cantidad de jurisprudencia ahora, que en esa época no había”, detalló.
El reclamo económico y la segunda etapa del juicio
Consultado sobre el monto de la demanda, Rauch explicó que la causa está dividida en dos grandes etapas. “La primera etapa es declarativa, es decir determinar si efectivamente estas automotrices se apropiaron de los beneficios fiscales. Una vez que esa etapa quede firme viene la ejecución de sentencia”, explicó.
En esa segunda instancia “habrá que determinar para cada caso quién compró, qué vehículo compró y cuándo lo compró. Si alguien pagó 10 pesos por un vehículo cuando debió haber pagado 6, hay que devolverle 4 pesos actualizados al día de la fecha más daños y perjuicios, daño moral y multa”.
Aunque evitó precisar cifras exactas, admitió que “son montos muy, muy importantes porque ha pasado mucho tiempo”.
Rauch aseguró que la situación continúa en la actualidad
Por otro lado, el abogado sostuvo que “nosotros sostenemos que esto sigue ocurriendo en la actualidad. Los autos en Tierra del Fuego cuestan lo mismo que en el resto del país y a veces más”.
Además, remarcó que el vehículo en la provincia constituye una necesidad esencial por las falencias del sistema de transporte público. “El vehículo pasa a ser una herramienta de trabajo, es un bien mucho más necesario que en otros lugares donde sí se dispone de un servicio de transporte multimodal y accesible”, sostuvo.
Finalmente, Rauch pidió prudencia respecto de los plazos judiciales y remarcó “no se puede pretender un estudio en 40 días de un expediente de semejante magnitud. Solamente cuando llegó a la Corte Suprema ya había 55 cuerpos de 200 fojas cada uno”.
“Es un caso sumamente complejo, enorme, con una enorme cantidad de estudio. Puede pasar que haya sentencia mañana o puede demorar más tiempo, pero lo importante es que se haga justicia”, cerró.
