El secretario de Extensión Universitaria de la UTN Regional Tierra del Fuego aseguró que la masiva marcha universitaria realizada este martes en Río Grande y en todo el país refleja el creciente rechazo social al ajuste del gobierno nacional. Cuestionó duramente a Javier Milei por incumplir una ley ratificada por el Congreso y denunció que existe una política deliberada para desfinanciar la universidad pública mientras se favorece “al sector financiero y a la actividad primaria”. Además, advirtió que el modelo económico empuja a la mayoría de los argentinos hacia la precarización laboral y reclamó que la Justicia haga cumplir las cautelares que ordenan actualizar el presupuesto universitario por inflación.
Río Grande.- La nueva marcha universitaria realizada este martes volvió a exponer el creciente nivel de conflicto entre el sistema universitario nacional y el gobierno de Javier Milei. En Río Grande, al igual que en distintos puntos del país, estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales salieron nuevamente a las calles para exigir financiamiento, actualización presupuestaria y el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el Ejecutivo nacional.
En ese contexto, el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tierra del Fuego, Fabio Seleme, realizó un fuerte análisis político sobre el escenario actual y apuntó directamente contra el gobierno nacional, al que acusó de sostener un ataque sistemático no solamente contra las universidades públicas, sino contra todo el entramado estatal y social del país.
“Fue una jornada importante, parece, a nivel nacional y también acá en Río Grande”, comenzó señalando Seleme al referirse a la importante convocatoria que tuvo la movilización.
Sin embargo, rápidamente vinculó el crecimiento de las protestas con lo que definió como un “capricho” del presidente Javier Milei respecto al financiamiento universitario.
“La verdad que sí, y me parece que eso se lo debemos a Milei, que cada vez suma más gente al reclamo”, disparó.
Según explicó, el “conflicto universitario ya dejó de ser solamente un problema presupuestario y pasó a transformarse en una expresión más amplia de rechazo social frente al modelo económico y político impulsado por el gobierno nacional”.
“El Gobierno incumple una ley ratificada por el Congreso”
Seleme cuestionó con dureza la negativa del Ejecutivo nacional a cumplir la ley de financiamiento universitario, incluso después de haber sido ratificada legislativamente y respaldada judicialmente mediante medidas cautelares favorables a las universidades.
“Esto tiene que ver con un capricho que sostiene en el tiempo el Gobierno de no cumplir ni más ni menos que una ley que ha sido ratificada en el Congreso después que la vetó”, afirmó.
El dirigente universitario recordó además que “la Justicia ya se expidió en favor de las universidades tanto en primera instancia como en Cámara”.
“Hay una cautelar en primera instancia y en la Cámara favorable a las universidades”, remarcó.
En ese marco, sostuvo que “el nivel de adhesión que tuvieron las movilizaciones universitarias refleja que distintos sectores de la sociedad comenzaron a interpretar que el conflicto excede ampliamente el ámbito educativo”.
“Por la adhesión que se ve que se está logrando, también es una muestra de cómo distintos sectores sienten la importancia de defender la educación”, indicó.
“El ataque a la universidad está en línea con el ataque a la industria”
Uno de los tramos más duros de las declaraciones de Seleme llegó cuando vinculó el ajuste universitario con una estrategia política más amplia del gobierno nacional contra todo aquello que pertenezca al ámbito público.
“El proyecto de Milei no es solamente contra la universidad”, sostuvo, al tiempo que profundizó señalando que “el ataque a la universidad está en línea con el ataque a la industria, con el ataque a los discapacitados, a los jubilados, a todo lo que sea de orden público, incluso la infraestructura pública”.
Para el secretario de Extensión Universitaria de la UTN, el gobierno nacional impulsa deliberadamente un “proceso de destrucción del Estado y de las políticas públicas para beneficiar únicamente a determinados sectores económicos concentrados”.
“Me parece que hay un Gobierno que solo quiere romper lo público y favorecer al sector financiero, y nada más”, afirmó.
Incluso consideró que “el modelo económico actual está pensado solamente para beneficiar a una minoría vinculada al poder económico y a las actividades extractivas”.
“Y la actividad primaria, en algún caso. Pero no mucho más que eso. Es un país para muy pocos”, sentenció.
“Para la mayoría queda la precarización”
Seleme también trazó un fuerte diagnóstico social sobre el impacto que podría tener este modelo económico en el mercado laboral argentino y advirtió sobre un escenario de creciente precarización.
“Para la mayoría la desocupación va a ser Uber, va a ser Rappi, alguna cosa de esas”, expresó con preocupación.
Las declaraciones reflejan una visión crítica sobre el deterioro del empleo formal, la pérdida de derechos laborales y el debilitamiento del sistema educativo como herramienta de movilidad social ascendente.
Para el dirigente universitario, el desfinanciamiento de las universidades públicas no puede analizarse aisladamente, sino como parte de un proceso más amplio de transformación económica y social.
El reclamo a la Justicia
En el tramo final de la entrevista, Seleme sostuvo que uno de los principales objetivos de las movilizaciones es que la Justicia avance finalmente en la ejecución de las cautelares ya dictadas a favor de las universidades nacionales.
“Lo que nosotros esperamos es que la Justicia cumpla con el rol que tiene que cumplir”, afirmó.
Y detalló cuál es el reclamo concreto de las universidades públicas: “Que se ejecuten las cautelares que tiene a favor la universidad para nada más y nada menos que cumplir la ley”.
El dirigente recordó que el reclamo presupuestario apunta a actualizar los recursos universitarios congelados desde el año 2023 y adecuarlos al actual contexto inflacionario.
“Lo que pedimos es actualizar el presupuesto 2023 al día de hoy por inflación”, concluyó.
Mientras tanto, las universidades nacionales continúan profundizando las medidas de visibilización y las movilizaciones en distintos puntos del país, en medio de un conflicto que lejos de descomprimirse parece escalar semana tras semana y sumar cada vez más sectores sociales al reclamo.
